LAP afirma que no puede retirar a taxistas con antecedentes de la zona de parqueo del aeropuerto: ¿Quién se hace responsable?

A través un comunicado, LAP informó que el servicio de taxi autorizado en el aeropuerto Jorge Chávez es ofrecido únicamente por aquellas empresas que “brindan formalmente sus servicios en módulos dentro del terminal y cuentan con filtros de revisión de antecedentes penales y policiales”. En consecuencia, los conductores que operan en la playa de estacionamiento, a la salida de la zona de llegadas, no tienen permiso de la concesionaria.

Según el contrato de concesión del aeropuerto Jorge Chávez a LAP, la empresa está a cargo de la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura de todo el terminal, el cual “es una infraestructura de uso público”, según señala. Precisamente, esta es la figura en la que se amparan los taxistas no autorizados. En esa línea, LAP también se encarga de la operación de la playa de estacionamiento del terminal aéreo.

No obstante, la empresa sostiene en el comunicado que la Policía Nacional (PNP) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) tienen bajo su responsabilidad la fiscalización, control, intervención y sanción de los taxistas no autorizados que se ubican en el parqueo.

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Cabe recordar que LAP señaló a El Comercio que decenas de conductores sin permiso ofrecen el servicio de taxi en el estacionamiento. Este Diario pudo comprobar que lo hacen bulliciosamente y, en algunos casos según denuncias, acosando a los viajeros.

Por otro lado, LAP destacó que, en su rol de operador del aeropuerto, ha cumplido con brindar espacios y equipamiento a la PNP y a la ATU para facilitar su labor de fiscalización y control, entre ellos, sistemas de videovigilancia y un centro de control al servicio del personal.

El desorden afuera del terminal de pasajeros del Jorge Chávez y el acoso por parte de presuntos taxistas es un problema que empeoró luego de la pandemia. De acuerdo con LAP, debido a los reclamos de los usuarios, en abril de 2022 solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) la aprobación de normas de conducta y reglas para todos los usuarios de la playa de estacionamiento, entre ellos, los taxistas.

De esta forma, el pasado 1 de febrero, entraron en vigencia las ‘Condiciones y reglas generales para el uso de la playa de estacionamiento en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez’, establecidas por Ositrán.

“Esta normativa busca un funcionamiento y uso ordenado del estacionamiento. Por eso, prohíbe el hostigamiento y la agresión física o verbal. También, queda prohibido ofrecer el servicio de taxi a viva voz o mediante jaladores. Además, se determinó que los taxis usen la vía libre únicamente para dejar pasajeros”, explicó Ángela Arrescurrenaga, gerenta de Atención al Usuario de Ositrán, a El Comercio.

Cabe mencionar que este reglamento no determina restricciones de uso del parqueo del Jorge Chávez para los conductores con denuncias policiales, judiciales y penales; tampoco impide el acceso a los taxistas que no cuenten con el permiso para realizar este servicio.

Según Arrescurrenaga, Ositrán no estableció impedimentos de este tipo de acuerdo a la postura inicial que le presentó LAP para la elaboración de las normas de conducta. Así también, la funcionaria indicó que no es competencia de Ositrán supervisar las autorizaciones de taxi ni los antecedentes delictivos de los conductores.

La funcionaria agregó que esta norma faculta a LAP a sancionar a los usuarios que incurran en actos prohibidos en el estacionamiento. Esto puede derivar en impedirles el ingreso de sus vehículos o retirarlos del aeropuerto. Previamente, la persona recibirá una llamada de atención, mediante una amonestación escrita o verbal, y una penalidad pecuniaria que asciende a S/.40.

Adicionalmente, Arrescurrenaga subrayó que LAP es responsable de garantizar el cumplimiento de estas normas y Ositrán fiscalizará que la concesionaria lleve a cabo esta labor. Al respecto, la funcionaria expresó que el organismo podría sancionar a la empresa si elude esta responsabilidad.

“Tenemos a personal de nuestra Gerencia de Supervisión y Fiscalización supervisando el cumplimiento de las condiciones de uso del estacionamiento. Se va a reforzar esta tarea a partir de las revelaciones de El Comercio. Si se verifica que LAP no cumple con esta labor, Ositrán podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador”, afirmó.

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Sin embargo, LAP expresó que estas medidas no han podido ser efectivas debido a amedrentamientos en contra de su personal. “A pesar de haber trabajado de la mano con (...) la PNP y la ATU, para hacer cumplir estas disposiciones, persiste el caos y la inseguridad para nuestros pasajeros y empleados debido a que el personal designado por LAP para la aplicación de estas normas viene siendo objeto de intimidación y amenaza”, se lee en el comunicado

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, opina que efectivos de la PNP deben ayudar a la labor del personal de LAP para hacer efectivas las sanciones.

“Para cumplir una tarea de esta naturaleza, se necesita a las fuerzas del orden. La policía de la comisaría del aeropuerto debe apoyar a LAP en el retiro de vehículos que desobedecen las normas de uso de la playa de estacionamiento. De lo contrario, este problema, que afecta a cientos de pasajeros, va a seguir sin solución”, asevera.

Las normas de uso que estableció Ositrán determinan que los vehículos que brindan el servicio de taxi pueden usar la vía libre de la playa de estacionamiento únicamente para dejar pasajeros, no para recogerlos. Sin embargo, las empresas de taxi sin autorización han detectado la manera perfecta de ingresar sin pagar al aeropuerto y permanecer largas horas por la vía rápida intercambiando o ‘ruleteando’ tickets con otros choferes.

Asimismo, este Diario reveló que, para ser taxista autorizado por ATU, los postulantes solo debe presentar una declaración jurada que detalle los antecedentes penales de los conductores. Esto pasaría posteriormente por una revisión de esta institución para validar si lo declarado es verdad.

Como informó anteriormente este Diario, a partir de una muestra de 240 taxistas identificados por El Comercio en el estacionamiento del aeropuerto, la ATU encontró que 165 conductores no cuentan con la habilitación de conductor vigente.

Al respecto, Arrescurrenaga invoca a la ATU a mejorar los filtros de autorización de conductores para ofrecer el servicio de taxi. “Cualquier servicio de transporte, sea público o privado, no debe estar a cargo de personas con antecedentes penales o denuncias por infracciones de transporte. Corresponde a la ATU que los filtros sean más adecuados para la seguridad de las familias”, afirma.

Asimismo, Quispe Candia mencionó que la ATU debe incrementar las fiscalizaciones a los conductores que operan en el estacionamiento del aeropuerto para hallar quiénes no están autorizados para trabajar como taxistas. Así también, invita al personal de la comisaría del aeropuerto a monitorear a estos choferes para encontrar a aquellas que tengan una orden judical para la restricción de su libertad.

Gabriel Camasca, presidente de la asociación aeroportuaria de taxistas del aeropuerto Jorge Chávez, se pronunció sobre la investigación que realizó el diario El Comercio.

“En la actualidad, no [hay gente que registra antecedentes penales]. Nosotros somos responsables de 361 conductores que han sido netamente filtrados por la Ositrán”, dijo en diálogo con Canal N.

Por otro lado, Edgar Rodríguez, director de la Asociación de Empresas de Taxis Aeroportuarios y Taxistas Independientes del Callao (Adetatic), explicó que todo taxista que opera en el aeropuerto Jorge Chávez pasan un filtro que muestra los antecedentes policiales y judiciales. Además, trabajan con un código QR al que pueden acceder los usuarios para identificar a los conductores.

Para establecer un orden en la playa de estacionamiento, Ositrán impulsó el 2023 mesas de trabajo con LAP y los representantes de las empresas de taxi que se ubican en el parqueo para llegar a una solución. Como parte de este proceso, se solicitó a los representantes de los taxistas que permitieran formalmente un procedimiento de revisión de antecedentes legales y penales de todos sus miembros.

Como resultado, se halló que en el personal de estas empresas de transportes había conductores con antecedentes penales y policiales. Por tal motivo, LAP decidió concluir con las mesas de trabajo.

Arrescurrenaga declaró a El Comercio que 563 taxistas fueron evaluados. La funcionaria añadió que Ositrán halló que, aproximadamente, 360 conductores no tenían antecedentes legales ni penales, por lo que podían obtener una autorización para ofrecer el servicio de taxi. Por ello, Ositrán invitó a LAP a dialogar con estos choferes para que trabajen ordenadamente en el aeropuerto. Sin embargo, la concesionaria desistió.