Gestión de Villanueva en San Martín aprobó pago de S/44,9 mlls. en exceso a 3 consorcios

La empresa brasileña Odebrecht no ha sido la única constructora implicada en el Caso Lava Jato que ganó una licitación para construir carreteras durante la gestión del congresista y ex primer ministro César Villanueva como presidente regional de San Martín (ocupó el cargo en dos períodos, entre el 2007 y 2010 y entre el 2011 y el 2014).

Otras tres empresas que el equipo especial de la fiscalía investiga por el caso del ‘club de la construcción’ obtuvieron millonarias adjudicaciones, todas con un aumento promedio del 7% del valor referencial, equivalente a S/44’980.883. Las constructoras son Hidalgo e Hidalgo S.A., Construcción y Administración S.A. (CASA) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA). En total, contando la carretera San José de Sisa, adjudicada a Odebrecht, se han desembolsado S/54’480.883.

El Comercio revisó todos los procesos de licitación de carreteras que se dieron durante la administración de Villanueva en la región San Martín. Tres de ellos, los que ganaron Hidalgo e Hidalgo, CASA e ICCGSA, fueron adjudicados desde el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), perteneciente al gobierno regional, entre el 2010 y el 2013.

El PEHCBM es una unidad ejecutora encargada de construir y ejecutar estos proyectos. Esta institución fue la que en el 2008 también adjudicó la carretera Cuñumbuque–Zapatero–San José de Sisa a Odebrecht por S/109 millones, 9,5% más del valor referencial (que es lo que el Estado considera que cuesta un proyecto específico).

En el último interrogatorio en Brasil, el exjefe de la constructora brasileña en el Perú Jorge Barata declaró ante miembros del equipo especial Lava Jato que Odebrecht pagó US$60.000 a César Villanueva por la buena pro de ese proyecto. La fiscalía anticorrupción de Tarapoto investigó las presuntas irregularidades en el proceso de licitación.

—¿La regla del 7?—
Odebrecht ha reconocido que pagó sobornos por la rehabilitación y mejoramiento de la carretera San José de Sisa. Pero otro tramo de carretera cercano, ubicado en las provincias de El Dorado y Bellavista, fue adjudicado en el 2012 a otras constructoras implicadas en el caso del ‘club de la construcción’.

El Consorcio Bellavista, conformado por Hidalgo e Hidalgo S.A. y CASA, ganó la buena pro de la rehabilitación y mejoramiento del tramo San José de Sisa–Agua Blanca–San Pablo con un valor adjudicado de S/165’025.825. Exactamente, 7% más del valor referencial, que era de S/154’824.338.

El presidente del comité de licitación del PEHCBM era Juan Carlos Silva Dávila, quien fue jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de dicha institución cuando se adjudicó el tramo de la carretera de San José de Sisa a Odebrecht.

El 14 de enero del 2013, meses después de esta adjudicación, el entonces presidente regional César Villanueva firmó una ordenanza regional que aprobaba la actualización del “Plan vial departamental participativo 2012-2021 de la región San Martín”. En el documento, al que accedió este Diario, se señalaba que la finalidad era “contribuir al proceso de descentralización, [...] para asegurar el desarrollo y mantenimiento de la red vial”.

En este plan estaba incluido el tramo San José de Sisa–Agua Blanca–San Pablo. También la red vial regional Alto Huallaga Bajo Mayo y Bajo Huallaga y la red vial regional del Huallaga Central. Estas dos redes viales terminaron siendo millonarios contratos adjudicados a CASA, Hidalgo e Hidalgo e ICCGSA.

Para la primera red vial, que constaba de 181,38 kilómetros e incluía siete rutas, el PEHCBM convocó a licitación el 11 de noviembre del 2013. Si bien fue 12 días después de que Villanueva dejara el cargo para ser primer ministro del gobierno de Ollanta Humala, el presupuesto ya estaba programado desde inicios de año.

El 14 de febrero del 2014, el Consorcio Conservador, conformado por Hidalgo e Hidalgo, CASA y Promoción y Gestión, ganó la buena pro: fue adjudicado a S/312’108.023. El valor referencial era de S/291’878.413. Es decir, el PEHCBM desembolsó un precio 7% más alto.

En la segunda red vial, un corredor logístico de 103 kilómetros, la historia es similar. Fue convocado el 12 de noviembre del 2013, un día después que la anterior red vial. La buena pro la obtuvo el Consorcio Vial San Martín, conformado por Corporación Mayo S.A.C. e ICCGSA. La adjudicación fue por S/236’548.960, cerca de S/15 millones más que el valor referencial (exactamente 6,55% más).

¿Cuáles eran las propuestas económicas de los postores que perdieron en los tres procesos? En el tramo de la carretera San José de Sisa–Agua Blanca–San Pablo hubo un único postor; en los otros dos analizados tuvieron un competidor. En ambos casos propusieron precios un 9% mayor que los valores referenciales.

En mayo pasado, este Diario analizó las 18 obras en las que la fiscalía considera “altamente probable” que hubo pago de sobornos por parte del ‘club de la construcción’. El análisis indicó que las firmas postularon con un promedio del 107% del valor referencial de la obra, como las tres de San Martín. Generalmente, oscilaban entre el 7% y 9% del precio fijado por la entidad.

El abogado Alberto Retamozo, experto en contrataciones del Estado, señaló que “hay patrones que generan duda y sospecha”. Precisó que si se acredita que existe una coordinación entre los funcionarios y las empresas, existiría el delito de colusión. Añadió que el solo hecho de que se haya acordado el valor a un 107% no es ilegal, pero se trataría de una sanción administrativa al concertar los precios.

—Los descargos—
El pasado jueves, este Diario se comunicó con Villanueva. A través de una llamada a su escaño en el último pleno, dijo que desconocía los detalles de las tres millonarias licitaciones. “Si existe alguna irregularidad, que se investigue. No tengo más información sobre esos procesos”, afirmó.

El exfuncionario del PEHCBM Juan Carlos Silva Dávila no respondió nuestras llamadas ni mensajes.

El Comercio trató de comunicarse con todas las empresas mencionadas en este informe a través de correos electrónicos y por vía telefónica. Desde Promoción y Gestión, una de las compañías que fue en consorcio con Hidalgo e Hidalgo y CASA, respondieron que “no hubo irregularidades” en la licitación que ganaron y que están dispuestos a acudir a una eventual citación fiscal por el caso.

Por su parte, ICCGSA respondió a este Diario que la oferta presentada por la licitación –con la que ganó– fue considerando “la dificultad de trabajar en la zona de selva”, el sistema de contratación y la modalidad. “El consorcio detectó deficiencias en el perfil [de la convocatoria] y presentó su oferta 6,5% por encima del valor referencial”, sostuvieron. Agregaron que la fiscalía a cargo del caso del ‘club de la construcción’ no está investigando este proyecto.