Reparando a las víctimas, por Ramón Barúa Alzamora

En julio del 2013 concluyó la publicación del Registro Único de Víctimas y el de los Beneficiarios Colectivos en el diario oficial “El Peruano”, realizado por el Consejo de Reparaciones en un lapso de casi siete años.

En este registro se certifica a nombre del Estado a las personas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos de mayo de 1980 a noviembre del 2000 y se formaliza su derecho a recibir un certificado que acredite su condición de víctima y las reparaciones que corresponden.

Se ha tenido el privilegio de conocer las historias de ciudadanos y ciudadanas que sobrevivieron a la barbarie y lucharon por la justicia. Se ha prestado atención al relato de miles de compatriotas, civiles y miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, en la búsqueda de quienes perdieron la vida, de quienes sufrieron maltratos y de quienes vieron cancelados proyectos de vida que apenas empezaban.

Si bien no existe un monto dinerario que pueda reparar el daño sufrido, el Estado ha establecido como monto de reparación S/.10 mil por víctima (en el caso de víctimas fallecidas, desaparecidas, con discapacidad o víctimas de violación sexual). Desde julio del 2011 está en marcha la implementación de este programa de reparaciones. Y desde el 2007 se viene indemnizando a las comunidades afectadas a razón de S/.100 mil por comunidad.

El Registro Único de Víctimas reporta más de 33.800 víctimas con derecho a una reparación económica, por lo que el monto estimado para cumplir con esta deuda interna sería de S/.338 millones. Hasta la fecha se han destinado S/.195,2 millones, con lo que se habría cubierto el 57,8% de este compromiso, quedando pendiente el 42,2%, es decir, un monto equivalente a S/.142,8 millones para honrar la deuda con las personas afectadas.

En lo que respecta a la reparación a las comunidades, hasta la fecha se han efectuado reparaciones por S/.230,3 millones, beneficiando a 1.975 comunidades. Quedan aún 3.733 comunidades por reparar, por lo que se requiere S/.373,3 millones para concluir este programa.

Considerando las reparaciones individuales y colectivas, se requiere un desembolso de S/.516 millones para honrar esta deuda. Es importante señalar que más del 80% de este desembolso se hará en las cinco regiones más pobres del Perú.

El esfuerzo realizado ha permitido continuar y emprender acciones que honren la memoria de quienes ya no están y responder a las expectativas de quienes, pese al sufrimiento experimentado, continúan sin desmayo construyendo vidas y esperanzas en nuestro país.

La composición plural del consejo, integrado por representantes de organizaciones civiles, militares y empresarios, permitió que en las más de 400 sesiones de trabajo se compartieran los distintos enfoques y experiencias de cada integrante. Se buscó el entendimiento, el que se ha construido siempre en consenso.

La continuidad en estos años manifiesta una política de Estado. Por su parte, más de 200 municipios han convenido expresamente la concertación de acciones locales para apoyar el registro de víctimas. La participación de la sociedad civil, su contribución y su reconocimiento al avance logrado y el nivel de consenso en todas las decisiones le otorgan especial legitimidad a la labor del consejo. Más aun, se encuentra en trámite el expediente ante la Unesco para que el trabajo efectuado sea reconocido como memoria de la humanidad.

La tarea realizada ha permitido formalizar la responsabilidad del Estado frente a las personas que no fueron adecuadamente protegidas y debe contribuir a fortalecer nuestra sociedad y hacerla más justa y solidaria. Pero este no puede ser un logro aislado ni inconexo. Es deber del consejo notar que este esfuerzo se enmarca en una responsabilidad mayor del Estado, de todas las peruanas y peruanos: culminar con la implementación de las reparaciones a las personas reconocidas e inscritas en el Registro Único de Víctimas. Esta es también la responsabilidad y el honor que le corresponde al gobierno del presidente Ollanta Humala.

Con ello se completaría, junto con el trabajo desplegado por la Comisión de la Verdad, luego por el Consejo de Reparaciones y finalmente por la comisión de Alto Nivel Interministerial, el más notable esfuerzo realizado en el Perú en derechos humanos y uno de los más relevantes a escala mundial.