Editorial: La prevalencia de la informalidad

Esta semana finalmente la autoridad electoral, representada por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, admitió la inscripción de Julio Guzmán como el candidato de Todos por el Perú (TPP) a las próximas elecciones presidenciales. Como se sabe, esta inscripción había sido inicialmente observada porque el partido no había cumplido sus propias reglas de democracia interna para elegir al señor Guzmán como su candidato. Estas reglas habían sido violadas tanto cuando se cambió el estatuto del partido como cuando se eligió a los miembros del tribunal nacional electoral, la máxima autoridad interna para conducir el proceso de elección del candidato del partido.

De los dos principales argumentos dados por el JEE al menos uno es claramente lamentable y augura mal para el futuro de nuestro proceso de institucionalización electoral el que haya sido usado oficialmente. El otro –que TPP realizó luego una asamblea de sus miembros que convalidó todas las faltas cometidas en el proceso de selección del candidato– tiene más peso (si bien, denotando una preocupante tendencia hacia el descuido a la hora de lidiar con la ley electoral, esa asamblea parece también haberse celebrado, además de fuera de plazo, con problemas de convocatoria y asistencia similares a los que crearon el problema en el proceso de selección del candidato en primer lugar).

El argumento claramente lamentable al que nos referimos dice así: el derecho a la participación política pesa por encima de las normas infringidas. Argumento con el que fácilmente se puede dejar sin valor absolutamente cualquiera de las regulaciones que existen para canalizar el ejercicio de los derechos fundamentales. Como bien lo argumentó nuestro columnista Federico Salazar en estas páginas el domingo pasado, con la misma razón esgrimida por el JEE a todos se nos tendría que permitir votar sin DNI pues es evidente que, puestos frente a frente, el derecho a votar de los ciudadanos tiene que “prevalecer” sobre su obligación de llevar DNI a la hora de hacerlo.
Este argumento de la prevalencia venía siendo ampliamente difundido ya desde antes que el JEE se pronunciase. Para este efecto, las normas violadas han sido continuamente calificadas con nombres como estos: “formalidades”, “requisitos administrativos”, “pequeñas cositas”.

Como todo buen abogado sabe, sin embargo, las reglas que sirven para determinar los quórums, las mayorías y las maneras en que forman su voluntad (por ejemplo, la de decidir quién los representará) los entes asociativos, no son formas vacías. Están ahí para tutelar intereses legítimos (como también lo está, por cierto, la obligación de llevar el DNI al momento de votar). Intereses legítimos, como, por ejemplo, el que cada miembro del ente tenga el mismo peso –o, en todo caso, el que le da los términos en que se asoció con los demás (el estatuto)– a la hora de determinar lo que será la voluntad del conjunto. En otras palabras, son normas que buscan que al decidir la voluntad del conjunto no se violen los derechos de algunas de las partes que lo forman. Y que, por tanto, las decisiones que se tomen no estén manchadas por una sombra de irrepresentatividad e ilegitimidad.

Por otro lado, esto que es importante en una asociación cualquiera, lo es aun más, si cabe, en esas asociaciones particulares que son los partidos políticos. Quien no respeta las reglas de su democracia interna, ¿qué puede prometer respecto de las de la democracia nacional? Ciertamente, ha sido un mal inicio para un candidato que quiere representar un sistema político más serio e institucional y que incluso ha señalado públicamente que “en el Perú hay menos partidos institucionales de los que uno cree”, comenzar su entrada oficial al mismo de una forma tan chicha e informal.

Finalmente, no parece ser una buena excusa la que también se ha dado profusamente en el sentido de que, ya que no tenemos verdaderos partidos, intentar aplicar a los cascarones que existen una serie de normas que asumen que sí los tenemos constituye un acto de necedad e hipocresía. Después de todo, mientras las normas que intentan institucionalizar nuestros partidos, por muy imperfectas que sean, son siempre tratadas como manifiestos saludos a la bandera, ¿podremos aspirar alguna vez a comenzar a institucionalizar nuestra política?

Si el señor Guzmán quiere efectivamente representar una nueva manera de hacer política en el Perú, tendrá que proceder con mayor seriedad en ese futuro electoral, que luego de haberse librado de las consecuencias de este criollada inicial, se abre frente a él. Siendo el candidato que a la fecha ocupa el segundo lugar en los sondeos de intención de voto –y teniendo un perfil personal del que acaso puedan venir sorpresas positivas–, por el bien de todos esperamos que así lo haga.