El fraude por certificados falsos de COVID-19 se suma a otros cargos que complican a Bolsonaro en Brasil: ¿cuál es el escenario para el exmandatario?

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Según la acusación de la policía, Bolsonaro y otras 16 personas allegadas a él insertaron información falsa en la base de datos de salud pública antes de que el entonces presidente viajara a Estados Unidos en diciembre del 2022, cuando faltaban pocos días para la asunción al poder del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La policía halló indicios suficientes para procesar a Bolsonaro y a los otros 16 involucrados por delitos de asociación criminal e inserción de datos falsos en el sistema público de información.

El objetivo de la conducta ilícita era que pareciera que Bolsonaro -que durante la pandemia se burló del virus y las vacunas-, su hija de 13 años y otras personas de su círculo se habían vacunado contra el COVID-19.

En los registros oficiales llegó a constar que Bolsonaro recibió dos dosis en un ambulatorio, pero luego esos datos fueron eliminados. La policía afirma que la información de la vacunación, presuntamente falsa, se subió al sistema y posteriormente se borró “para eliminar los rastros” de posibles “conductas criminales”.

Según el diario “O Globo”, Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro y considerado su mano derecha y quien tiene un acuerdo de delación premiada con las autoridades, confesó que recibió la orden del expresidente de poner información falsa de vacunación en el sistema de salud para que él y su hija, Laura Bolsonaro, de 12 años aparecieran como vacunados en un momento en que algunos países exigían el documento para que un visitante pudiera entrar.

El caso ya había significado un dolor de cabeza para Bolsonaro en mayo del 2023, cuando la policía registró la casa del expresidente en Brasilia en el marco de este caso y detuvo entonces a seis sospechosos, entre ellos Cid. Cuando lo interrogaron, el expresidente negó haber cometido delito alguno.

Bolsonaro necesitaba un certificado de vacunación para entrar a Estados Unidos, donde permaneció durante los primeros tres meses del mandato de Lula da Silva.

Daniela Neves, doctora en Ciencia Política y especialista en elecciones en Brasil, comenta que la acusación de la policía es relevante por dos aspectos. “En primer lugar, el caso de la falsificación de las cartillas de vacunación por sí solo mostraría un abuso de poder y la evidencia de un acto delictivo. Además, ayuda a reforzar la tesis de que hubo un plan de golpe de Estado y con él medidas para protegerse de la culpabilidad, como ir a EE.UU.”, dice a El Comercio.

La acusación de la Policía Federal, recogida en un informe de 231 páginas, será analizada ahora por la Fiscalía, que decidirá si presenta o no una demanda formal contra Bolsonaro ante el Supremo Tribunal.

Si los fiscales federales deciden avanzar con el caso, será la primera vez que el expresidente se enfrente a cargos penales. De hecho, la acusación de la Policía Federal es la primera vez que las investigaciones criminales contra Bolsonaro se han movido hacia ese tipo de cargos en su contra.

La condena por falsificar los datos de salud podría llegar a entre dos y 12 años de prisión, dijo el analista legal Zilan Costacitado por la agencia AP. La pena mayor por asociación criminal sería de cuatro años de prisión.

Neves enfatiza que las investigaciones de la Policía Federal seguirán un camino procesal, con la defensa, el análisis del Ministerio Público y la presentación de cargos, o no, ante los tribunales. “La mayoría de los casos acaban ante el Tribunal Supremo, que juzga a los acusados”, comenta.

“De este modo, aún queda camino por recorrer antes de que el caso llegue al Tribunal Supremo, lo que pase dependerá del contenido de las denuncias y de la actuación de la defensa del expresidente”, agrega.

En paralelo, la prensa brasileña informa que la Policía Federal está a la espera de información de Estados Unidos para saber si Bolsonaro usó un certificado falso de vacunación para entrar a ese país, lo que podría representar nuevos cargos en su contra.

“La respuesta del Departamento de Justicia puede identificar nuevas conductas ilícitas”, de acuerdo con la policía.

Este no es el único problema legal que enfrenta Bolsonaro. El exmandatario es investigado en otros procesos, entre ellos por la tentativa de golpe de Estado realizada por sus simpatizantes el 8 de enero del 2023 en Brasilia, poco después de la juramentación de Lula da Silva.

El Tribunal Supremo Electoral ya falló en contra de Bolsonaro al decidir inhabilitarlo para postularse a cargos de elección hasta el 2030 por abuso de poder durante la campaña del 2022 y por sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica.

El exmandatario también es investigado por supuestamente tratar de introducir en el país dos juegos de joyas de diamantes por parte de Arabia Saudita e impedir que se las incorpore a la colección pública de la presidencia.

“Hay varias acusaciones que, combinadas con alegaciones, premisas y pruebas, hacen que la situación jurídica del ex presidente Bolsonaro sea cada vez más complicada”, concluye Neves.