Jueza Elizabeth Arias dijo en el 2017 que caso de Fujimori no era crimen organizado

Elizabeth Arias Quispe (39), designada en reemplazo del juez Richard Concepción para llevar el control judicial de la investigación a Keiko Fujimori, lleva cinco años como jueza titular en el Poder Judicial.

En el 2017, el ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura le otorgó una plaza como jueza especializada en Lima. En su concurso obtuvo un puntaje de 28/40 en formación académica y 42/60 en experiencia profesional.

Antes, se desempeñó como juez penal en la Corte Superior de Cajamarca. 

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Actualmente, se desempeña como titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Fuentes del PJ informaron a El Comercio que desde el 17 de enero tiene el expediente de Fujimori.

Esta no es la primera vez que la jueza Elizabeth Arias ve el proceso vinculado a la ex candidata presidencial.

En noviembre del 2017, acogió un pedido de los abogados de Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella para que se concluya la investigación del Caso Cocteles.

Esa vez concluyó que el caso no constituía una investigación que podía ser adecuada a la Ley contra el Crimen Organizado. Por tanto, le dio 10 días al fiscal José Domingo Pérez para que decidiera si archivaba el caso o formalizaba investigación preparatoria. Una sala superior anuló dicha decisión. Incluso la Corte Suprema se pronunció. Sostuvo que el caso era tan complejo que la adecuación a la Ley contra el Crimen Organizado era una medida idónea.

—Puede ser recusada—
El ex fiscal Víctor Cubas sostuvo que Arias podría ser recusada por la fiscalía, teniendo como precedente que ya adelantó que el caso no calificaba como criminalidad organizada. “Ella ya ha tenido un planteamiento equivocado en torno al caso, con lo que se pone en evidencia su falta de idoneidad para conocer un proceso complejo como el que es este de lavado de activos”, anotó.

En diciembre del 2018, Elizabeth Arias, además, rechazó el pedido de la fiscal Geovana Mori para dictar prisión preventiva para Félix Moreno, investigado por presuntamente recibir una coima de Odebrecht.

En aquella oportunidad, Alias Quispe sostuvo que la fiscalía sí había presentado elementos de convicción nuevos que demostrarían la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y lavado de activos, pero no de peligro procesal.

Es decir, la magistrada consideró que no se cumplían los presupuestos establecidos en la norma para acoger el pedido de prisión preventiva.

A su juicio, Moreno Caballero no habría presentado indicios de peligro de fuga ni de obstaculización de la justicia.

Hoy, Moreno Caballero está no habido luego que el 17 de enero el juez del Callao Gino Delzo Livias, dictó 5 años de prisión efectiva en su contra por el Caso Fundo Oquendo.