"Defiendo el derecho de una persona de 80 años a morir en paz"

No se considera un antifujimorista, sin embargo, participó en la “Marcha de los 4 suyos” y dio defensa legal gratuita a los jóvenes que, ese julio del 2000, fueron arrestados por manifestarse y gritar fraude a la tercera elección del entonces presidente Alberto Fujimori.

“Nunca he sido anti de nada. En todo caso, he sido un antidictadura”, dice Miguel Pérez Arroyo, el flamante abogado designado por el ex mandatario para que lo defienda ante la Corte Interamericana de DD.HH. (Corte IDH).

Si uno revisa la trayectoria de este penalista de 45 años, ha sido sido cercano a Perú Posible y Solidaridad Nacional [partido por el que postuló al Congreso en el 2016]. 

Fue abogado de los ex congresistas Jesús Alvarado y José Luna Gálvez, ex peruposibilista y ex solidario, respectivamente. Y, por si fuera poco, se considera alumno del juez supremo César San Martín [presidente del tribunal que condenó a Fujimori], con quien publicó un libro sobre Derecho Penal en noviembre del 2014.

Pérez dice que conoció a Alberto Fujimori por un libro que publicó en el 2011 sobre la sentencia Barrios Altos y La Cantuta. Lo hizo con el apoyo de colegas tan críticos al ex mandatario como el ex procurador Ronald Gamarra, defensor de las víctimas de los casos antes mencionados. 

El abogado cuenta que el ex mandatario le pidió que lo visitara a la Diroes a inicios del 2016 para que le explique su opinión acerca de la sentencia. Ante de ir, dice que le pidió permiso a San Martín.

Pérez afirma que inició los trámites del indulto a fines de noviembre. No cree que defender ahora a Alberto Fujimori sea una paradoja. “Estoy defendiendo el derecho de una persona de 80 años a morir en paz”, dice. Por tal razón, considera que la Corte IDH no puede anular el indulto a su defendido. Asegura que el tribunal “debe de priorizar el derecho de una persona a morir con dignidad”.

-¿No será que tiene un interés político de integrar una futura lista parlamentaria con el fujimorismo?
A ver, porque alguien asume la defensa de un político va tener siempre ambiciones políticas, no le veo mucho sustento. Finalmente, si uno quiere hacer lo que sea, lo hará en los mejores circunstancias que vengan a partir de lo que hace.

-¿Entonces es posible que lo veamos como un futuro candidato?
No. No lo creo pero si es así no tendría nada de malo. Yo soy jurista y técnico en temas legales. Y siempre mis defensas se han caracterizado por absolutamente objetivas.

-¿Usted es antifujimorista?
Nunca he sido anti de nada. En todo caso, he sido antidictadura.
Mi defensa no es negacionista.

-¿Quiere decir usted que el régimen de Fujimori fue una dictadura?
Si digo que no soy negacionista, digo todo, ¿no?

-Si antes creía eso, ¿por qué defender ahora a Fujimori?
Yo no paso de una orilla a otra en función a temas personales, sino circunstanciales. En ese momento, se veía una situación distinta a la de ahora. Uno pelea por valores no contra personas. Ahora estoy defendiendo el derecho de una persona de 80 años a morir en paz. Y en las últimas veces que lo visité [en la Diroes], me fui convenciendo de la necesidad que debía salir en prisión.

-Hablemos de la audiencia que ha fijado la Corte IDH para el 2 de febrero, en la que analizará el indulto a Fujimori. ¿Es consciente que no hay antecedentes en el tribunal de un abogado, que no sea del Estado o las víctimas, haya participado en una audiencia?
Sí. Es verdad. Es la información que tengo. Pero también sé que existe una normativa en el reglamento de la Corte que abre la posibilidad de que participemos. Y justamente, apelando a eso, se solicitó hace un par de días el hecho de formar parte de esa audiencia.

-¿Cuál es ese derecho que alegan?
Se le conoce como litisconsorcio pasivo facultativo. Quiere decir que si uno demanda a una persona y eres parte con esa persona de un proceso, pero resulta que esa última persona puede tener una obligación con otra, que en términos procesales puede ser vinculado con el proceso. Pero esa persona no ha sido demandada. Sin embargo, puede presentarse en la audiencia como litisconsorte.

-Pero las posibilidades de que no sea aceptado son muy altas.
Si se trata de una Corte de Derechos Humanos, entonces tendrá que prevalecer los derechos humanos antes que la formalidad. Por ejemplo, ¿cómo explica la Corte el hecho de que hay cientos, miles de peticiones, en situaciones diversas, que están esperando, dos, tres cuatro, cinco años? Pero en este caso [el de Barrios Altos y Cantuta] al mes responden y dicen que harán una audiencia de supervisión.

-¿Para usted, la Corte tiene un sesgo?
Hay una decisión política. Siempre cuando se trabajan temas de esta naturaleza, hay siempre, lógicas de subjetividades. Es imposible quitarle a esas personas ese filtro con el cual evalúan a las personas. Lo que buscamos es objetivad.

-¿La Corte IDH puede anular el indulto?
No. El tribunal lo que hará es una audiencia de supervisión de los compromisos que asumió el Estado en la sentencia de los casos Barrios Altos y la  Cantuta. Estos compromisos son de no impunidad, de facilitar la investigación, el proceso, la sanción. También está el hecho de no amnistiar y de no eximir de responsabilidades. El indulto no afecta ninguna de esas situaciones. Porque en el indulto humanitario, el valor humanitario, el valor dignidad, está por encima del hecho que se ha sancionado.

- Los abogados de las victimas dicen que el indulto interfiere, por ejemplo, cuando se habla de juzgar y sancionar a los responsables.
No, no. Imposible. ¿Se investigaron o no se investigaron los hechos?¿Se sancionaron o no se sancionaron los delitos? Sí se hizo eso. Una vez que se sancionó, empezó a correr el camino de la pena. A la mitad, fue cortada porque se dice que esta persona no puede seguir acá por riesgo a que se muera. ¿Cuál es el valor que está por encima de eso? La dignidad.  Entonces, lo que tendrá que sopesar la Corte es el derecho de dignidad del ex presidente o el derecho de las víctimas de verlo morir en prisión. Porque eso es lo que quieren los familiares de las víctimas. Esa es la pretensión que tienen. Porque ya obtuvo una sanción penal. Lo que quieren es verlo morir humillado.