¿Cuáles son los líos judiciales que han generado conflictosen Tumán?

El Séptimo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratificó ayer, a través de la resolución 568, a Wigberto Cabrejos Flores, quien pertenece al grupo Oviedo, como presidente del directorio de la azucarera Tumán. Esta medida dejó sin efecto la resolución del Juzgado Mixto Unipersonal de Bongará (Amazonas), emitida el 24 de mayo, que disponía la reinstalación de los administradores judiciales Martín Martínez Valdivieso y Daniel Rioja Sánchez, representantes de un grupo de trabajadores y jubilados que intenta asumir el control de la compañía.

La resolución fue emitida ayer justo cuando el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, se reunía con representantes de su sector en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en la ciudad de Chiclayo, para analizar el caso.

“El tema Tumán ha desbordado el ámbito de competencia del Poder Judicial, se ha vuelto casi inmanejable. Existen resoluciones contradictorias emitidas en Lambayeque y Amazonas. Tenemos la opinión que las resoluciones que tienen mayor legitimidad son las que se emiten en el lugar donde se producen los problemas entre las partes. En otras palabras, como una apreciación, deben primar las emitidas por jueces de Lambayeque”, opinó Rodríguez al término de la reunión.

La resolución 568, emitida ayer por la jueza Karina Fabián Palomino, causó indignación en el grupo de trabajadores y jubilados, quienes rechazan la presencia de Wigberto Cabrejos Flores, cercano al empresario Edwin Oviedo, quien además es presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Tras conocer la resolución, un grupo de trabajadores protestó en Chiclayo. “Desde la mañana nos habíamos reunido con las autoridades pertinentes para encontrarle solución al conflicto, pero esta jueza ha desbaratado todo”, dijo Salaquiel Marrufo, asesor legal de esta administración.

—Idas y vueltas judiciales—
La resolución de la jueza Fabián Palomino no solo declaró inejecutable la medida cautelar emitida por el juzgado de Amazonas. También restableció “todas las facultades” del directorio presidido por Wigberto Cabrejos y dejó sin efecto la solicitud del Juzgado de Paz Letrado de Tumán, que el 31 de mayo pidió a la Policía Nacional del Perú que dé las garantías de ley para la instalación de los administradores judiciales que representan a los trabajadores y jubilados.

“Mediante esta última resolución, la jueza está ordenando la prevalencia de sus resoluciones frente a las resoluciones ilegales dictadas por el juzgado de Amazonas”, dijo el asesor legal del grupo Oviedo, José Carlos Isla Montaño.

Sin embargo, la resolución 568 no se pronuncia respecto a la solicitud emitida por el Primer Juzgado Civil de Chiclayo, que el 31 de mayo pidió garantías para la instalación de otra administración judicial, integrada esta vez por Segundo Ordinola Zapata y Gerardo Ojeda Pimentel, también vinculados al grupo Oviedo.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque, Julio Hidalgo, pidió el cese de la violencia en Tumán, pero a la vez admitió que la serie de resoluciones en favor de ambas partes “ha generado incertidumbre e inestabilidad jurídica”. Según dijo Hidalgo, “Tumán vive en proceso judicial desde hace 24 años”.