Cuba, elecciones y reforma electoral, por Dimas Castellanos

El proceso “electoral” que tendrá lugar en Cuba entre octubre del 2017 y febrero del 2018 carece de relevancia. La sustitución de Raúl Castro como presidente no significa que abandone el poder, pues hasta el 2021 ocupará el cargo de primer secretario del Partido Comunista, que constitucionalmente es la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

Para que las elecciones influyan en la marcha del proceso social se requiere de una reforma electoral que restablezca la soberanía popular y, aunque en febrero del 2015 se anunció una nueva ley electoral, en la convocatoria del pasado 14 de junio no se mencionó el tema.

Según Juan Jacobo Rousseau, “de la unión de las personas para defender y proteger sus bienes emana una voluntad general que convierte a los contratantes en un cuerpo colectivo político. Al ejercicio de esa voluntad general se le denomina soberanía y al pueblo que la ejerce, soberano”.

En Cuba, las constituciones republicanas de 1901 y 1940 refrendaron la residencia de “la soberanía en el pueblo, del cual dimanan todos los poderes públicos”. En 1959, al emerger el poder revolucionario, se prometió la celebración de elecciones en el “más breve plazo de tiempo posible”. Diecisiete años después, se dictó una ley electoral que anuló la soberanía popular. Mientras persista esa situación, en Cuba no habrá verdaderas elecciones.

En el 2003, la suma de los cubanos que no asistieron a las urnas y que anularon las boletas alcanzó el 6,09% de los electores. En el 2008 aumentó al 7,73%, en el 2013 llegó al 14,22% y en abril del 2015 superó el 20%. Es decir, 1’700.000 cubanos. En un país de corte totalitario, sin derechos cívicos y políticos, esos datos demuestran la necesidad de una ley que satisfaga a ese sector creciente de la población cubana.

A ello se suman los cubanos dispuestos a votar por representantes de la oposición –no reconocida legalmente– como ocurrió en las elecciones del 2015, cuando dos opositores se presentaron como candidatos en los municipios habaneros de Arroyo Naranjo y Plaza.

Según la secretaria del Parlamento Unicameral Cubano, en el 2014, durante el cuarto proceso de rendición de cuentas de los delegados a sus electores, “se efectuaron más de 600 asambleas con menos de la mitad de los electores presentes”.

La ley actual limita el voto directo de los electores a los delegados a las Asambleas Municipales del Poder, los cuales no pueden exceder el 50% del total de candidatos. La otra mitad la nominan las Comisiones de Candidaturas –integradas por dirigentes de las organizaciones de masas y con potestad para incluir a personas sin ser elegidas por el voto popular–. Luego, las candidaturas para cargos provinciales y nacionales son conformadas directamente por dichas comisiones. Por tanto, el Parlamento y el gobierno cubanos resultan de la decisión de las mencionadas Comisiones de Candidaturas subordinadas al Partido Comunista, lo que anula la soberanía popular.

Se requieren transformaciones en materia de libertades –como el derecho de asociación y el pluripartidismo– para que los cubanos puedan desempeñar un papel activo en los destinos de su vida y de la nación. Hasta que eso no ocurra no se podrá hablar de verdaderas elecciones en Cuba y todo indica que eso no ocurrirá en los comicios anunciados.

La ausencia de la soberanía popular y la inexistencia de la figura del ciudadano han sido y son factores determinantes en la crisis estructural del modelo cubano, lo que se refleja en la ineficiencia productiva, los salarios insuficientes, la corrupción incontrolable, la desesperanza y el éxodo indetenible.