Ayer sostuvimos en este espacio que la forma en la que el Congreso ha ido cociendo la elección de seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) llama a la sospecha, particularmente por la forma como se han constreñido los plazos (se han tomado cinco días para una actividad que, en la última década, ha tardado en promedio 91) y por la inclusión de postulantes cuestionados por su relación con los magistrados de los CNM audios.
Lo anterior, como es previsible, ha despertado algunas alarmas entre la ciudadanía… pero también las reacciones de ciertos políticos que, en realidad, parecen querer llevar agua para su cosecha con declaraciones más grandilocuentes que sensatas.
Un ejemplo de esto es lo dicho ayer por el presidente Martín Vizcarra. “Los peruanos queremos dejar atrás esa realidad donde los acuerdos se toman entre cuatro paredes y a espaldas del pueblo”, sentenció el mandatario, en clara alusión al proceso que se viene tramitando en el Parlamento.
Como es obvio, sin embargo, que cinco o seis bancadas lleguen a un entendimiento para respaldar en el pleno a determinado número de aspirantes al TC no es una componenda ni una conjura. Es, antes bien, el tipo de esfuerzo que la Constitución demanda al exigir 87 votos para nombrar a cada magistrado.
Los candidatos al TC pueden ciertamente presentar problemas insalvables para integrarlo, pero estos no se hacen invisibles a raíz del tipo de reunión en la que se los seleccionó. Como se ha demostrado, basta su divulgación para que tales problemas afloren y se encarguen de dejar a los postulantes fuera de carrera.
Tan recurrente es esta práctica de lograr “acuerdos entre cuatro paredes y a espaldas del pueblo” que el propio presidente, al satanizarla, olvida que él mismo la hizo suya, por ejemplo, en sus reuniones subrepticias con Keiko Fujimori y otros líderes de Fuerza Popular cuando aún era vicepresidente, y con las autoridades de Arequipa para suspender la licencia de construcción de Tía María.
Criticar el proceso de selección del TC es razonable en una democracia. Pero impugnar su legitimidad calificando los acuerdos de quienes no comparten el punto de vista del presidente como componendas, no.