¿Quién es María Caruajulca: la procuradora general del Estado destituida y ahora repuesta en el cargo?

El Comercio publicó este informe el 15 de mayo, tras la primera resolución judicial que ordenó la reincorporación de María Caruajulca a la Procuraduría General del Estado. Y es actualizada este 24 de mayo, cuando el Gobierno publicó la norma que dispone su reingreso a la institución.

La Procuraduría General del Estado (PGE) atraviesa nuevamente por un cambio de titular. Ello luego de que el Poder Judicial (PJ) ordenara la reposición de la abogada María Aurora Caruajulca Quispe al frente del organismo jurídico. La magistrada había sido nombrada y luego destituida en la gestión del ahora expresidente Pedro Castillo y presentó una demanda de amparo para revocar dicha decisión.

Cuando se conoció la resolución hace 9 días, Caruajulca dijo a El Comercio que correspondía al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, obedecer la disposición y reintegrarla en el puesto de procuradora general del Estado, que actualmente ocupa Javier Pacheco, tras la salida de Daniel Soria.

“Todos sabemos que los mandatos judiciales se cumplen, caso contrario hay responsabilidades administrativas, incluso penales, esperamos que se evalúe debidamente y se cumpla el mandato judicial como corresponde conforme a ley”, añadió.

Además, descartó que haya casos que se vean afectados con su llegada a la PGE. “Soy una persona que tiene 18 años de experiencia como procuradora y siempre he sido cuidadosa de cumplir con todas mis labores [...] Tengo la imagen de ser una persona correcta y apegada a las leyes, eso me ha permitido estar en gestión pública sin ninguna denuncia de corrupción”, dijo.

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Caruajulca es una abogada titulada en 1994 y no registra algún diploma de postgrado, según la Sunedu. Antes de ser procuradora general, se desempeñó como procuradora pública en las municipalidades distritales de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Comas y La Victoria.

Fue designada a fines de febrero del 2022, en reemplazo de Daniel Soria, con una resolución firmada por el entonces mandatario Pedro Castillo y el exministro de Justicia Ángel Yldefonso. A los pocos meses fue removida del cargo luego que un informe de la Contraloría General de la República advirtiera que había sido designada en el puesto a pesar de que no presentó una declaración jurada de que no tenía procesos en su contra.

La resolución suprema en la que se hace oficial su remoción solo consigna que se da por concluida la designación de Caruajulca Quispe “por pérdida de confianza” y se le brinda “las gracias por los servicios prestados”. En su lugar fue nombrado Javier Wilfredo León Mancisidor.

Durante los meses que estuvo fuera de la PGE, Caruajulca se desempeñó como asesora II del Despacho de la Alcaldía de la Municipalidad de San Martín de Porres. Así se observa en la resolución municipal número 128, de fecha 29 de marzo del 2023, a la que tuvo acceso El Comercio.

Su gestión como titular de la PGE no estuvo exenta de cuestionamientos. En junio del 2022, este Diario dio a conocer que fuentes del organismo señalaban que las “decisiones y actitudes internas” de la abogada “podrían debilitar” a la institución que tiene como deber regular, supervisar, orientar, articular y dictar lineamientos para la adecuada defensa de los intereses.

Caruajulca, por ejemplo, buscó destituir al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, David Ortiz, luego de que este, el 6 de junio del 2022, señalara a “Perú 21″ que se opuso a una conciliación planteada en noviembre del 2021 por un consorcio encargado de una obra en Puno, en la que habrían tenido interés el empresario Zamir Villaverde y el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva. El abogado del Estado también había tomado acciones respecto del Caso Puente Tarata, hecho de corrupción que involucra a Castillo.

Debido a ello, en el entorno de Ortiz se atribuyó a una represalia política el hecho de que dicho procurador sea evaluado en su cargo, el cual desempeña desde el 2019. Así lo dio a conocer este Diario en aquel entonces.

Asimismo, fue cuestionada por guardar silencio y no hacerle ninguna pregunta al expresidente Castillo el 17 de junio del 2022 durante el interrogatorio fiscal al que fue sometido por el Caso Puente Tarata.

Según un documento revelado por Panorama, Caruajulca enfrenta un proceso administrativo sancionador en su contra que data de julio 2021 en la propia PGE. Se trata de una queja contra ella por inacción cuando era procuradora de San Juan de Lurigancho frente a una denuncia de un presunto tráfico de terrenos. Pese a las citaciones de la policía para esclarecer la denuncia contra los supuestos traficantes nunca asistió.

El mismo canal de televisión dio a conocer en julio del 2022 que Caruajulca- en su calidad de procuradora general del Estado- ayudó al exministro de Justicia Ángel Yldefonso, quien la nombró- rebajándole una sanción de suspensión por 3 meses por una simple amonestación escrita.

Caruajulca también tiene un pasado político. De acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas, fue dirigente en el 2010 del partido San Martín, Sí Se Puede, que no logró su adhesión al ente electoral.

Previamente, en el 2007, el Partido Popular Cristiano (PPC) la incluyó como miembro de su padrón de afiliados, pero su registro no procedió porque ya se había registrado como integrante de otra agrupación política: Todos por el Perú, en la que militó desde 2006 hasta el 2014, cuando presentó su renuncia.

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Fuentes de la procuraduría expresaron su preocupación por la reincorporación de Carajulca. Señalaron que el organismo está a la expectativa del pronunciamiento del Ministerio de Justicia.

“El Minjus es quien debería emitir un pronunciamiento sobre la decisión del PJ, en este caso el procurador Pacheco sería también afectado por esta decisión, por eso corresponde que el ministerio se pronuncie, esperamos que lo haga en las próximas horas o al menos antes de cumplirse el plazo que indica el documento”, señaló otra fuente a El Comercio.

En tanto, Pacheco no hizo mayores comentarios. “Es una resolución emitida por el PJ notificada al Ejecutivo y al Minjus. Es todo lo que puedo decir”, expresó.

De acuerdo con el registro de visitas de la PGE, la mañana de este martes 14 de mayo, Pacheco se reunió con Erick Villaverde Sotelo, procurador del Minjus.

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En diálogo con este Diario, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado señaló que la decisión del Poder Judicial “contribuye al desorden” institucional. “Soria va al Poder Judicial, le dan la medida cautelar, Caruajulca va y lo mismo. Pacheco irá y seguro le darán la razón”, expresó.

Además, indicó que Caruajulca “no reúne el perfil” para el cargo, empezando por “su autonomía, independencia, idoneidad, imparcialidad y ética”. “Es una persona que sirvió al gobierno de Castillo”, subrayó.

El exprocurador advirtió que hay “un peligro mayor”, si la decisión se implementa, debido a que es posible que “siga las órdenes” del Poder Ejecutivo. “No peligran solo los casos que tienen que ver con la gestión de Pedro Castillo, peligra todo: el despacho de la PGE y el Estado. Es una amenaza a todo lo que la procuraduría pudo haber avanzado”, opinó.