“El partido vencido en Perú se porta como gobierno venezolano”

La abogada colombiana Catalina Botero, ex relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advierte que en los últimos ocho meses en el Congreso peruano se han presentado una serie de proyecto de ley “que pueden minar” la libertad de prensa en el Perú, si llegan a ser aprobados.

Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, opina que el comportamiento adoptado por la bancada de Fuerza Popular es muy similar al de los gobiernos de Venezuela y Ecuador, donde existen mecanismos que fomentan la censura.

—  En términos generales, ¿cómo está  América Latina en cuanto a libertad de expresión y libertad de prensa?
Hay algunos países que tienen garantías constitucionales, además, de una clara voluntad política de defender la libertad de expresión, pero hay otros donde eso no sucede. Los grandes desafíos son, por un lado, la violencia contra los periodistas. En países como México, por ejemplo, asesinan a los periodistas que son críticos e independientes y que hacen denuncias, sobre todo en territorios alejados del centro. En Veracruz se hacen denuncias sobre corrupción, narcotráfico y coaptación de autoridades. Es la situación más grave a nivel global en términos de amenazas y asesinatos contra periodistas. Lo segundo tiene relación con los regímenes que han utilizado su poder para reformar el marco institucional y las leyes para generar miedo, autocensura y control del poder político sobre los medios de comunicación y los casos más extremos son Venezuela y Ecuador.

— ¿Y cómo ve el panorama en el Perú?
Durante el siglo XXI en el Perú hubo un aumento progresivo de las garantías en materia de libertad de expresión, no solo desde el punto de vista normativo, sino el Poder Judicial ha asumido un papel importante frente a la libertad de expresión. Salvo algunas excepciones, el Poder Judicial ha sido garante de la libertad de expresión, e incluso los propios medios se han autorregulado: crearon el Consejo de la Prensa Peruana y un tribunal de ética. Ha habido avances importantes. Sin embargo, hemos visto que a partir de octubre del año pasado se han presentado por lo menos ocho proyectos que podrían debilitar de manera muy grave la libertad de expresión. Si esos proyectos llegan a ser aprobados (en el Congreso), se estaría debilitando todo el marco normativo y democrático para que las personas puedan expresar libremente su opinión a través de los medios. Se estarían creando, por un lado, mecanismos que van a fomentar la censura.

— La bancada de Fuerza Popular ha presentado un proyecto de ley que establece que los sentenciados por delitos de corrupción no pueden asumir cargos directivos en los medios de comunicación. ¿Vulnera esta iniciativa la libertad de expresión y de prensa? ¿Por qué?
Ese proyecto dice basarse en una ley chilena y en una ley colombiana. Trae como ejemplo una sentencia de la Corte Constitucional colombiana en 1996 que al parecer avaló una restricción semejante. Sin embargo, 20 años después, la misma corte declaró que esa restricción era contraria a la constitución política, que lo que sí podía pasar es que cuando las personas son condenadas tienen algunas inhabilidades para contratar con el Estado, pero no se puede establecer una restricción que no tiene límite en el tiempo. Es decir, una pena no perecedera de no poder participar en los medios de comunicación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dice que ese tipo de penas accesorias violan la Convención Americana. No queda claro por qué una persona que ha sido condenada y que paga su pena no tiene el derecho de reinsertarse, porque una sociedad democrática es una sociedad que da segundas oportunidades. Ahora, resulta que el Estado le está prohibiendo tener un blog, porque hoy un blog es un medio de comunicación.

— ¿De aprobarse esta norma, qué tipo de peligros implica?
Implica una restricción ilegitima para las personas que tienen derecho a resocializarse después de que han pagado su pena. No le podemos excluir de su ciudadanía, una persona que comete un delito, que es condenada y paga su pena no podemos considerarla un paria el resto de la vida, esa persona tiene derecho a participar de los debates públicos y de la comunidad política y el proyecto (de Letona y Aramayo) le prohibiría a esa persona incluso tener un blog de cocina. No es razonable porque no es proporcionada.

— El gobierno de Alberto Fujimori compró la línea editorial de los medios y financió a los ‘diarios chicha’. ¿Cree que Fuerza Popular es el grupo idóneo para legislar sobre los medios de comunicación?
No conozco la situación interna del Perú y prefiero no referirme al pasado, sino al presente. Lo que sí es muy extraño y sorprende mucho es que una bancada que resultó vencida en las elecciones presidenciales, pero que tiene una presencia importante en el Congreso haya propuesto un número tan elevado de proyecto que generan restricciones absolutamente desproporcionadas al derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa. A mí me resulta extraño ver que en ocho meses se han presentado ocho proyectos que podrían minar desde distintos puntos de vista la autonomía e independencia de la libertad de expresión de los medios en el Perú.

— ¿Cree que existe un ánimo de revancha en Fuerza Popular contra algunos medios que ellos consideran fueron opositores a Keiko Fujimori durante la última campaña?
Prefiero hablar sobre la evidencia que tengo y no hacer conjeturas más allá de esta. La evidencia es que esa bancada que resultó vencida está teniendo un comportamiento similar al que han tenido gobiernos como el venezolano y el ecuatoriano. Espero que esta bancada rectifique y que el Congreso peruano tenga en cuenta experiencias comparadas para no adoptar un marco jurídico que podría herir de muerte la libertad de expresión. No sé cuáles son los motivos, incluso podrían tener motivos loables, pero al estudiar los proyectos, está claro que el resulto es un resultado antidemocrático.

— La congresista Úrsula Letona, una de las autoras del proyecto de ley de control de medios, dijo que le hubiese gustado que el debate de su iniciativa se dé en el Congreso y no por medio de editoriales. ¿Se puede legislar sobre la prensa sin escuchar a los medios?
No, yo creo que las editoriales son la posición de los medios, pero además las distintas editoriales recogen la opinión de la ciudadanía. Hay una razón institucional por la cual el Congreso tiene que discutir (proyectos de ley) en procesos lentos, públicos, que tiene que tener quórum y tiempos y esta es que la opinión pública pueda participar de esa deliberación. Si las decisiones se pudieran tomar solamente en el Congreso sería un trámite express, privado y secreto, pero no es así y no es así porque el diseño institucional fomenta que afuera podamos ver lo que están discutiendo e incidir en esa deliberación, eso es importantísimo en una sociedad democrática.

— En los últimos años en América Latina, algunos presidentes como el venezolano Nicolás Maduro o el ecuatoriano Rafael Correa han tenido programas de televisión. ¿Cómo analiza la incursión de jefes de Estado en los medios?
Son dos cosas distintas, no atenta contra ninguna norma internacional ni contra las constituciones políticas democráticas que el Estado tenga canales institucionales para comunicarse con la población, eso es normal, es bueno y es sano. Lo que no es normal, lo que atenta contra la democracia es que se utilicen esos canales para desprestigiar a las personas que se oponen a ellos o que los critiquen, que los estigmaticen, que fomenten la violencia de los grupos sociales contra esas personas y que utilicen todo su poder para que los otros medios de comunicación no puedan tener el mismo vigor.

— ¿Los presidente usan estos programa más que para informar, para hacer propaganda?
No hay menor duda, estaba incluso expresamente así en el programa de gobierno del (fallecido) presidente Hugo Chávez y así estaba en el programa que Nicolás Maduro presenta para la elección presidencial. Ellos lo denominan la hegemonía comunicacional. Los regímenes autoritarios y los presidentes autoritarios tienen la teoría de que ellos tienen la única verdad y que tienen que silenciar a todos lo que opinan de manera contraria para mantener una hegemonía comunicacional.

— Precisamente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski acaba de estrenar su programa de televisión "Conversando con el Presidente”. ¿Cuáles son los límites de acción que tiene de PPK para no llegar al nivel de Maduro o Correa?
Pues no convertir la información en propaganda, el hecho de que tengan una vocería y puedan tener un canal a través del cual ellos se comunican con el público no es necesariamente antidemocrático, lo que es antidemocrático es que ahoguen a los otros medios o que utilicen ese canal para desprestigiar a sus contendores.

— ¿Cómo puede el Perú crear un entorno más seguro para la libertad de expresión?
Lo primero es discutir estos temas, que la gente entienda el valor de la libertad de expresión en una sociedad democrática, libre y abierta, eso me parece fundamental. Lo segundo es que no se adopten normas que limiten el funcionamiento de los medios independientes, sino que los fortalezcan, que permitan que esos medios realmente puedan actuar de manera independiente sin miedo, porque la censura no solo se refiere a la prohibición de publicar, la censura también se produce cuando la gente tiene miedo porque las consecuencias de publicar pueden ser graves. Entonces, hay que evitar que el marco jurídico fomente la censura y, por el contrario, promover que haya un marco jurídico que permita una mayor y una mejor deliberación, es decir, más libertad de expresión.

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