(Foto: Congreso)
(Foto: Congreso)
Luis Paredes

La congresista (Fuerza Popular) presentó el miércoles un nuevo proyecto de ley para que la Comisión Especial encargada de la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sea la encargada de revisar la de proceso y arresto. 

El proyecto de ley N° 4463 se da en medio del debate de seis proyectos planteados por el Ejecutivo en torno a la cuestión de confianza aprobada. Justamente, el Ejecutivo plantea que la Corte Suprema retire la inmunidad a los congresistas.



En la propuesta, Beteta propone modificar el artículo 93 de la Constitución, referido a la inmunidad de los congresistas, estableciendo que: "No pueden ser procesados ni detenidos sin previa autorización de la Comisión Especial encargada de la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia".

Parte del proyecto de ley impulsado por Beteta
Parte del proyecto de ley impulsado por Beteta

La Constitución especifica sobre este punto que los parlamentarios "no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones". Es decir, ahora el Parlamento es el único organismo que puede decidir si se le levanta el fuero o no a un legislador.

La Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia está conformada actualmente por el defensor del Pueblo, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, y un representante de las universidades públicas y una de las universidades privadas.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que es una propuesta más para el debate en torno a la inmunidad parlamentaria.

“Nosotros no estamos evaluando si es mejor o no [que el proyecto del Gobierno]. Es un proyecto de ley que consideramos conveniente que se debata junto a la propuesta del Ejecutivo, quien ha enviado una propuesta en el sentido de que sea la Corte Suprema de Justicia la que la vea, pero deja abierto también la posibilidad de otra entidad que no sea el Congreso”, dijo.

Agregó que su grupo está de acuerdo con que se aplique modificaciones a la figura de la inmunidad parlamentaria. “En el Congreso se debate, no se impone. Ese proyecto va a valer para el debate”, aseveró.

-Bancadas discrepan por proyecto- 

El vocero alterno del Frente Amplio, Hernando Cevallos, dijo  a El Comercio que el proyecto debe especificar en casos de cuáles delitos se aplicaría.

Agregó que su grupo respalda la idea  que el proceso de levantamiento de la inmunidad, cuando sean por hechos antes de ser congresista, se den en menos de 24 horas y, si es un delito en ejercicio de la función, deberá pasar primero por el Congreso y en un plazo de tiempo determinado al Poder Judicial. 

"Me parece que tampoco es el tema [central de debate la propuesta de Beteta], manifestó. 

El vocero alterno de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, dijo que el proyecto de la parlamentaria de Fuerza Popular no tiene " ni pies, ni cabeza”.

“El equilibrio de poderes se da entre poderes del Estado y creo que hay una falla en nuestra Constitución cuando el Poder judicial es un poder bastante disminuido con relación al Ejecutivo y Legislativo”, refirió. 

En esa misma línea se mostró el vocero alterno de Alianza por el Progreso, Eloy Narváez, quien expresó que no está de acuerdo con la propuesta.

“¿Vamos a darle otra vez una responsabilidad de esa naturaleza? No me parece. Creo que para todos los procesos anteriores no debe haber el tema de inmunidad, sino que solamente para los que fueran en el ejercicio de funciones”, manifestó. 

Por su parte, el vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, dijo que este proyecto debe ser debatido.

“No habría ningún problema de que se evalué ese proyecto, sería una instancia fuera del Congreso la que levante la inmunidad. Entonces, creo que amerita una evaluación", manifestó.

El abogado penalista, Luis Lamas Puccio, dijo a El Comercio que parece ser una propuesta intermedia entre lo que buscaba el Ejecutivo y lo que proponían algunos parlamentarios en el Congreso.

Agregó que si bien la iniciativa es interesante, sería mejor que sea el mismo Poder Judicial quien evalúe esta figura parlamentaria.

“Ellos son los que conocen el proceso. Es decir, tiene a la vista el juicio y ellos son los mejores para poder decidir si el proceso penal cumple con las exigencias de la ley”, sentenció.