Editorial: Interpretación (auténticamente) golpista

La noticia de que el Tribunal Constitucional (TC) habría resuelto, por 5 votos contra 2, declarar parcialmente inconstitucional la llamada ley antitransfuguismo, aprobada por el Congreso en octubre pasado, despertó una ola de reacciones de todo calibre.

Por un lado se encuentran los comentarios sobre la forma en que el congresista Gilbert Violeta accedió al sentido final del fallo que divulgó este martes en su cuenta de Twitter, y que se suma a la serie de circunstancias irregulares que el dirigente ppkausa aún tiene pendiente de esclarecer. Y por otro, están las reacciones sobre el fondo de la sentencia (cuyo contenido exacto todavía se desconoce) y los efectos que esta tendría para la representación parlamentaria.

Tratándose de una norma controversial que había determinado la imposibilidad de que algunos congresistas disidentes de una bancada pudieran ejercer derechos como los de integrar una nueva, presidir una comisión o conformar la mesa directiva, era previsible que la sentencia del TC generara polémica, cualquiera fuera su sentido. Más aun, cuando una declaratoria de inconstitucionalidad podría repercutir en la distribución de fuerzas en el hemiciclo.

Aun en esta tesitura, algunas reacciones de representantes de Fuerza Popular (FP) y el Apra han causado alarma, principalmente, porque traslucen el significado que para algunos legisladores pueden tener ciertas nociones básicas de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho.

“Lo que ha hecho el TC es actuar de manera golpista y antidemocrática”, ha señalado la congresista de FP Karina Beteta. El legislador aprista Mauricio Mulder, por su parte, llegó al extremo de comparar al TC peruano con el Tribunal Supremo venezolano controlado por la dictadura chavista: “No me extraña [el fallo], en realidad, porque el TC es un tribunal de pacotilla, de ellos se puede esperar cualquier cosa […]. Para mí ese tribunal es como la Corte Suprema de Venezuela, que suplanta al Parlamento”. Y deslizó además la idea de desacatar el fallo constitucional. “Lo que creo es que ese fallo no se puede cumplir”, anotó, en consonancia con su colega de bancada Javier Velásquez Quesquén, quien había afirmado recientemente: “Acataremos lo que podamos acatar, pero un órgano extraño de ninguna manera puede organizar la vida interna del Parlamento”. Con ello, Mulder y Velásquez Quesquén han dejado entrever que podrían desobedecer un mandato del máximo tribunal que tuviera efectos sobre la constitucionalidad del reglamento interno del Congreso.

Las declaraciones aquí citadas son, ciertamente, preocupantes. Por un lado, porque revelan una grosera ignorancia de conceptos elementales de nuestro ordenamiento constitucional que todo legislador debería conocer y respetar, como que el reglamento del Congreso tiene rango de ley y por lo tanto es pasible de control de constitucionalidad, que el TC es el órgano máximo de control de la Constitución, y que sus fallos “deben ser cumplidos por las diferentes entidades públicas, así como por la ciudadanía en general”, como ha tenido que recordar el propio intérprete constitucional en un comunicado publicado el día de ayer.

Y, más importante aun, porque traslucen un entendimiento bastante peligroso sobre lo que consideran “golpista” o “antidemocrático”, que sería, al parecer, todo aquello con lo que no están de acuerdo.

Fuerza Popular, en particular, debería ser especialmente cuidadosa en esta materia. Ello pues hace 20 años, el fujimorismo dio una penosa exhibición antidemocrática cuando incumplió una resolución del TC en el caso de la “ley de interpretación auténtica”, que permitió la inconstitucional re-reelección de Alberto Fujimori, y desde el Congreso, en una clara vulneración al principio de separación de poderes, destituyó por ello a tres magistrados del Tribunal Constitucional, en un hecho que fue calificado como una violación de derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esperamos, entonces, que las declaraciones de los parlamentarios no hayan sido más que un exceso de vehemencia y que en el futuro dejen de lado este tipo de “interpretaciones auténticas”, que no hacen más que poner en tela de juicio su vocación democrática.