Mecanismos para trabar ‘el mecanismo’, por Carlos Basombrío

En casos como los de Odebrecht o Los Cuellos Blancos del Puerto, la gente bien informada sospechaba que los delitos ocurrían de manera sistemática, mucho antes de que se lograra documentarlos. Lo mismo se puede decir de Los Temerarios del Crimen, en Lambayeque, y del ‘club de la construcción’: ambos confirman una corrupción sistémica en la obra pública que trasciende gobiernos.

El mecanismo es el siguiente: las empresas se ponen de acuerdo para repartirse las obras del año y cotizan con los precios más altos posibles para aumentar sus ganancias y repartir coimas. Se estima que entre el 2011 y el 2014 los sobornos pudieron llegar a los S/250 millones y que un ministro de Transportes, parte del cogollo de poder de la época, habría recibido US$17 millones de dólares.

En paralelo, el dinero público también es saqueado con otra modalidad, llamémosla ‘el mecanismo Lambayeque’. Este empieza en la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde los legisladores consiguen la asignación de obras específicas “para su región”. La verdadera motivación es obtener pagos ilegales por parte de las autoridades locales encargadas de definir quién hará la obra. Estas a su vez, al hacerlo tramposamente, obtendrán beneficios ilícitos de los empresarios beneficiados.

Muchas de estas obras se hacen bien, puesto que en ello radica la posibilidad de que el mecanismo continúe. Pero otras –digamos, por ejemplo, una de saneamiento en alguna localidad de La Libertad– se hacen pésimo y ocasionan un desastre, dejando a los “beneficiarios” peor que antes.

¿Es la corrupción un mal incurable? Lo es y no solo aquí. El objetivo debe ser que ocurra lo menos posible.

¿Qué es lo que no funciona? El discurso moralista. A los que quieren beneficios a costa del otro eso les importa un comino. Cuando veo a las 4x4 regresando del sur por el carril de emergencias o a las combis meterse por la vereda, me convenzo de que hay un sector de la población para el que la ley y los derechos de los demás no son un detente.

Tampoco sirven de mucho las instituciones estatales de control del gasto. Menciónenme, si no, un caso relevante que haya sido descubierto e investigado por las inspectorías, las oficinas de control o, incluso, la contraloría.

¿Qué funciona? Creo que una sólida formación familiar en valores, complementada en la escuela y alentada luego por el ejemplo de funcionarios y empresarios que no aceptan –bajo ninguna circunstancia– caer en el juego, disminuye el universo de corruptores y corruptibles. Seamos optimistas y pensemos que, si lo potenciamos, el autocontrol puede llegar en algún momento al 70% de los peruanos.

¿Qué funciona con los millones restantes? Que crezca el temor a ser capturado con las manos en la masa. Ello aún no ocurre. No fue un freno para otros gobernadores regionales o alcaldes la caída de mafias en Áncash o en Chiclayo. Casos recientes de generales de las Fuerzas Armadas o de la policía –y otros tantos ejemplos– parecen ratificar que todavía pocos escarmientan en cabeza ajena.

Mejorar la calidad y probidad de jueces y fiscales es un paso importante; pero no va ser fácil, ni ocurrirá pronto. Según el anterior presidente del Poder Judicial, lo que vimos en la Corte Superior del Callao se repite en otros 14 distritos judiciales.

¿Qué más hacer? Esta es mi contribución desde lo que conozco: investigar mejor para castigar más. Que sean más los que van a Lurigancho que los que se la llevan en carretilla.

Los ejemplos de la Diviac y, en su momento, de la Digimin con los exitosos megaoperativos indican que se requieren unidades de élite, altamente confiables y especializadas.

¿Qué características tienen estas unidades? Rigurosa selección del personal. Uso pleno de las facultades que les otorga la ley de crimen organizado. Absoluta reserva, incluso frente a otras unidades policiales que están “contaminadas”. Grupos operativos pequeños, con múltiples casos madurando. Certeza de que los gastos de inteligencia cumplen sus objetivos. Tecnología de punta. Buena coordinación con los sectores más sanos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Premios y bonificaciones especiales.

Una unidad anticorrupción (una de verdad) con 1.000 efectivos (menos del 1% de los policías) podría marcar la diferencia. ¿Qué se requiere? Decisión. Hay gente en la policía que reúne todos los requisitos y la inversión es razonable.

Ah, y encima es popular, algo que parece ser el argumento más poderoso en estos tiempos.