Protestas en Perú: dictan prisión preventiva contra 22 personas por actos vandálicos

El Ministerio del Interior (Mininter), a través de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, informó que un total de 22 personas fueron sentenciadas a prisión preventiva por actos vandálicos durante las protestas registradas en el país y que tienen entre sus principales demandas la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de Elecciones.

La entidad adscrita al Mininter consiguió prisiones preventivas de entre uno y 18 meses para estas personas mientras son investigados. Los procesos que están en curso, en estos 22 casos, responden a sucesos ocurridos en los departamentos de Puno, Ucayali, Ica, Cusco y Arequipa.

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Además, otras 27 personas fueron sentenciadas solo en Ica por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.

Estas personas fueron plenamente identificadas como autoras de la toma de carreteras en esta región sureña. Por ello, recibieron sentencias condenatorias por encima de los tres años de pena, y están obligados a pagar reparaciones civiles por un monto superior a los S/ 50.000.

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En estos casos no se produjo la prisión efectiva de los sentenciados debido a que, ante las evidencias que los incriminan, se acogieron a la terminación anticipada, logrando así la obtención de sus sentencias sin mayores dilaciones.

Labores preventivas

Hay que indicar, en este contexto, que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, perteneciente al Mininter, ejecuta una labor preventiva en las diferentes ciudades del país afectadas por las protestas ciudadanas de los últimos meses, trabajando de la mano de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía.

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Asimismo, realiza acciones para advertir, notificar y exhortar a los organizadores de las manifestaciones a no cometer delitos y respetar el orden público durante sus movilizaciones.

También tienen a su cargo realizar el levantamiento de los informes y proceden a la respectiva visualización de pruebas, con el objetivo de recomendar al representante del Ministerio Público la solicitud de prisión preventiva a quien corresponda.