Contrapeso de poderes, la columna de Erick Sablich

Los últimos días han mostrado sobrias pero no por ello menos sugerentes discrepancias por parte de las máximas autoridades del Tribunal Constitucional (TC), Poder Judicial (PJ) y la Defensoría del Pueblo a determinadas posturas del Poder Ejecutivo. Algo natural en cualquier Estado de derecho con poderes autónomos pero cuya proximidad y asertividad llaman la atención.

El gesto más notorio provino del TC el pasado viernes, cuando Ernesto Blume anunció que el órgano que preside había acordado por inusitada unanimidad apartarse del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (CRSJ). Los argumentos esgrimidos por el TC son atendibles (resguardar su autonomía en caso tenga que resolver sobre modificaciones al sistema de justicia), pero no deja de ser curioso que el ente no haya observado este punto cuando se aprobó la ley de creación del CRSJ o cuando el presidente Vizcarra anunció que lo presidiría con su anuencia a fines de mayo.

Sobre esto último, el presidente del PJ, José Luis Lecaros, súbitamente ha lamentado que la titularidad del CRSJ haya recaído en el mandatario, instando a un cambio de “voluntad” para que él o la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pasen a encabezarlo.

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, si bien más conciliador con la posición del Ejecutivo en torno a la decisión del TC, ha respondido luego de algunas semanas a las críticas del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, por la fracasada elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. “Me sorprende que el propio ministro de Justicia critique una iniciativa que nace en el Poder Ejecutivo, luego llega al Congreso, donde nosotros advertimos todos estos problemas”, aseveró. Y sobre la postura del Ejecutivo de dar como denegada la cuestión de confianza si el Congreso “desnaturalizara” las propuestas de reforma de justicia, fue categórico al descartar la legalidad de dicha posibilidad.

Más allá del tono ponderado de las críticas aquí comentadas, lo cierto es que durante la gestión del presidente Vizcarra, los cuestionamientos públicos por parte de autoridades distintas a la desacreditada mayoría parlamentaria y sus aliados han sido más bien escasos.

La naturaleza de las instituciones involucradas en estas discrepancias podrían sugerir problemas en la relación del Minjus con los órganos del sistema de justicia (la respuesta al TC por parte del sector ha sido cuando menos inadecuada, por cierto), pero también sintomáticas del desgaste del Ejecutivo ante la clase política en general. En la misma línea se puede apreciar a los gremios empresariales reclamando de manera más enfática el liderazgo del gobierno para afrontar el enfriamiento de la economía.

A dos semanas de su segundo mensaje presidencial por Fiestas Patrias, la paciencia con la gestión de Martín Vizcarra y su estrategia de confrontación (justificable cuando había que enfrentar la exasperante prepotencia de Fuerza Popular) parece agotarse y, en contrapartida, crece la percepción de una presidencia preocupada en sostener su popularidad a toda costa (cuestión de confianza, tufillo xenofóbico con la inmigración venezolana). Ojalá este no sea el caso y veamos menos ‘encuestitis’ y más decisiones sensatas como la de Tía María.