Oposición apoya la muerte civil para funcionarios corruptos

Un video en la cuenta de Facebook del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) oblig a la ministra de Justicia, Marisol Prez Tello, a acelerar el paso. El lunes por la noche, el jefe del Estado anunci en la red social cinco acciones que su gobierno tomar de inmediato para enfrentar la corrupcin y evitar nuevos escndalos como el del mdico Carlos Moreno. Una de ellas ser la muerte civil para los sentenciados por delitos de corrupcin.

Tras su exposicin del viernes ltimo en el Foro Per OCDE 2016, Prez Tello haba dicho a El Comercio que antes de emitir un decreto legislativo sobre la muerte civil, ella prefera tomarse ms tiempo para establecer claramente las lneas de base de la norma; es decir, los detalles que evitarn que esta tenga vacos que impidan su aplicacin.

Pero tras el anuncio de PPK la ministra deber ir ms rpido. Hemos trabajado todo el fin de semana, desde el viernes, y hoy [ayer] vamos a darle la ltima revisin. El proyecto estar maana [hoy] en la reunin del Consejo de Ministros de todas formas. Yo hubiera querido tomar un plazo, pero de todos modos lo podemos trabajar tal como est, dijo la ministra a este Diario ayer al medioda.

La muerte civil, tambin conocida como inhabilitacin perpetua, establece que todo aquel sentenciado por delitos de corrupcin no vuelva a ejercer funciones en el sector pblico nunca ms. Esta no se aplica para cargos de eleccin popular.

El constitucionalista Vctor Garca Toma cree que la norma no debe ser rgida y que necesita ciertas limitaciones. La medida debe cumplir tres principios: ser racional, razonable y proporcional; o sea, que su fin tenga correspondencia con el sacrificio que se har para aplicarla, explic el ex integrante del Tribunal Constitucional.

Para ello adelant Prez Tello, el proyecto precisar que la muerte civil ser aplicable solo en casos en los que haya agravantes, bajo circunstancias especiales.

El secretario general de la asociacin civil Transparencia, Gerardo Tvara, opin que la inhabilitacin perpetua es una decisin correcta del Gobierno.

El sentenciado por corrupcin puede buscar empleo en el sector privado. No lo ests condenado a no hacer nada ms por el resto de su vida. El Estado tiene el derecho de protegerse y no se afectan los derechos humanos, destac en dilogo con este Diario.

Las sanciones de este tipo no son nuevas en la legislacin peruana. Por ejemplo, ningn abogado que haya sido condenado en el pasado puede aspirar a ser juez. Del mismo modo, un sentenciado por terrorismo est inhabilitado para ejercer la docencia nuevamente.

La propuesta del Ejecutivo ha recibido el respaldo de todas las bancadas de oposicin: Fuerza Popular, el Frente Amplio, el Apra, Accin Popular y Alianza para el Progreso.

No veo ninguna objecin, pero este es solo un paso de 20 que deben dar. Esperemos que haya ms [medidas contra la corrupcin], indic Luis Galarreta, vocero del fujimorismo.

Asimismo, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Richard Acua, dijo que su partido respaldar cualquier accin del Ejecutivo para enfrentar la corrupcin. Los corruptos no pueden estar en la gestin pblica. Cuando estos proyectos lleguen, seremos los primeros en apoyarlos, afirm.

En Accin Popular hay una postura similar. El portavoz Yonhy Lescano sostuvo que ningn delincuente puede volver al Estado a trabajar. Aadi que debe eliminarse la presencia de asesores presidenciales ad honrem para evitar casos como el de Moreno.

En tanto, la vocera del Frente Amplio, Marisa Glave, escribi en Twitter que su agrupacin apoyar la muerte civil. La nica manera d impedir q malos funcionarios se reciclen es aprobando la muerte civil. No era necesario esperar escndalos para promoverlo, remarc.

Finalmente, el vocero aprista Javier Velsquez Quesqun expres: Vamos a apoyar. El Estado tiene derecho a protegerse.

Proyecto paralelo Prez Tello inform que en los prximos das presentar al Parlamento un proyecto de ley con el fin de que los delitos de corrupcin sean imprescriptibles.

Esta iniciativa no puede emitirse mediante decreto, pues requiere de una modificacin constitucional previa a su aprobacin.

La sensacin respecto a esta medida es positiva en el Congreso. Galarreta se mostr a favor de una iniciativa de ese tipo.

Para aprobar una modificacin de la Carta Magna se requieren 87 votos en dos legislaturas. Una vez ms la postura de Fuerza Popular mayora con 72 de los 130 aos es clave.

MS EN POLTICA