Editorial: Caída de Cabello

En enero del presente año el diario español “ABC” publicó un artículo en el que señalaba que el número dos del Gobierno Venezolano y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, estaría involucrado en una vasta red de tráfico de drogas. La información ha sido ahora validada por el diario estadounidense “The Wall Street Journal”, que cita fuentes anónimas del Departamento de Justicia de Estados Unidos a partir de pruebas ofrecidas por más de una docena de ex narcotraficantes y desertores del Ejército venezolano.

Según el informe periodístico, las autoridades estadounidenses, a través de su agencia para el control de drogas, estaría trabajando en un robusto caso basado en información proporcionada por personas cercanas a la cúpula militar venezolana, entre ellas el ex jefe de seguridad del señor Cabello. La fuente citada por el diario afirma: “Existe suficiente evidencia para justificar que Cabello es uno de los cabecillas, si no el líder del cártel”.

Ante estas acusaciones, la reacción de Cabello no se ha hecho esperar. Tras haber demandado en tribunales venezolanos a tres medios locales por publicar la denuncia del diario español y lograr que por ello se imponga una prohibición de salida del país a 22 de sus directivos, el presidente de la Asamblea Nacional dirige ahora sus esfuerzos a iniciar acciones legales contra la fuente de la noticia en los países de origen de estos diarios. El señor Cabello indicó, además, que “no retrocederá ni un milímetro” en sus empeños.

Que los representantes del gobierno busquen amedrentar a la oposición y silenciar a sus detractores y a la prensa independiente es una práctica común en el régimen chavista (máxime cuando las acusaciones recaen sobre una de sus cabezas). Así, abundan denuncias a medios privados acusados de ser parte de una conspiración, cuyo fin es dañar a la nación y la reputación de su gobierno. No es de extrañar, entonces, que la opinión del presidente Nicolás Maduro sobre la lectura de uno de los diarios venezolanos involucrados en la demanda sea equivalente a “comprar ácido muriático y desayunar con eso todos los días”.

Así las cosas, solo en los últimos dos años, decenas de medios escritos se han visto forzados a cerrar sus puertas debido a presiones del gobierno, que les negó el acceso a divisas para adquirir papel. Como complemento, la censura en Venezuela ha forzado sanciones y el cierre de estaciones de radio y canales de televisión independientes y la ola de protestas en contra del presidente dejó el año pasado un saldo de más de 100 periodistas detenidos, amenazados o agredidos. Todo esto, además, respaldado por un sistema judicial intervenido cuya independencia –según el Foro Económico Mundial– ocupa el último lugar entre los 144 países estudiados. 

Los ataques contra la libertad de expresión del régimen venezolano se sostienen por este resguardo judicial y buscan ahora traspasar las fronteras. Lo cierto, sin embargo, es que la justicia en el resto del mundo no responde a los mismos ideales de la revolución bolivariana, ni el alcance del Poder Judicial venezolano llega más allá de donde se tranzan bolívares devaluados. En países democráticos, son las autoridades que presentan indicios de actos delictivos las que son procesadas; no el mensajero. 

Informar sobre la presunta relación de Cabello con un cártel dedicado al tráfico de drogas basándose en un trabajo de investigación periodística de fuentes confiables no es solo un derecho del que debe gozar la prensa independiente. Es, más bien, una expresión del deber de fiscalización que cumple el periodismo serio cuando los órganos de control interno no cumplen adecuadamente con su labor. De hecho, ante la coacción a la prensa local y el mutismo de los gobiernos de países de la región frente los atropellos del régimen chavista, son justamente este tipo de trabajos de la prensa internacional los que pueden ayudar a exponer a la actual administración venezolana por lo que en verdad es: una dictadura a la que cada día le cuesta más mantener la careta.