Vetocracia, por Roberto Abusada Salah

Apocos meses de elegir un nuevo gobierno, es difícil no deplorar el hecho de que, como tantas veces en nuestra historia, el Perú haya perdido la oportunidad de producir un despegue económico espectacular aprovechando las extraordinarias condiciones externas vigentes hasta hace poco tiempo.

Solo hubiera bastado emprender unas pocas reformas económicas y haber lanzado los megaproyectos que han quedado truncos para haber transformado todo nuestro horizonte de progreso. El potencial de crecimiento sería sustancialmente más alto, nuestra productividad seguiría creciendo y junto con ella el empleo y los ingresos. ¿Qué nos ha sucedido y qué podemos hacer para reavivar el crecimiento?

Una evaluación del desempeño de nuestra administración pública nos puede dar luces para entender las razones detrás de esta nueva oportunidad perdida. Tenemos un Poder Ejecutivo con una clamorosa carencia de liderazgo y visión de futuro, un equipo ministerial sin cohesión interna.

Además, un Congreso de ínfima calidad, caracterizado por el populismo, el conflicto y el escándalo; una administración central que ha abdicado de su rol rector de cara a los gobiernos locales y regionales, y una burocracia que ha convertido al país en lo que antes en estas páginas he llamado la “República del permiso”.

Lejos de tener un sistema político con simples pesos y contrapesos que garantice el control entre los poderes y eviten su concentración, tenemos hoy un Estado disfuncional en que el Congreso, los diversos ministerios, las instituciones reguladoras, los gobiernos locales y regionales y los llamados “frentes de defensa” tienen injerencia redundante legal o ilegal sobre las decisiones privadas y públicas. 

Servidores públicos y grupos de poder tienen hoy poder de veto sobre cualquier decisión pública o emprendimiento privado. Se ha creado una estructura enmarañada similar a la que definió el estadounidense Francis Fukuyama al describir las diversas instancias políticas sobrepuestas en distintos niveles de gobierno en el federalismo norteamericano que ponían en riesgo a la democracia, convirtiéndola en algo que él definió como ‘vetocracia’.

Tres ejemplos pueden ilustrar el grado de inoperancia en el que se encuentra nuestra administración pública. 

Primero. Se sabe que la delincuencia ha ido en aumento y se ha identificado que gran cantidad de crímenes se orquestan en los propios penales. ¿Es acaso concebible que tras cuatro años de habérselo propuesto el gobierno no haya conseguido instalar bloqueadores de celulares en todas las cárceles del país? El resultado son cuatro años en que asesinatos, secuestros y extorsiones se originan en las cárceles ante la mirada de un Estado indiferente e inerme.

Segundo. La línea 1 del metro ha colapsado por falta de material rodante. El daño que el propio gobierno reconoce se está infligiendo a la población desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho es enorme. El público espera en colas de más de una hora para transportarse de manera más rápida porque la alternativa es abordar uno o varios microbuses. Se requieren más vagones y duplicar la cantidad de trenes, algo en que el gobierno y el concesionario están plenamente de acuerdo. Existe un ministro de Transporte capaz y diligente, pero aun así las coordinaciones con diversas instancias en el gobierno se hacen interminables y se prolongan por más de un año. 

Tercero. Hace casi dos años sabemos que un requisito para la eliminación del visado para viajar a Europa es la emisión de pasaportes biométricos, que contienen en un chip la fotografía y las huellas digitales del portador. El Estado no ha podido concluir a tiempo un mero proceso de compra pese al vivo interés político puesto en este tema. Resulta que un simple proceso administrativo en el Perú ha resultado más complejo que el de toda la burocracia europea que debió coordinar acciones entre nada menos que 28 países. Mientras tanto, los colombianos, quienes iniciaron este proceso a la vez que nosotros, emiten desde setiembre los pasaportes biométricos y viajan sin restricciones a Europa desde inicios de este mes.

Con este nivel de trabas que ni el Estado puede sortear, es de un particular humor negro hablar de resolver problemas verdaderamente importantes como el de la informalidad o la caída en la inversión.

Toda la maraña administrativa debe desmontarse por completo y diseñar desde sus cimientos una nueva, simple, efectiva, transparente y predecible estructura administrativa del Estado en que se elimine el irregular veto de un funcionario o grupo de presión a lo largo de lo que hoy es una interminable cadena de trámites.