Una mirada crítica a la empresa privada, por Gianfranco Castagnola

Hace unas semanas comentamos en esta columna una encuesta nacional urbana, dirigida a jóvenes de 18 a 29 años, encargada por Apoyo Consultoría a Ipsos para entender qué hacen, cómo se informan, cuán interesados están en política, cuáles son sus preferencias y qué piensan en temas económicos, sociales y políticos. Este grupo representará el 30% del electorado en el 2021. Por ello, su visión sobre la economía y la empresa privada es relevante. De la lectura de los resultados de la encuesta, queda claro que para quienes creemos en la inversión privada como motor fundamental para el desarrollo del país, hay un desafío por delante para revertir la percepción que se tiene sobre ella.

Empezando por lo positivo: la visión sobre la economía de mercado que tienen los jóvenes pareciera ser muy alentadora. Ante la pregunta de quién debe determinar los precios en una economía, un abrumador 78% considera que debe ser el mercado –esto es, la oferta y la demanda–. Solo 18% considera que deberían ser fijados por las autoridades. Es muy posible que los jóvenes hayan escuchado las historias de quienes fuimos testigos de dos décadas perdidas, responsabilidad del experimento socialista de la dictadura del general Velasco y del populismo heterodoxo del primer gobierno del presidente Alan García. La experiencia del chavismo en Venezuela –hasta no hace mucho aplaudida por gran parte de la izquierda local– seguramente también ha influido en su mirada.

Sin embargo, la respuesta a la pregunta de cuánta intervención del Estado debiera darse en la economía muestra posiciones diferentes. Los jóvenes se dividen en tres tercios: un tercio liberal, que quisiera una intervención mínima del Estado; un tercio medianamente intervencionista; y un tercio muy controlista. La aparente contradicción entre una juventud que cree en el mercado como asignador de recursos a través del libre juego de la oferta y la demanda pero que, a la vez, siente que necesita un rol interventor del Estado parece explicarse, al menos en parte, por su visión crítica de la empresa privada.

Ante la pregunta sobre qué tipo de empresas deberían predominar en nuestra economía, la gran mayoría (60%) quisiera que coexistieran empresas privadas y estatales; 31%, una mayoría de empresas estatales; y solo 7% una mayoría de empresas privadas.
Para entender qué había detrás de estas respuestas, Ipsos realizó ‘focus groups’ adicionales. Obviamente, esta percepción no nace de una admiración por la empresa estatal. Basta mirar los ránkings de las empresas más admiradas o de aquellas donde los jóvenes quisieran trabajar para constatar la pobre figuración de las empresas estatales.

De acuerdo a esos ‘focus groups’, los jóvenes tienen una visión crítica de la empresa privada por varias razones. Una primera está relacionada al impacto negativo de los escándalos de corrupción que se han destapado el último par de años: Lava Jato, el ‘club de la construcción’ y los audios del sistema judicial han pasado su factura.

A esto se suma que la calificación de “empresario” es usada en exceso cuando se trata de gente con dinero que ha cometido un delito. En segundo lugar, los jóvenes perciben que, en algunas situaciones, hay una asimetría entre el poder de las empresas y el de los consumidores y sienten una desprotección de sus derechos. Si bien Indecopi hace un esfuerzo relevante a través de su oficina de defensa del consumidor, la percepción como tal persiste. Seguramente casos públicos de colusión y concertación de precios han reafirmado esa percepción. Finalmente, la empresa privada tiene una imagen de evasora tributaria. Es posible que noticias sobre procesos tributarios judicializados –donde en varios casos notables, contrariamente a lo informado, no se trata de “deudas no pagadas” sino de impuestos y moras cuestionados por contribuyentes– influyan en esta noción.

Es claro que la relación de confianza entre la población y la empresa privada se ha deteriorado. Nadie que no tenga una venda ideológica en los ojos puede negar la inmensa contribución de la inversión privada al crecimiento y a la generación de riqueza, empleo e ingresos al fisco. Y también es cierto que muchas empresas privadas han realizado grandes avances en promover una cultura de integridad en su interior y están aplicando protocolos para asegurar su cumplimiento. La nueva normativa anticorrupción empresarial también apunta en esa dirección. Pero, como reflejan las encuestas, la sociedad –y los jóvenes– esperan más. Hay un enorme espacio para liderar iniciativas anticorrupción que los gremios deberían asumir.