El abastecimiento del jirón Pedro Valle en la zona Cercado de Villa María del Triunfo.
El abastecimiento del jirón Pedro Valle en la zona Cercado de Villa María del Triunfo.

Los cortes en el suministro de agua potable en diversos distritos de Lima y Callao han puesto nuevamente los reflectores sobre el nivel del servicio que brindan Sedapal y el resto de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) que operan en el ámbito nacional. Pese a los esfuerzos por revertir su deficiente desempeño, estas empresas públicas se caracterizan por exhibir grandes ineficiencias que no solo limitan el acceso a un servicio de agua y saneamiento de calidad a millones de usuarios, sino que afectan en mayor medida a los más vulnerables. Las experiencias exitosas en otros países de la región ilustran la necesidad de fortalecer la institucionalidad y gestión de las EPS e impulsar la participación del sector privado en la provisión de agua y desagüe para llegar a aquellas familias que aún carecen de estos servicios básicos.

Desafíos en Sedapal

Un ejemplo de los desafíos que enfrenta Sedapal se encuentra en el limitado avance que ha registrado la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en Lima Metropolitana y Callao. En efecto, durante los últimos 12 años, el porcentaje de hogares con acceso a agua y desagüe en la capital se ha mantenido estancado alrededor de 90%, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Así, en el 2022, más de 1,2 millones de personas no accedieron a estos servicios en la capital.

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Además, las brechas entre distritos y en el interior de estos son amplias. Por un lado, según el último Censo de Población y Vivienda 2017, 15 de los 50 distritos de Lima y Callao tienen una cobertura de agua y desagüe menor al 80%. Más aún, en distritos como Pucusana, Ancón, Cieneguilla y Pachacámac, menos de la mitad de las viviendas accede a estos servicios. Por otro, incluso dentro de los que tienen una conexión a la red pública de agua existen diferencias notables en la calidad del servicio. Por ejemplo, si bien en San Juan de Lurigancho más del 80% de viviendas tiene acceso a agua y desagüe, el 29% de estas no cuentan con agua potable los siete días de la semana, principalmente en las zonas que concentran una mayor cantidad de la población tales como en el norte del distrito.

Las deficiencias en la gestión de las EPS acentúan también las desigualdades en el acceso a servicios básicos al imponer mayores costos a los más vulnerables. Según cifras de la Enaho 2022, el 10% de familias más pobres en el ámbito urbano destinaron casi cuatro veces más de su presupuesto para el consumo de agua potable que el 10% de hogares con mayores recursos.

EPS insostenibles

Las brechas de agua y saneamiento son inclusive más severas a escala regional, donde las EPS administradas por los gobiernos locales son las encargadas de atender estas necesidades de la población. Sin embargo, pese a los esfuerzos por mejorar su funcionamiento, la gestión de las EPS fuera de Lima Metropolitana sigue caracterizándose por ineficiencias operativas que limitan su capacidad financiera para ejecutar inversiones que aseguren la cobertura total y un nivel adecuado en la prestación de servicio.

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De acuerdo con cifras al 2022 de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, los porcentajes de agua no facturada que registran las EPS en el interior del país pueden llegar a superar el 60%, lo cual refleja el escaso mantenimiento de sus redes y limita su sostenibilidad financiera. Un caso ilustrativo es el de la EPS Grau en Piura, donde alrededor del 59% del agua que produce no se factura, por lo que se encuentra financieramente quebrada. Este tipo de situaciones provoca recurrentes episodios de interrupción del servicio tales como el que ha experimentado una gran parte de la población del distrito Castilla, que acumula cerca de 30 días sin acceso a agua potable.

Sin la facturación del agua que producen, las operaciones de las EPS se vuelven insostenibles. De las 50 EPS que operan en el país, 32 registran márgenes operativos negativos, lo cual dificulta que se destinen recursos a obras para mejorar la cobertura y calidad de su servicio. De acuerdo con cálculos del IPE, a partir de costos del Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, se requieren más de S/40.000 millones para atender a las más de 13 millones de personas que carecen de acceso a agua o desagüe.

Acceso y cobertura del agua potable. (Infografía: GEC)
Acceso y cobertura del agua potable. (Infografía: GEC)

Alternativas de solución

La insuficiente provisión de los servicios de las EPS en el Perú responde principalmente a una débil institucionalidad y deficiente gestión. Así, por ejemplo, Sedapal ha sufrido una alta rotación de funcionarios de cargo directivo que perjudican la continuidad de las políticas de la empresa: 10 gerentes generales en solo siete años, entre el 2017 y 2023. En comparación con operadores de agua y saneamiento de otros países de la región, incluso los operadores públicos muestran mejores resultados.

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Así, en comparación con otros países, Sedapal presenta los menores niveles de cobertura de agua potable (93,2%) y duración del abastecimiento (21,5 horas al día). Las diferencias son mayores en particular con Aguas Andinas, la operadora privada más grande en Chile, que registra una cobertura de 100% y brinda el servicio de agua las 24 horas al día en Santiago. Es de esperar que ese tipo de experiencias, entre otras, sirva al Perú de guía para mejorar la provisión de agua y saneamiento impulsando la participación de operadores privados.

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