Indecopi vs. los sith, por Andrés Calderón

En el inicio estuvo Yonhy (Lescano). En el 2011 lo acompañó Jaime (Delgado), y desde el 2016 Juan Carlos (Gonzales). Parece haberse hecho costumbre tener dos “defensores” del consumidor en el Parlamento. Siempre dos hay. No más. No menos. Como los sith.
Lescano y Gonzales son los autores de sendos proyectos de ley que deben ser los más nefastos que recuerde en mucho tiempo (con el perdón de Jaime Delgado), tanto para el Indecopi como para los consumidores.

Usted, diligente lector, seguramente ha visto o usado un libro de reclamaciones. Si tiene algo que reclamar al banco, al restaurante o a su lavandería, llena una hojita del libro, se lleva una copia y su proveedor debe responderle ahí mismo o hasta en 30 días. Si no le da respuesta o esta no le satisface, puede denunciarlo ante el Indecopi. La institución pública también puede fiscalizar de oficio a cualquier empresa, de manera aleatoria, y pedirle sus libros de reclamaciones para ver si cumple la ley.

Evidentemente, a nadie se le ocurriría que el Indecopi se pusiera a revisar cada uno de los millones de reclamos y quejas que se escriben en estos libros. Corrección. Se les ocurrió a dos congresistas populistas, Lescano (Acción Popular) y Gonzales (Fuerza Popular).
El pleno del Congreso recientemente ha aprobado las iniciativas de Lescano y Gonzales que hacen que cada una de los más de dos millones de empresas que hay en el Perú remita copia de todo reclamo que reciba en sus libros. Además, el Indecopi deberá tomar acciones, al parecer, respecto de cada uno de estos reclamos e informar al respecto en su página web.

Para quien jamás ha pisado el Indecopi o ni siquiera le importa saber cómo funciona, quizá –pero añadiéndole falta de sentido común– pueda sonarle romántica la idea de que la entidad pública se ponga a revisar cada uno de los miles de reclamos que se generan día a día. Total, “el cliente siempre tiene la razón”, ¿no?

No. De hecho, normalmente el cliente no tiene la razón. La estadística más reciente del Indecopi (abril 2016-marzo 2017) muestra que solo el 34% de las denuncias de consumidores (ante CPC y OPS) son declaradas fundadas, y el 3% termina con algún acuerdo entre consumidor y proveedor. El 63% de las veces el cliente no tiene la razón.

¿Por qué hay tantas denuncias sin fundamento? Porque los denunciantes tienen poco que perder. Según la ley, el consumidor no tiene que pagar los costos del proceso aun cuando su denuncia no tenga sustento. No tiene que reembolsar lo que gastan el Estado y la empresa denunciada. Desde hace años sostengo que la ley debe cambiar (“Perú económico”, 2012). Dado que denunciar cuesta muy poco (S/36), se produce un exceso de denuncias.

Presentar un reclamo cuesta S/0. Pronostique usted, matemático lector, qué porcentaje de los millones de reclamos que Lescano y Gonzales quieren que Indecopi revise, uno por uno, no tendrá asidero.

El Indecopi ha calculado que el antojo de nuestros “populistas del consumidor” puede costarle, en costos operativos y funcionales, S/410 millones. Es decir, 11 veces el presupuesto actual del sistema nacional de protección al consumidor.

Pero la factura es aun mayor. Al sobrecargar al Indecopi en tareas absurdas, lo más probable es que la institución no tenga tiempo ni recursos para dedicarse a tareas verdaderamente útiles para la sociedad, como detectar los engaños masivos a consumidores, sancionar los cárteles de precios o eliminar las barreras burocráticas.
Lescano y Gonzales, con la venia de sus distraídos colegas, pueden terminar por convertir a la isla de eficiencia que alguna vez fue el Indecopi en algo peor que el Poder Judicial.