Partidos por impuestos (4), por Carlos Meléndez

Una de las medidas más impopulares y polémicas de la regulación política es el financiamiento público de los partidos. Las autoridades electorales exigen al erario nacional –solo para el 2017– S/15 millones para destinarlos a actividades de capacitación y entrenamiento de aquellas organizaciones que pasaron la valla electoral. Los reformólogos bendicen tal disposición aun a sabiendas del rechazo que genera en gran parte de una ciudadanía ya desafecta. “Tener buenos partidos cuesta”, aducen, como si dichos tributos garantizaran ipso facto partidos modernos, democráticos y transparentes. ¿Está usted dispuesto, estimado contribuyente y ciudadano republicano, a que se financien de su bolsillo actividades de formación de fujimoristas y frenteamplistas, por citar unos ejemplos?

Continuando con el paquete de reformas bicentenario, propongo adoptar un sistema de financiamiento partidario que denomino “partidos por impuestos”. La idea es emular el modelo de “obras por impuestos” que ha permitido canalizar los tributos de empresas privadas para llevar adelante proyectos de infraestructura social ahí donde el Estado ha mostrado ineficiencia. Así, determinadas actividades partidarias –específicamente de reflexión programática y el enraizamiento territorial– serían financiadas por contribuciones de corporaciones privadas, descontadas de sus tributaciones al Estado.

Los partidos, a su vez, deducirán de su financiamiento público asignado el valor del proyecto patrocinado por la empresa. La ventaja es que el sistema alternativo determina con precisión el origen y el destino de los recursos (privados) y permite acercar el mundo empresarial al partidario de una manera transparente y controlada, bajo la supervisión de la contraloría.

“Partidos por impuestos” se empleará para financiar proyectos de ‘think-tanks’ partidarios (nacionales y descentralizados) que cumplan funciones de elaboración de propuestas programáticas y asesoría legislativa; institutos –articulados a los partidos– conformados por tecnócratas y especialistas en políticas públicas, que enriquecerán el debate nacional. Los partidos –en coordinación con la ONPE– deberán elaborar sus perfiles de ‘think-tanks’ –asentados en la capital o en regiones–. (Así –disculpen la elucubración– Fuerza Popular podrá erigir el Instituto de Estudios Constitucionales Torres y Torres Lara, y el Frente Amplio el Instituto de Estudios del Sur Andino con sede en Cusco. Peruanos por el Kambio podrá descentralizar su Instituto Perú, mientras el Apra y Acción Popular podrán crear centros de estudios municipales con sus recaudos regionales).

Estas iniciativas serían auspiciadas voluntariamente por empresas interesadas en agendas nacionales o regionales que sintonicen con los enfoques de determinados partidos. A su vez, las organizaciones políticas partidistas tendrán incentivos para transparentar su recaudación de fondos, ya que se desalientan las contribuciones “por debajo de la mesa”.

Para evitar la concentración de recursos en unas cuantas organizaciones políticas, cada empresa que se adhiera al sistema propuesto deberá financiar proyectos de, al menos, dos partidos políticos. Este mecanismo no inhibe otro tipo de contribuciones del sector privado (a actividades proselitistas, por ejemplo), pero resta validez al modelo tradicional de financiamiento público, intragable en una sociedad con la política tan desprestigiada.