¿Un fondo para mi (con el dinero del) país?, por A. García Miró

ALFONSO GARCÍA MIRÓ

Empresario

El miércoles 12 de marzo, El Comercio publicó el editorial “Un fondo para mi país”, en el que se sugerían las ventajas de crear un fondo soberano para invertir en el sector infraestructura.

Coincidimos en que el ahorro público, generado por los impuestos pagados con nuestro esfuerzo y sacrificio, debe invertirse de la manera más eficiente, transparente y segura y debe estar a salvo de tentaciones populistas. Coincidimos también en la necesidad de priorizar esfuerzos en el sector infraestructura si queremos convertir al Perú en un país del Primer Mundo durante nuestra generación.

No obstante, de un análisis más profundo sobre los riesgos de crear un fondo soberano con propósito sectorial surgen algunos dilemas.

Un primer dilema es cómo asegurar que el funcionario público sepa distinguir entre el concepto del “bien propio” y el concepto del “bien ajeno”, sobre todo en lo que se refiere a aquella “regla de oro” de no poner en riesgo recursos de terceros sin el consentimiento de ellos.

Quienes han logrado hacer lo anterior son, por ejemplo, las AFP, donde los fondos privados de pensiones son de propiedad de sus aportantes y cada uno de ellos es libre de elegir tanto la función de riesgo-rentabilidad que espera, como la empresa administradora y sus costos asociados.

En el caso del ahorro público, el hecho de que no esté contabilizado en cuentas individuales no quiere decir que no nos pertenezca. Esos recursos son propiedad de cada uno de los peruanos y, por lo tanto, debería ser nuestro derecho elegir el destino y el administrador de esos fondos.

Un segundo dilema es cómo garantizar que las decisiones del funcionario público respecto al destino de nuestros ahorros se sustenten en criterios objetivos, estén alineadas con el interés del ciudadano y nunca estén expuestas a las influencias del poder político.

Un tercer dilema es cómo seleccionar de manera neutral y justa los sectores económicos que podrán beneficiarse con el uso privilegiado del ahorro público.

Ciertamente existe una preocupación generalizada respecto al déficit de infraestructura, pero no hay certeza de que eso sea suficiente para que algún “iluminado” funcionario público decida por nosotros otorgar el privilegio de financiarse con el ahorro público.

Tampoco hay suficiente evidencia de que exista escasez de capitales privados para invertir en infraestructura. Distinto es que hayan proyectos muy riesgosos o poco rentables, que para ser viables requieran la participación del Estado, pues no sería justo hacer que el ahorro público asuma los niveles de riesgo y la rentabilidad incierta que el inversor privado no está dispuesto a asumir.

Además, dado que la infraestructura requiere una atención muy especial, ya se han creado mecanismos específicos como las APP. Altamente eficientes, las APP se financian con recursos privados y con recursos provenientes del presupuesto de inversión pública (flujo), no con los excedentes del ahorro nacional (‘stock’).

Países con excedentes relativamente altos de ahorro público (como el Perú y Venezuela) son siempre una tentación para establecer fondos soberanos que busquen resolver problemas nacionales. No obstante, algunas experiencias nos ayudan a entender mejor los extremos inconvenientes a los que se podría llegar con esas iniciativas.

En la Venezuela del siglo XXI, por ejemplo, devastada por el chavismo y conducida al abismo por Maduro, una parte de los fondos soberanos es utilizada con el “propósito social” de importar papel higiénico, algo parecido a lo ocurrido en el Perú durante el régimen de Velasco.

¿En ese espejo nos queremos volver a ver en un futuro los peruanos? No debemos dejar caminos abiertos que faciliten a los malos gobernantes llevarnos a destinos no deseados. Cuando se trata del ahorro ajeno, siempre es mejor ser prudente, dejar de lado la creatividad y volverse conservador.

Por lo demás, dado que el BCR es una institución neutral y sumamente competente sería un gran aporte a la institucionalidad dotarlo con un mandato permanente, con plena autonomía y con poderes suficientes para cautelar el ahorro nacional y convertirlo en un fondo soberano, pero sin más propósito que procurar la mayor rentabilidad a un riesgo razonable.

Para esto, el BCR podría seleccionar a las más sólidas instituciones financieras, nacionales e internacionales, que ofrezcan la mejor garantía y el más bajo costo por su administración. Los excedentes generados por los rendimientos de ese fondo soberano serían destinados según el criterio de un comité de inversiones que podría estar integrado por representantes del MEF, del BCR y de la sociedad civil, estos últimos elegidos por el foro del Acuerdo Nacional.

Se trata de una propuesta diferente, pero quizá mejor alineada al largo plazo con el interés de sus propietarios, que somos todos los peruanos.