Feo Panorama, por Andrés Calderón López

Coincido con la opinión mayoritaria de abogados, periodistas y políticos en el sentido de que es un sinsentido la denuncia del Ministerio de Defensa contra los periodistas de “Panorama”; y que, más bien, tiene toda la apariencia de ser una represalia contra aquellos que revelaron los irregulares manejos del presupuesto de inteligencia para una zona que lo necesita con urgencia como el Vraem.

Los ataques contra la libertad de información y la libertad de prensa son algo muy serio como para pasar por alto actitudes como la del ministro Jakke Valakivi. Y, por ello, vale la pena recordar también los apellidos de quienes poco aprecio tienen por estas libertades, como los de los congresistas Tubino, Cuculiza, Isla, Mora, Apaza y Beingolea, entre otros, que en una sesión (convenientemente) secreta exigieron acciones y denuncias contra los periodistas.

Pero sin perder de vista el asunto presente, vale la pena hacer una reflexión sobre el futuro. Y creo, lamentablemente, que ese panorama no es muy bueno para la transparencia, el acceso a la información pública y la libertad de prensa. Y, en parte, podemos culpar a la ley por ello.

No porque –como algunos sostienen– “la ley” establezca que la información que reveló “Panorama” fuera secreta, ni mucho menos porque “la ley” forzara al ministro Valakivi a denunciar penalmente a los periodistas. La ley no señala eso. “La ley” es una muy mala excusa del ministro.

El problema, más bien, está en lo que la ley no dice; o mejor dicho, en los controles que la ley debería poner para que funcionarios y entusiastas del secretismo no puedan escudarse en arbitrariedades o antojos para ocultar información relevante y, peor aun, para amedrentar a quienes intentan revelarla.

Me explico. La información sobre irregularidades en el manejo de un presupuesto público no es ni puede ser secreta. Que los ciudadanos vigilemos que no se despilfarre los recursos estatales es un derecho elemental. ¿Pero quién controla que un funcionario no le ponga un sello rojo que diga ‘secreto’ o que emita una resolución que le otorgue discrecionalmente tal condición –cosa que ni siquiera se tomó el trabajo de hacer el ministerio pese a que las normas lo exigen–? Nadie. A diferencia de países como Uruguay o México, no contamos con una entidad independiente que fiscalice que los organismos del Estado faciliten el acceso de información pública y, llegado el caso, pueda desclasificar información indebidamente reservada.

¿Cómo controlamos que, luego de la revelación de datos de interés público, como por ejemplo, posibles delitos, no se tomen represalias contra el mensajero? No hay control, pues, a diferencia de países como Estados Unidos, Reino Unido o Colombia, nuestra ley no exonera de castigo a quien hace una revelación de este tipo (los llamados ‘whistleblowers’).

La ley –contrario a lo que muchos abogados y funcionarios piensan– no sirve solo para regular o limitar nuestros derechos, sino principalmente para controlar lo que pueden hacer aquellas personas a quienes les hemos encomendado cierto poder, es decir, para controlar al Estado.

Para evitar que en el futuro otros ministros de defensa de “la ley” se escuden en ella para restringir nuestro derecho a conocer información pública y a denunciar acciones ilícitas, sería bueno modificar la ley para hacerla más favorable a la transparencia. Una reforma a la que tanto el nuevo Congreso como el nuevo Ejecutivo podrían comprometerse.