Destrabar, por Roberto Abusada

En un sano afán por reencender el crecimiento económico en el muy corto plazo, el nuevo gobierno ha anunciado su decisión de coordinar esfuerzos para acelerar la inversión en un conjunto de grandes proyectos que se estima incluyen un monto de inversión de 18.000 millones de dólares. En este intento, funcionarios del más alto nivel han podido apreciar la pobre institucionalidad burocrática con la que tienen que trabajar y han sido testigos del enorme costo que tal institucionalidad impone a toda la sociedad.

Se habrán preguntado cuánto le ha costado al país la demora del año y medio que tardará la construcción de una autopista de Lima a Pisco porque algún funcionario temió pagar 11.000 soles al propietario de dos pequeñas casas deshabitadas que obstruían la ruta, o por qué no pudo una municipalidad drenar un par de pozas de oxidación que impedían igualmente su avance. Habrán reparado también en el inmenso costo que tendrá para el turismo y el transporte el no tener una segunda pista de aterrizaje en el aeropuerto del Callao, o en la penuria que seguirán soportando diariamente los más de 300.000 usuarios de la Línea 1 del metro porque alguien en el Estado demoró dos años en autorizar al concesionario a ordenar la fabricación de los 20 trenes adicionales para un servicio colapsado por el exceso de demanda. 

La inversión total en los proyectos que los propios ministros se han empeñado en sacar adelante parece muy grande, pero representa solo una inversión anual de alrededor de 3.000 a 4.000 millones de dólares ya que el monto total se ejecuta a lo largo de varios años. Ello equivale a solo al 8% del total de la inversión nacional. Debemos preguntarnos entonces, ¿quién velará por ‘destrabar’ el otro 92%? ¿Quién cuidará por que no se ‘trabe’ la inversión en una empresa mediana, un supermercado, un taller, un edificio o una peluquería? 

Claramente, el principal problema que enfrenta la inversión privada y pública en el Perú radica en un gigante e ineficiente aparato administrativo y regulatorio que ha hecho metástasis en todos los niveles de gobierno. Un aparato que vive del trámite redundante, de las multas arbitrarias y en el que todo criterio de razonabilidad está ausente. Un sistema que castiga y hostiga al funcionario diligente y deja indemne al indolente y al corrupto; que trata con suspicacia al individuo, desconfía de la iniciativa privada y pone al procedimiento por encima del resultado, y al trámite y la multa por encima del servicio al ciudadano.

Mientras más se escudriña al interior de los procedimientos administrativos de una municipalidad, un ministerio, un gobierno regional o una agencia reguladora, o de la contraloría, más se hace evidente que la solución a este problema no pasa por ‘destrabar’ sino por derogar masivamente trámites y procedimientos mediante la dación de una ley del tipo ‘sunset law’. Es decir, que se defina un plazo para evaluar la relevancia de todas las normas del sistema quedando automáticamente derogadas, al término de dicho periodo, todas las que no cumplan con los criterios del nuevo sistema administrativo y regulatorio. 

Tal sistema debe estar compuesto por el menor número posible de reglas, debiendo el Estado aplicar siempre el principio de presunción de veracidad. Asimismo, cualquier pago por el trámite, la regulación o control deberá corresponder a su verdadero costo. La totalidad de las dependencias del Estado deben estar interconectadas de tal manera que no se solicite a la empresa o al individuo –como actualmente ocurre– información que la entidad ya posee o que no necesite. Un repositorio informático digital debe reunir los registros públicos y la información de empresas e individuos hoy dispersa en decenas de entidades.

El nuevo sistema de licencias y permisos debe realizarse completamente en línea, reservando la inspección técnica de seguridad previa solamente para aquellas actividades de alto riesgo y dejando todas las demás para revisión posterior, preferiblemente a cargo de entidades privadas especializadas. En el caso de los impuestos, el nuevo sistema deberá evaluar en detalle el costo de cumplimiento por parte del contribuyente con miras a disminuirlo radicalmente. 

Se trata de una tarea compleja pero imprescindible en la que el Estado podrá aprovechar, en parte, vastos recursos informáticos que hoy poseen instituciones tales como el Reniec, la Sunat y la ONP. Solo así el Estado volverá a estar al servicio de los ciudadanos y ser percibido por todos como ayuda y no obstáculo en la creación de riqueza.