Regiones y recursos, por Mario D. Tello

Desde el referéndum del 2005 y tras la implementación de la Ley 29379 en el año 2009, que impone plazos indefinidos para la conformación de regiones, han habido intentos frustrados de formar macrorregiones (por ejemplo, las cuatro juntas de coordinación interregional y las dos mancomunidades regionales). Los beneficios de definir estas subdivisiones políticas, no obstante, serían múltiples. Particularmente, los asociados a la explotación de recursos naturales (RN). 

En primer lugar, se daría la posibilidad de compartir los beneficios de la dotación de los RN. Así, disminuiría la heterogeneidad regional. El valor promedio de las dotaciones explotadas de los RN per cápita en Moquegua fue 9,7 veces mayor al de Lambayeque del 2001 al 2012. Si se establecieran seis macrorregiones (como las definidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), el promedio de este indicador para la Macrorregión Sur-Oeste sería solo 2,4 veces mayor al de la Macrorregión Sur-Este. Es decir, las diferencias serían menores a las que hoy existen. 

En segundo lugar, todos los departamentos recibirían ingresos por concepto del canon de los RN. Por ejemplo, con datos del 2014, la Macrorregión Lima-Callao recibiría el 3,4% del total del canon minero del Perú y la Macrorregión Centro recibiría el 31%. La ausencia de macrorregiones genera que varios departamentos o regiones (como Callao, Amazonas o Tumbes) prácticamente no reciban ingresos del canon minero. Estos efectos sugieren que las deficiencias del marco legal de la explotación de los RN (donde solo las áreas locales y regiones que disponen de los RN reciben ingresos de la explotación de estos recursos) se reducirían con la regionalización. 

En tercer lugar, los ingresos de las macrorregiones serían más homogéneos que con la composición actual. Hoy, en 13 de las 25 regiones, los ingresos de origen territorial son mayores a los gastos de los gobiernos regionales. Los mayores ingresos se explican por la gran concentración de la actividad manufacturera en Lima y Callao, Arequipa e Ica, y la existencia de empresas que explotan los RN. Estas regiones serían distribuidas en 4 de 6 macrorregiones. Este efecto podría ser aun mayor con una segunda etapa de descentralización fiscal, en la cual el 50% de los ingresos recaudados por el  IGV,  el ISC y los impuestos a la renta serían distribuidos a las macrorregiones. 

Todo lo anterior revela, entre otras cosas, las interacciones de los marcos legales de la regionalización, descentralización y las concesiones de los RN. La ausencia de macrorregiones y la permanencia de la etapa actual en el proceso de descentralización (en la cual el Gobierno Central transfiere recursos a los gobiernos locales y gobiernos regionales según ciertos criterios), agudizan las deficiencias del marco legal de la concesión de los RN. 

Esto genera una desigual distribución de ingresos de las concesiones entre regiones, la nula participación legal de los gobiernos locales, gobiernos regionales y la población localizada en áreas de influencia y la ausencia de mecanismos de ejecución que garanticen el beneficio a estos gobiernos y a la ciudadanía. La regionalización y mejoras del proceso de descentralización podrían reducir, en parte, estas deficiencias.