La fijación de una remuneración diaria básica, por parte del Congreso, ha desatado la oposición de especialistas y empresarios.
La fijación de una remuneración diaria básica, por parte del Congreso, ha desatado la oposición de especialistas y empresarios.
Élida Vega Córdova
Élida Vega Córdova

Después que en el Congreso, la comisión multipartidaria encargada de la elaboración de la nueva aprobara el proyecto que pretende imponer una remuneración integral diaria para los trabajadores agrarios de S/58,77, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) no ha tardado en alzar su voz para advertir que dicha decisión haría inviable las operaciones de las empresas.

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Según el nuevo marco legal aprobado, la nueva remuneración básica agraria será igual a un sueldo mínimo –fijado hoy en día en S/930– más una bonificación de 25% por tiempo de traslado al centro de trabajo. A ello, se le deberá añadir el cálculo de las CTS (9,72%) y las gratificaciones (16,66%), lo que termina por fijar un jornal diario de S/ 58,77.

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Tal como lo había advertido en pleno debate del proyecto de ley, este nuevo cálculo representa un incremento de 50% con relación al jornal diario anterior que ascendía a S/39,19. Por esa razón, la AGAP ha vuelto a rechazar las pretensiones del Legislativo.

Pero, no son los únicos que se muestran en desacuerdo con establecer un salario básico para el sector agrario. Según el economista Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, debido a que ya existe una remuneración mínima que es aplicable para todas las actividades económicas, “no se justifica la fijación de una [remuneración] diferente para el sector agrario”.

Asegura que de encontrar luz verde en el Pleno, “se distorsionaría la decisión de inversión de las empresas y, con ello, se vería afectada la demanda de empleo formal. Ambos lados se perjudicarían”, añade.

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De la misma opinión es el laboralista Jorge Toyama. Para el socio del Estudio Vinatea & Toyama “imponer un mínimo agrario es de mucho cuidado y no guarda lógica porque debería apuntarse hacia una decisión que involucre a todas las actividades económicas, ¿por qué razón solo con una?”, se pregunta.

PRODUCTIVIDAD Y FISCALIZACIÓN

Frente a esa disyuntiva, Marcel Ramírez asegura que no se puede olvidar que las remuneraciones guardan estrecha relación con la productividad de los trabajadores, por lo que no se puede imponer mejoras salariales por decreto sino por la acción conjunta de mejoras de productividad y de mejor control de la autoridad laboral.

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“La productividad requiere de compromisos de empleadores para fortalecer la capacitación y entrenamiento de sus trabajadores así como otorgarles mejoras adicionales en condiciones de trabajo”, afirma.

Adicionalmente, Ramírez considera que debido a que ya existe una remuneración mínima vital (RMV) establecida por ley, es responsabilidad de la Sunafil asegurar que se esté cumpliendo con dicha obligación.

ALZA PARA TODOS

Sobre la necesidad de analizar un incremento de la RMV vigente, Jorge Toyama sugiere que el próximo año las autoridades deberían evaluar la posibilidad de tomar una decisión al respecto.

“Ni bien acabe la emergencia sanitaria, cuando nos empecemos a vacunar, podría ser una alternativa. Si el Gobierno lo anuncia desde ahora, sería bueno porque vamos dos años sin aumento del mínimo vital y normalmente cada dos años, como máximo, se subía”, señala tras asegurar que el incremento podría evaluarse para el segundo o tercer trimestre del 2021.

MEDIDAS ADICIONALES

Adelantándose a las posibles observaciones que podría hacer el Ejecutivo al proyecto aprobado, Marcel Ramírez considera que lo más saludable es que la autoridad laboral garantice el cumplimiento de las condiciones que establece la ley, que se reduzca progresivamente la tasa reducida del Impuesto a la Renta y que se prohíba el empleo de mecanismos de tercerización del empleo.

Mientras que por el lado de la agricultura orientada al mercado doméstico, recomienda un acompañamiento de parte del Estado que le asegure mejoras de productividad, acceso a tecnificación y semillas y métodos mejorados. “La baja productividad repercute en la alta informalidad y la gran dispersión de pequeños minifundistas dificulta su gestión y control. El Estado debe diseñar estrategias que conlleven a una mayor conexión entre este agro y el agro moderno y exportador”, señala.

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