Liberan a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda: ¿Por qué el PJ revocó sus detenciones preliminares?

El Poder Judicial revocó este viernes por la noche la detención preliminar de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros tres investigados del Caso Los Waykis en la Sombra. En consecuencia, se ordenó su libertad, que estaba restringida desde el viernes 10 de mayo, cuando fueron detenidos por la policía y la fiscalía en el operativo Valkiria-Jericó.

La detención del hermano y el abogado de la presidenta Dina Boluarte y de otros seis investigados había sido autorizada por una resolución de primera instancia del juez Richard Concepción Carhuancho, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE). El pedido fue hecho por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que los investiga preliminarmente por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

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Luego de la detención, Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda apelaron. Lo mismo hicieron los investigados Jorge Ortiz, Noriel Chingay y Jorge Chingay (quien se mantuvo no habido y no llegó a ser detenido). Otros tres investigados, Víctor Merino, Zenovia Herrera y Edwin Ugarte, no apelaron la resolución y seguirán cumpliendo la orden de detención de 10 días, que se vence el lunes 20 de mayo.

El caso fue elevado a la Quinta Sala de Apelaciones de la CSNJPE, que integran los jueces superiores Sonia Torres (presidenta), Johnny Contreras Cuzcano y Javier Sologuren Anchante. La audiencia para discutir y resolver la apelación fue este viernes, en el séptimo día de detención.

Luego de escuchar los argumentos de la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Eficcop; de los abogados de los investigados y de los detenidos, la sala de apelaciones emitió su resolución.

La decisión no abordó el fondo del caso, más allá de establecer que había evidencia a nivel de una sospecha inicial. Más bien, se centró en analizar lo que había resuelto el juez de primera instancia y si este había justificado adecuadamente la existencia de riesgo de fuga y riesgo de obstaculización de los investigados. Ambos aspectos, conocidos en conjunto como riesgo procesal, son necesarios para dictar una detención preliminar.

Ese fue el punto de la resolución que las defensas se habían centrado en cuestionar. Y en esa línea, los jueces concluyeron que el magistrado de primera instancia no cumplió con justificar ambos aspectos. En el caso particular de Nicanor Boluarte, consideraron que su sola presunta pertenencia a una presunta organización criminal no podía determinar que tenga riesgo de fuga.

Señalaron que el juez justificó una supuesta falta de arraigo económico con un dato errado. También consideraron que el presunto ofrecimiento hecho por Mateo Castañeda a dos coroneles de la PNP para interceder a favor del hermano de la presidenta está bajo investigación y no puede justificar el riesgo de obstaculización.

Lo mismo se extendió para Mateo Castañeda y el resto de apelantes. Se resolvió que no se hizo “un desarrollo individualizado” de sus riegos procesales. Incluso advirtieron que el juez copió “argumentos medulares sobre el peligro procesal coincidentemente con los demás investigados”. “No es necesaria la medida de detención preliminar, menos aún el estado de incomunicación de los investigados”, leyó la jueza Torres.

La decisión es de segunda instancia, por lo que no puede ser apelada. Por otro lado, la liberación de los detenidos no implica que el caso no seguirá siendo investigado.

En la audiencia, Marita Barreto dijo que, con la evidencia recogida tras las detenciones de los investigados, la tesis fiscal había sido “sólidamente corroborada y seguramente el fiscal del caso lo plasmará en la formalización de la investigación”. En este tipo de casos, la formalización de una investigación suele venir de la mano con pedidos de prisión preventiva. La decisión respecto de una solicitud de ese tipo se conocerá en los próximos días.

Más temprano, dentro de la misma audiencia, la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el Poder (Eficcop), había pedido a la sala que confirme la detención preliminar de los investigados. Adicionalmente, solicitó que se amplíe el plazo de la detención de 10 a 15 días.

La fiscal alegó que el pedido original fue que la detención sea por 15 días y que el juez ordenó 10 días por un “error material”. Indicó que los días adicionales eran necesarios para culminar con las diligencias que involucran a los siete detenidos (tres de ello no apelaron y un investigado adicional está prófugo).

En esa línea, Marita Barreto acusó a uno de los investigados, el abogado Mateo Castañeda, de haber cometido “graves actos de obstrucción” dentro de su detención preliminar, que resultaron ser “una serie de obstáculos” para las diligencias.

“So pretexto de garantizar su derecho a la defensa, ha intentado obstruir diversas diligencias”, afirmó. Entre estas actuaciones, señaló que se negó a pasar por una examen de medicina legal a pesar de que el juez del caso lo había ordenado y las cartas que ha publicado a través de redes sociales con ayuda de su abogado.

El Eficcop atribuye a Mateo Castañeda, quien es abogado de la presidenta Dina Boluarte, haber ofrecido a los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano favorecimientos en sus carreras policiales a cambio de interceder para que la fiscalía archive el caso del hermano de la mandatario o lo derive a una fiscalía anticorrupción común.

Harvey Colchado y Walter Lozano formaban parte del equipo especial de la Policía de apoyo al Eficcop. El grupo policial especializado fue disuelto por el gobierno de Dina Boluarte el pasado 9 de mayo, el día previo a la detención de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda.

Actuando como “agentes encubiertos” autorizados por el Eficcop, ambos coroneles aceptaron reunirse con Mateo Castañeda y luego informaron sobre los supuestos ofrecimientos. Sus reportes fueron tomados en cuenta luego por el juez Richard Concepción Carhuancho para dictar la detención preliminar por este caso.

Para la fiscal Marita Barreto, la participación de Mateo Castañedo no respondió a “una provocación” de los coroneles, como alega el investigado, sino “una participación activa” que mostró su interés de “llegar al Eficcop” para lograr sus objetivos

La fiscal superior señaló si bien el investigado no era abogado de Nicanor Boluarte, sí lo era de la presidenta y podía invocar sus influencias ante ella para ofrecer los beneficios a los “agentes encubiertos”. Así, pidió que se confirme su detención.

Por su parte, el defensor legal de Mateo Castañeda, Eduardo Barriga, se centró en criticar la detención preliminar, atribuyéndolo a un copia y pega del pedido fiscal, y alegando que no existía justificación. Dijo que su cliente es un abogado conocido y con trabajo conocido, por lo que no pensaba en fugar.

Además, señaló que la investigación que le seguía el Eficcop era secreta. Como tal, al no saber que existía, no había riesgo de que la obstaculice. Por ello, pidió que se revoque la detención preliminar y se disponga su libertad.

El propio Mateo Castañeda también tomó la palabra. Negó pertenecer a una organización criminal. Aseguró que la única organización a la que pertenece es el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y que nunca ha recibido sanciones, no tiene antecedentes penales, judiciales ni penales y que ni siquiera ha recibido “una papeleta por infracción de tránsito”.

Entre lágrimas, Castañeda dijo que al único supuesto integrantes de la organización criminal que conoce es a Nicanor Boluarte por motivos profesiones. Además, habló de “revanchas” y criticó que la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) participe en las diligencias cuando se le imputa haber buscado su “desactivación”.

Sin embargo, la imputación de la fiscalía es haber intentado perjudicar al equipo especial de apoyo al Eficcop, no a la Diviac en sí. Ese equipo policial, ya desactivado por el gobierno de Dina Boluarte, estaba conformado por algunos agentes de la Diviac y otros de la Dirandro.

A su turno, el defensor de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, también negó que exista un riesgo de fuga o de obstaculización que justifique la detención preliminar. Dijo que se le atribuyen acciones que habría realizado otro investigado, Mateo Castañeda, en relación con los supuesto ofrecimientos a los coronoles de la PNP para favorecerlo.

“Puede ser que haya elementos que justifiquen una investigación, en los términos que correspondan, pero no hay un peligro procesal que justifique la privación de la libertad de mi patrocinado”, afirmó.

Cuando le tocó hablar antes los jueces de la sala, Nicanor Boluarte también negó se parte de una red criminal. “No represento a una organización criminal. El tiempo y el proceso se encargarán de poner las cosas en su lugar”, afirmó.

Nicanor Boluarte también criticó que fiscalía allanara hasta la vivienda de sus padres en Apurímac, que no visita hace años. Sin embargo, esto fue negado luego por la fiscal Marita Barreto, quien afirmó que no se intervino ese inmueble.

La fiscal dijo que fue Nicanor Boluarte, a través del abogado de Dina Boluarte, quien promovió la posibilidad de que la fiscalía que lo investiga archive su caso a través de “promesas ilegales” hechas a los agentes especiales.

Además, dijo que las diligencias que sí se pudieron realizar desde la detención preliminar han corroborado la tesis de investigación del Eficcop, con la cual se justificó la detención preliminar.

“La tesis de la fiscalía ha sido sólidamente corroborada y seguramente el fiscal del caso lo plasmará en la formalización de la investigación” afirmó Marita Barreto.

Los investigados Jorge Ortiz, Noriel Chingay, Jorge Chingay (que está prófugo) también habían pedido que se revoquen sus órdenes de detención preliminar. Las defensas de los cinco investigados también se opusieron al pedido de la fiscalía que el plazo de la detención se amplíe por cinco días más.