(Foto: TVPerú/Essalud).
(Foto: TVPerú/Essalud).
Federico Salazar

El hace todos los esfuerzos posibles por ganar ilegitimidad. No se trata solo de Fuerza Popular, el grupo mayoritario. Otros se suman a esta carrera por la desaprobación.

El proyecto de ley sobre la compensación por tiempo de servicios (CTS) en ha sido aprobado por 81 votos. Hay 81 congresistas que creen que lo que han hecho es una ley, y más aun, creen que es una buena “ley”.

Dar un beneficio particular a un grupo particular, por más loable que sea la pretensión, no es una ley. Una ley es una norma general, para que todos sepamos cómo actuar.

Hay varios regímenes laborales. Esta “ley” del Congreso establece un nuevo criterio para calcular la CTS del régimen laboral del Decreto Legislativo 276 (y su modificatoria, Ley 25224).

El nuevo criterio cambia la forma de sumar el tiempo de servicios de este grupo de trabajadores. Esta “ley” manda incluir los bonos de productividad en ese cálculo.

Esta norma quiebra el principio básico de ley igual para todos. No decimos que esos trabajadores no merezcan mejores compensaciones. Sostenemos que eso no se puede hacer a través de una “ley”.

El desarreglo de regímenes laborales y sus beneficios diferenciados no puede arreglarse con úcases en favor de segmentos particulares. Las leyes no son balas de un héroe justiciero.

Esta mayoría congresal no comparte el sentido común. Con el proyecto de ley 135, aprobó su disposición complementaria final.

Esta disposición manda ejecutar la medida “de forma progresiva, conforme al presupuesto de Essalud, sin demandar recursos al tesoro público y sin afectar los gastos en infraestructura, medicinas y bienes y servicios necesarios para la prestación de los servicios de salud, respetando las disposiciones legales presupuestales”.

Si fuera conforme al presupuesto de Essalud, el mandato no podría ejecutarse. Este criterio, sencillamente, no estaba considerado a la hora de hacer ese presupuesto.

Tendría, entonces, que incluirse tal mandato en el próximo presupuesto. La ley debería ordenarlo así explícitamente. Sin embargo, ¿puede una ley decirle a cualquier institución con qué criterios manejar sus presupuestos?

Esta “ley” decreta contradecir las reglas de la lógica. Dice que el aumento en los montos de CTS “no deben demandar recursos al Tesoro”. Dice, también y al mismo tiempo, que tampoco debe afectar los gastos en infraestructura, medicinas y servicios de salud.

Si no está en el presupuesto, ¿de dónde aparecerá el dinero? No del Tesoro, no de los otros gastos. Estos 81 congresistas le dicen a Essalud que debe hacer aparecer recursos… ¡del cielo!

Este es el nivel de los congresistas que pagamos con nuestros impuestos. Ellos sostienen que debe hacerse todo “respetando las disposiciones legales presupuestales”.

Los congresistas “no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos”, dice la Constitución (art. 79). El aumento de la CTS para este grupo de trabajadores supone un aumento de gasto, sobre todo si se señala que no se puede sacar ese dinero de los otros gastos de Essalud.

La legislación aprobada pretende que ese mayor gasto no afecte el presupuesto. No porque la norma declare que “no afecta” va a dejar de afectar. Los recursos no aparecen del aire. Lo sabemos todos, menos 81 congresistas.

Los congresistas buscan el aplauso de segmentos de la población. Son segmentos los que deciden un voto preferencial. Los congresistas, sin embargo, deben hacer leyes que ordenen la vida de todo el país, no de pequeños segmentos.

Haciendo normas de beneficio sectorial caminamos al desorden, no al orden. Es irresponsable alentar la ilusión y el reclamo legítimo de los trabajadores. Hacerlo sin sustento económico es populismo.

En el populismo de esta norma se hermanaron Fuerza Popular con el Frente Amplio, Nuevo Perú, Acción Popular y el Apra. Parte de la bancada oficialista optó por una vergonzosa abstención.

Los únicos congresistas que votaron claramente en contra, a pesar de que esta posición no es popular, fueron Mercedes Araoz, Carlos Bruce, Guido Lombardi y Gino Costa.

El país observa la actuación del Congreso como conjunto. Esta medida es populista y contraria a la lógica. Se sumará a la lista de reclamos que la población general tiene en su contra.