Editorial: Peregrinación a la Mega

En la bancada de Fuerza Popular (FP) parece existir en estos días una cierta ambigüedad con respecto a la idea de formar una o varias comisiones especiales para investigar distintos aspectos de la gestión humalista que acaba de terminar. 

Antes de ayer, después de que el congresista Rolando Reátegui hubiese presentado días antes una moción para la creación de una comisión multipartidaria que auscultase las denuncias de usurpación de funciones que pesan sobre Nadine Heredia, el vocero alterno del referido grupo parlamentario, Daniel Salaverry, declaró que iban a pedir al pleno que cada comisión ordinaria se abocase a investigar los temas del gobierno pasado relacionados con su especialidad (la línea 2 del metro en Transportes, los gastos militares en Defensa, etc.) y que los casos de “índole política” quedasen reservados para la comisión de Fiscalización. Las megacomisiones “provocan gasto al Estado y no son tan eficaces”, sentenció. Y con ánimo dicharachero agregó: “Quien mucho abarca, poco aprieta”.

Menos de 24 horas después, sin embargo, el vocero titular de la conformación parlamentaria fujimorista, Luis Galarreta, habló de “un comentario equivocado de algún miembro de la bancada” y anunció que “sí hay temas específicos que tendrán que ir a dos o tres comisiones investigadoras”. Y si bien sostuvo que el temperamento de las otras bancadas sería gravitante para determinar lo que finalmente habrá de ocurrir en esta materia, es obvio que la opinión decisiva les corresponderá a ellos, pues la mayoría que ostentan en el Legislativo es absoluta.

Asumiendo, pues , que no habrá más contramarchas al respecto, todo parece indicar que tendremos una o varias comisiones netamente políticas dedicadas a revisar el proceder de la administración anterior en más de un terreno. Y decimos ‘políticas’ por el prurito de denuncia sobre la situación dejada por el humalismo saliente que dominó la disposición de FP a dar o negarle la confianza al Gabinete Zavala el día de su presentación ante el Congreso.

Así las cosas, es legítimo temer por la efectividad del esfuerzo. Como demostró la megacomisión formada en el Parlamento anterior para investigar la última gestión aprista, aquello puede terminar siendo más una puesta en escena para atraer las cámaras que una jornada efectivamente esclarecedora, y las consecuencias legales que se derivan de ella tienden a ser escasas, cuando no inexistentes.

Con las cortapisas que supone haber trasladado milimétricamente la concepción del ‘debido proceso’ que rige en el foro judicial al foro parlamentario, además, el margen de lo susceptible de ser establecido en esa instancia es aun menor. Pensemos, por ejemplo, en las posibilidades reales de fijar de un modo inequívoco –y por eso mismo, más tarde sancionable– la pretendida usurpación de funciones que se le atribuye a la ex primera dama.

Lo más probable es que se consiga una colección de testimonios verosímiles al respecto y nada más. Y eso alcanzará, como decíamos, para mellar políticamente al nacionalismo y a la pareja que lo lidera, pero no para encauzar a persona alguna. Una tarea que sí debe emprender –y fuera del ruido político– el Ministerio Público y el Poder Judicial a raíz de los serios indicios de acciones potencialmente delictivas que rodean a la administración humalista.

La formación de comisiones de esa naturaleza, en consecuencia, da la impresión de ser una peregrinación obligatoria o simbólica; es decir, el cumplimiento de un acto ritual, antes que el empeño por contribuir a que se haga justicia a propósito de hechos eventualmente delictivos. Y eso, a la larga, ocasiona el manoseo de una causa tan necesaria para la salud del Estado como la de la lucha contra la corrupción.    

Pensándolo bien, entonces, quizá sí valga la pena que el fujimorismo considere una última contramarcha, porque esta peregrinación podría resultar ociosa y contraproducente.