Consejo Fiscal: Decisión sobre continuidad de Oliva ha sido tomada como una mala señal, según expertos

La decisión de la presidenta Dina Boluarte de no aprobar la continuidad del economista Carlos Oliva Neyra en el Consejo Fiscal ha sido tomada como una mala señal de parte del Gobierno. Según afirmó el actual ministro de Economía, José Arista, esto responde a “una renovación natural” dentro del Consejo. Sin embargo los economistas y expertos consultados por este Diario consideran que la situación es cuando menos preocupante en momentos en los que existe una alta preocupación sobre la recuperación de los ingresos y polémicas decisiones de endeudamiento.

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“Carlos Oliva ha ayudado al fortalecimiento de esta institución que poco a poco se ha ido consolidado como un importante referente. Eso ha caracterizado a las opiniones que ha sacado este consejo que él preside”, sostiene el economista jefe del BBVA Research, Hugo Perea.

Como se recuerda, bajo la presidencia de Oliva, el Consejo Fiscal está integrado por los economistas Waldo Mendoza, Alonso Segura, Carolina Trivelli y José Vicente Valderrama. El periodo de Oliva como miembro del Consejo Fiscal concluyó en diciembre último y, según pudo conocer este Diario, la propuesta de renovar su periodo fue en su momento aceptada por Alex Contreras, pero no se continuó con el procedimiento. El actual ministro del MEF, José Arista, retomó el proceso y envió la propuesta de renovación a la presidenta Boluarte.

Para Perea, el tener una voz de contrapeso como la del Consejo Fiscal -en plena facultad de su independencia y con rigor técnico- fortalece el compromiso del Gobierno con una política fiscal prudente. Es, de hecho, una que se repite en otros países del mundo. “Por eso me llama la atención que haya sucedido esto luego de señalar algunas cosas que no estaban funcionando bien y que eran de preocupación del fisco”, recalcó.

Entre las recientes advertencias realizadas y que se enmarcan en el ámbito fiscal, Carlos Oliva había advertido sobre los riesgos de sobreendeudamiento que podría significar el plan de la Municipalidad de Lima para emitir bonos por hasta S/4.000 millones. Las declaraciones dieron paso una respuesta del alcalde Rafael López Aliaga.

Para Perea, la advertencia realizada sobre el plan de la Municipalidad de Lima es legítima. “La opinión es compartida por muchos técnicos. Lo que ocurre con la Municipalidad de Lima es algo que debe preocuparnos a todos y al fisco. Con un sobreendeudamiento que lleve a un incumplimiento, en el futuro puede llevar a la necesidad de un rescate de parte del Gobierno Central. Sí es importante lo que se ha venido tratando de defender. La ciudadanía tiene derecho a saber estas advertencias”, aseveró.

Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, coincide en dicha visión. “La presidenta está en su prerrogativa de hacerlo, pero es el contexto actual el que le da un sinsabor a la forma en que se está haciendo. No se ha cumplido la meta fiscal el año pasado y este año estamos con un déficit anualizado de 3,3% del PBI. La figura de no renovarle a quien ejerce su función de supervisor de la sostenibilidad fiscal resulta preocupante”, afirma.

Gallardo refiere que si el contexto fuera distinto -de un sostenido cumplimiento de la regla fiscal-, el argumento de una renovación natural del Consejo Fiscal no hubiera significado mayor problema.

“Hoy es donde más se necesita a alguien que pueda ser crítico. El Informe de Actualización de las Proyecciones Macroeconómicas va a salir antes del 30 y seguramente veremos un sinceramiento de hacia dónde va a apuntar el déficit. Me parece que es donde más se necesita que alguien sea vocal”, advierte.

Según la norma, tras la negativa de la presidenta sobre la continuidad de Carlos Oliva, los miembros del Consejo Fiscal deberán preparar una nueva terna de candidatos que sugerirán al Ministerio de Economía. Éste deberá elegir a uno de los candidatos y, nuevamente, deberá ser evaluado por la presidenta Boluarte. Este Diario pudo conocer que el Consejo Fiscal sesionará hoy viernes, discutirá la situación y empezará a elaborar una nueva terna.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señala en su reciente publicación en X que los miembros del Consejo Fiscal reciben dietas de S/20.000 por sesión. ¿Ello es correcto? El Comercio pudo corroborar que dicha afirmación es falsa.

El marco legal del Consejo Fiscal sostiene que los miembros reciben una dieta de S/1.500 por su participación en las sesiones. “Los miembros del Consejo Fiscal perciben como máximo dos (02) dietas al mes, aun cuando asistan a un número mayor de sesiones”, se lee en uno de los artículos.

Para Hugo Perea, este hecho no debería tener un impacto significativo sobre confianza empresarial. No obstante, recalca que sí ha motivado la preocupación de gremios empresariales.

“Esperaría que no tenga un impacto significativo, pero sí hubieron declaraciones de gremios mostrando su extrañeza. Se presta a la suspicacia. Tienes un Consejo Fiscal que cumple bien su trabajo señalando los riesgos; y si bien tiene el Ejecutivo tiene la prerrogativa de renovarlo o no, el no hacerlo con una persona que ha fortalecido el Consejo Fiscal se presta a la suspicacia y abona a la incertidumbre. Esperemos que no tenga un correlato mayor”, dijo.

En un comunicado, la Cámara de Comercio de Lima expresó que Oliva es reconocido como uno de los mejores economistas del país, y que el Consejo Fiscal “ha resguardado la estabilidad fiscal y ha servido de contrapeso ante eventuales decisiones riesgosas” para la economía nacional. “La sensatez del Consejo Fiscal ha sido un factor que ha contribuido al clima de negocios y la captación de las inversiones necesarias para el Perú”, indicó el gremio.

“La CCL espera que el MEF tome las mejores decisiones por la estabilidad y la generación de confianza, en un momento en el que todos los actores estamos trabajando por la reactivación económica”, agregó.

Carlos Gallardo coincide en que no habrá un impacto sobre confianza, lo cual no minimiza lo sucedido. “El problema de no ser tan estrictos o disciplinados en lo fiscal es que eso se traduce en un ajuste de la calificación de parte de las evaluadoras. Ese sería un mecanismo de transmisión para que el empresario se preocupe por la situación futura por un relajamiento de la disciplina fiscal. Pero todo eso dependería de a quién se designe”, afirmó.

Cabe mencionar que, minutos antes del cierre de esta nota, S&P Global Ratings anunció una rebaja en la calificación crediticia para Perú. Se advierte que “un congreso fragmentado y el limitado capital político del Gobierno pesan sobre la confianza de los inversionistas del sector privado y suponen un costo de oportunidad para el crecimiento, lo que limita la capacidad de Perú para reconstruir espacio fiscal”.