"No es el amor, es la igualdad", por Salvador del Solar

Por decisión de la mayoría de sus integrantes, la Comisión de Justicia del Congreso rechazó el proyecto de ley que pretendía regular la unión civil entre personas del mismo sexo. Un resultado decepcionante, aunque no del todo sorprendente, para quienes respaldamos la iniciativa. Y una victoria, desde luego, para quienes se oponen a ella.

Pero, ¿de qué tipo de victoria estamos hablando? ¿A qué se refería, por ejemplo, el parlamentario Carlos Tubino cuando declaró que el ganador de esta votación fue el pueblo peruano? ¿Qué fue, concretamente, lo que todos ganamos? ¿O qué ganaron, en cualquier caso, quienes están en contra del establecimiento de un marco legal para las uniones de parejas homosexuales?

En realidad, nada. Porque no hay peruano que tenga hoy más derechos o beneficios que los que tenía un día antes de la votación. Así que, a pesar de que ningún compatriota se habría visto perjudicado si el resultado hubiese sido el contrario, los peruanos debemos celebrar un desenlace que no mejora la situación de nadie.

Y sin embargo, hay que admitir que sí existe una victoria en todo esto: la de una mayoría de ciudadanos que considera que todos debemos conducir nuestras vidas en conformidad con sus costumbres, creencias y preferencias. ¿Por qué? Porque es así como a esa mayoría le parece que deben ser las cosas.

A pesar del respaldo político conseguido en el congreso, esta justificación no tiene asidero jurídico. Porque no hay en nuestra legislación norma alguna que obligue a los ciudadanos a comportarse según los gustos, tradiciones o religiones predominantes. Porque, de hecho, no es ilegal en nuestra república ser homosexual ni debería serlo, aunque se trate de una opción actualmente minoritaria.

Y porque además, en contra de lo que muchos creen, la democracia no es solo un régimen político en el que las mayorías mandan. Es también, por encima de todo, un sistema legal que garantiza a las personas que sus derechos fundamentales serán protegidos sin importar lo que piensen el congreso de turno o las mayorías de siempre.

Que la posibilidad de formalizar legalmente una relación esté en nuestro país al alcance de algunas parejas, pero no de otras, constituye una violación al derecho constitucional que todos tenemos a la igualdad ante la ley. Alegar como criterio para este trato diferenciado que las parejas sean del mismo sexo resulta tan discriminatorio como hacerlo por motivo de raza, idioma o religión.

Evitemos entonces argumentos románticos. No se ha prohibido el amor entre personas de igual sexo ni tiene ningún homosexual necesidad de pedirle permiso a nadie para amar libremente. Lo que debe indignarnos, en este como en otros casos, es el menosprecio a la igualdad por parte del poder; el sacrificio de la libertad individual en el siempre conveniente altar de las mayorías; la consumación de la más dañina de las victorias: la que confunde democracia con arbitrariedad.