Fiscal Abia: hubo irregularidades en Gasoducto Sur para favorecer a Odebrecht

El fiscal Anticorrupción Reynaldo Abia, solicitó 7 años cárcel contra el expresidente de Proinversión Edgar Ramírez Cadenillas y 6 años 6 meses para la exapoderada de Kuntur Transportadora de Gas y exrepresentante de Odebrecht, Claudia Hokama, al acusarlos por el presunto delito de colusión agravada por las irregularidades en el Proyecto “Mejoras en la Seguridad Energética del País y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.

Alternativamente, para Ramírez Cadenillas por el presunto delito de negociación incompatible, 4 años 4 meses.

En audiencia pública, Abia Arrieta, sostuvo que, conforme el resultado de las investigaciones se imputa a Ramirez Cadenillas, en su condición de presidente del Comité de Proinversión, “haber faltado al principio de neutralidad al haberse concertado con Claudia Hokama, agente autorizado del Consorcio Gasoducto Sur Peruano para adjudicarle de la buena pro del proyecto (a dicho consorcio)”.

Además, se interesó, de manera directa, en el proyecto descalificando al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur para favorecer al consorcio Gasoducto Sur Peruano.

“Esto tuvo un resultado y hecho final en el que se habría materializado esta concertación previa en un acuerdo colusorio sobre la descalificación del consorcio que compitió con el consorcio gasoducto Sur Peruano existiendo un perjuicio de $136 millones de dólares”, aseveró el fiscal Abia.

En la diligencia, que se celebra desde horas de la mañana, el fiscal Abia aseguró que en estos actos irregulares también tuvo participación la abogada Claudia Hokama, representante legal de Odebrecht. Esto, debido a que en el 2011, la constructora brasileña obtuvo un alto porcentaje de las acciones de la empresa Kuntur y ella es nombrada asesora legal del consorcio y posteriormente -en julio del 2012- asume la gerencia legal de Kuntur Transportadora de Gas.

Dichas irregularidades, indicó, “no viene desde el gobierno del señor Ollanta Humala Tasso, este interés viene desde el año 2007 -2008 del gobierno del señor Alan García Pérez. Desde esa época Ramirez Cadenillas y Hokama Kuwae estaban viendo el interés de estas empresas privadas”.

De todo el relato, la fiscalía planteó como una causa probable que “no solo han pasado situaciones irregulares; sino incluso situaciones que habrían calado a una comisión de presuntos ilícitos toda vez que nosotros como hecho inicial o base, planteamos como una concertación previa (puesto) que el grupo económico Odebrecht había reconocido haber entregado sumas de dinero a funcionarios peruanos”.

¿Para qué entregaba dinero esta empresa? -se preguntó el fiscal- ¿Por simpatía por interés económico, por apoyo a unas personas? “Reconoce haber entregado a Nadie Heredia y Ollanta Humala fuertes sumas de dinero”, dijo.

El fiscal sostuvo además que, de las investigaciones y procesos del proyecto, se han encontrado vinculación profesional, empresarial y amical entre Ramírez Cadenillas y Hokama Kuwae, pues “han coincidido antes y durante este concurso para el otorgamiento de la buena pro”. Por tanto, afirmó, “existió una concertación previa”.

“La fiscalía le dice que habría existido un acuerdo y de carácter subrepticio pues ambas personas tenían trato directo e indirecto (…) Nos habíamos preguntado ¿Cuál era el interés? ¿la mejora del país? Nosotros indicamos que no, que era un interés para el grupo económico Odebrecht”, postuló ante el juez.

El magistrado Manuel Chuyo Zavaleta, quien realiza el control de acusación contra Ramírez Cadenillas y Hokama Kuwae, suspendió la audiencia por breves minutos.

Previamente, Chuyo había ratificado la participación de la procuraduría ad hoc para el Caso lava Jato en este proceso judicial.