(Foto: Archivo El Comercio)
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Marco Sifuentes

Uno diría que para comer en el Perú hay que ser adivino. O, en su defecto, químico. Alguien capaz de desentrañar los riesgos o beneficios detrás de arcanos conjuros como betaglucano o poliricionelato. Empresas y Estado limpian sus conciencias con etiquetas demasiado explícitas, tan detalladas que, en realidad, solo les sirven a los adivinos.

Hace un par de años hubo un relinche generalizado cuando alguien se fijó, por fin, en que en el empaque de la hamburguesa de carne La Segoviana decía “carne industrial de equino”. No había mentira en la etiqueta. Es más, la aclaración figuraba en la parte delantera. Eso sí: no aparecía el dibujo de ningún pobre caballito por ningún lado.
Otro caso: quizás el 90% de los peruanos nunca haya comido chocolate real en su vida. Puede usted pasar por su bodega más cercana y pedir, por ejemplo, unas GN, en cuya envoltura dice, literalmente, “galletas sabor a chocolate con crema sabor a vainilla”.
En el Perú todo es “sabor a”, nada es real. Y está todo allí, en la etiqueta. Para los adivinos.

La política alimentaria en el Perú se ha reducido, en los últimos años, a la fetichización de la etiqueta. La famosa Ley 30021, emitida en el gobierno anterior, se llama de Promoción de la Alimentación Saludable, pero se le conoció como la ley de comida chatarra porque su centro de atención son los alimentos procesados y la obesidad. Una ley para la clase media.

Nada sobre desnutrición o anemia. Nada de inspecciones sanitarias a mercados, supervisión de programas sociales, incentivos a pequeños productores, promoción de sostenibilidad. Nada de qué pasa si vendes gato por leche. Y, por supuesto, nada sobre restaurantes (¡ni siquiera los de fast food!) ni puestos de comida. Nadie le pide a la ‘Tía Veneno’ que enseñe una etiqueta.

Al final, es una ley que tiene “sabor a” solución pero que descuida los principales problemas.

Y es que el problema real es este: las reglas de juego no están claras. Al inicio del escándalo Pura Vida, el presidente del Indecopi dijo que tenía las manos atadas, pero el miércoles, de pronto, ordenó que se . ¿Total? Por otro lado, muchos productos de Gloria que no se rotulaban como “leche” sí se promocionaban como tal en la tele. Sin problemas. ¿En qué quedamos, entonces? ¿Qué se puede y qué no se puede?

Al margen del debate sobre la Ley 30021, nos urge una Política Nacional de Alimentación, con grandes marcos transversales sobre los cuales construir una legislación realista, que incentive la industria y que proteja a los ciudadanos (no solo a los “consumidores”).

Mientras tanto, mientras no existan reglas de juego claras, continuaremos aumentando el clima de desconfianza generalizada del país. Le vamos a seguir pidiendo a la gente que viva en permanente estado de alerta ante detalles insospechables, como la ausencia de una palabra en una etiqueta. Dura vida.