Editorial: ¡Otra vez la informalidad y el caudillismo políticos!

Critican la informalidad y exigen respeto a la democracia. Sin embargo, las agrupaciones políticas locales acaban de demostrar que son incapaces de cumplir la Ley de Partidos Políticos, marco legal que aprobaron y juraron respetar, pero que en la práctica transgreden tramposamente.

Como ha denunciado nuestro Diario, todo indica que más de una organización partidaria ha incumplido premeditadamente con la realización de sus plenarias y elecciones internas. En su lugar, en los próximos comicios municipales y regionales asistiremos nuevamente a una pantomima que, con el aval de un grupo ad hoc al órgano máximo político partidario, pretenderá demostrar que las cabezas de las listas fueron elegidas por todos los afiliados, democrática y transparentemente, cuando en realidad fueron producto de la componenda y la “dedocracia”.

Evidentemente la verdadera democracia, que defiende la alternancia en el poder, no tiene nada que ver con este comportamiento cuestionable. En principio, porque esta suerte de teatralización de la política cuenta con el aval de una ley de partidos hecha a la medida, que si bien instaura las elecciones internas también legitima mecanismos amañados que facilitan la supervivencia del histórico caudillismo político peruano.

En efecto, el artículo 24 de la ley señala que los partidos pueden elegir a sus candidatos por elecciones internas, con el voto popular de los afiliados o de ciudadanos no afiliados, pero también a través de “delegados elegidos por los órganos partidarios”, según lo dispongan sus estatutos. ¿Hecha la ley, hecha la trampa?

Queda claro que estas agrupaciones, entre las cuales se encuentra incluso el partido de gobierno, han esperado la última hora para confiar en la decisión de sus “delegados elegidos”. Prueba de ello es que el artículo 22 de la ley precisa que las elecciones internas a cargo de elección popular debían efectuarse “entre los 180 días calendario anteriores a la fecha de elección y 21 días antes del plazo para la inscripción de candidatos”, plazo que vence hoy. Es evidente que se quiso eludir la elección popular.

Ahora bien, vale preguntarse, además, si las organizaciones políticas —sobre todo las regionales— cumplirán con entregar al Jurado Nacional de Elecciones copia del Plan de Gobierno, según lo establece el artículo 23 de la ley, al momento de inscribir a sus candidatos y listas. Tenemos derecho a dudar que eso ocurra; por lo menos en este tema el JNE debería ser exigente.

Lo cierto es que tanto incumplimiento solo resta autenticidad a las próximas elecciones. Qué decir de la percepción de la ciudadanía que, desalentada, mirará con recelo las propuestas de cientos de candidatos elegidos entre gallos y medianoche.

Por eso, tienen razón los politólogos cuando afirman que, por este camino, los partidos seguirán siendo organizaciones debilitadas, propiedades de un caudillo o simples franquicias que se alquilan al mejor postor, cual vientres de alquiler. Lo irónico es que nuestro país necesita que se modernicen y se democraticen para convertirse en esas instancias decisorias desde las cuales se propongan soluciones a los grandes problemas del país.