Cuestión de ¿confianza?, por Miguel Ángel Torres

Esta semana, fuimos testigos de un hecho inédito en nuestra historia reciente: el Congreso de la República no otorgó la confianza al Consejo de Ministros solicitada por el señor Zavala, cumpliendo con su función de control político, que es inherente al Parlamento e indispensable en un sistema democrático, en el cual la meritocracia y la responsabilidad política no merecen ser meros enunciados.

No fue una decisión fácil para 93 miembros del Parlamento, pero estoy convencido de que fue la opción correcta. El Gobierno, a través del primer ministro, prefirió, de manera poco responsable, exponer la estabilidad de todo un Gabinete para imponer la permanencia de una ministra que no había podido cumplir, a vista de la gran cantidad de peruanos, con las funciones que tenía encomendadas, probablemente, a pesar de sus buenas intenciones.

Pensaron que podrían esconder la ausencia de talento, el temor a ser fiscalizados y la carencia de ideas con una maniobra intimidatoria: pedir la cuestión de confianza, creyendo que sería una tremenda amenaza para la principal fuerza opositora y que preferiríamos aferrarnos a nuestras curules, en lugar de pensar en los válidos reclamos de la población. Evidentemente se equivocaron. De haberlo hecho no solo dejaríamos de cumplir con lealtad nuestro compromiso de velar por los intereses de los peruanos, sino que hubiésemos sido inconsecuentes con la constante crítica que hicimos a varios miembros del Gabinete de aferrarse caprichosamente a los fajines ministeriales.

La amenaza no surtió efecto porque los verdaderos demócratas no le tienen miedo al control político y menos al voto popular; quienes ganan en democracia, no tienen temor a las elecciones; asumen sus responsabilidades con la frente en alto, tal como actuó Fuerza Popular y miembros de otras bancadas ante la cuestión de confianza.

Debo reconocer que en más de una oportunidad hemos calificado como imprudentes algunas acciones del Ejecutivo, pero ello nunca ha significado que dejemos de aceptar el mandato constitucional que tienen y que el mismo, sin duda alguna, debe ser ejercido hasta el 2021. Es exactamente esta actitud, la que nos permite, con autoridad moral, exigir también que se reconozca nuestra legítima atribución constitucional para controlar los excesos del poder.

No cabe duda de que el Ejecutivo ha aprovechado un vacío normativo; sin embargo, ello debe invitarnos a la reflexión pues resulta poco sensato que permitamos que un mecanismo previsto en la Constitución pueda ser utilizado de manera tan poco seria, en vez de hacerlo para temas de gran trascendencia, como la defensa de las políticas generales o sectoriales de un gobierno. Una interpretación aislada de un artículo constitucional y un exiguo desarrollo legislativo han permitido plantear una cuestión de confianza en respaldo a una ministra altamente cuestionada, soslayando deliberadamente que la responsabilidad de cada miembro de un Gabinete es individual, según otra disposición de la misma Carta Política.

Esa errónea interpretación es posible porque hay un vacío en el Reglamento del Congreso –el cual no ha concordado, en una sola disposición, los artículos constitucionales correspondientes– y peor aun, no ha establecido con precisión los casos en que procede la cuestión de confianza, sus alcances y consecuencias, como correspondería, según su naturaleza jurídica de ley orgánica que, como tal, debe desarrollar esta materia.

El Congreso está en la obligación de legislar para cubrir ese vacío normativo, para que haya predictibilidad sobre las consecuencias de esta importante institución constitucional y así evitar las dudas e interpretaciones disímiles que no contribuyen a la seguridad jurídica. Debe garantizar que la cuestión de confianza no sea mal utilizada de acuerdo con el mayor o menor afán de confrontación que tenga quien toma las decisiones en el Ejecutivo, sino para que sirva en temas de trascendencia nacional; y sin olvidar que la Constitución establece expresamente que las responsabilidades de los ministros son individuales y que no pueden convertirse en solidarias al libre arbitrio de quien tiene la facultad de solicitar la cuestión confianza.

No se puede permitir que continúe el uso poco sensato de las instituciones constitucionales que han sido previstas para asegurar la gobernabilidad y el equilibrio de poderes, porque debido a ello, hoy nos encontramos en una situación política de incertidumbre, que esperamos no afecte las actividades económicas, ni la confianza de los inversionistas; pero que genera inestabilidad, así como dudas y preocupación en la ciudadanía. Los peruanos esperan una actuación madura y racional de sus autoridades y las normas deben contribuir a encauzar adecuadamente su desempeño funcional.

¿Qué podemos hacer? Trabajar cada una de las fuerzas en abrir camino al desarrollo de nuestro país. Quienes tienen hoy la potestad de replantear un gobierno, no solo deben empezar a actuar atendiendo las necesidades colectivas, sino que para ello deberían dejar recetas de amedrentamiento y salir en búsqueda del consenso. Quienes tenemos hoy la obligación de legislar, no solo debemos seguir colaborando en otorgar un marco normativo que solucione los problemas de la población, sino también dar claridad en el uso responsable de las facultades. Solo ello nos brindará la tan anhelada gobernabilidad.