Personal ajeno a Corte de Justicia del Callao tuvo acceso a los expedientes

Boletas de movilidad sin sustento, documentos inubicables, presunta contratación irregular de personal, servidores externos que tenían acceso a los expedientes judiciales y presuntas adjudicaciones directas direccionadas, son algunos de los hallazgos preliminares de la Comisión de Evaluación de la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia del Callao (CSJC), presidida por el juez supremo, Héctor Lama More.

La comisión detectó contrataciones presuntamente irregulares de empleados de confianza y de personal civil. Estos últimos ejecutaron labores permanentes en la corte del Callao, un hecho irregular según la comisión.

“Han hecho labores propias de los auxiliares jurisdiccionales tales como foliar expedientes, armar cuadernos de apelación, adherir cédulas de notificación a los expedientes. Esa labor es propia de los auxiliares jurisdiccionales, no le corresponde a personal ajeno. Incluso esta labor no está debidamente sustentada, porque dice que hay 600 expedientes para foliar, 750 cédulas de notificación para adherir, formación de tantos cuadernos de apelación pero no se sabe qué expedientes son y lo más extraño es que ese concepto se repite mes a mes y el monto mensual que se paga es igual. Tampoco se sabe si realmente cumplieron con ese trabajo porque no hay forma como corroborarlo”, declaró Lama en diálogo con El Comercio.

Las contrataciones de bienes y servicios efectuados por la CSJC también han sido revisadas y según la comisión, no se habría cumplido con la normativa de contrataciones del Estado. Se habrían encontrado varias órdenes por un mismo o similar servicio y se habría detectado que cuatro proveedores fueron contratados en reiteradas oportunidades. Según las conclusiones a las que llegó la comisión, “esto supondría que se habría estado fraccionando tales contrataciones para no llevar a cabo una licitación pública, lo que denota un indebido manejo de los recursos públicos otorgados a la Corte Superior de Justicia del Callao”.

“Se trata de un proyecto referido a la ambientación, adecuación, adquisición de bienes para la implementación del nuevo código procesal penal. Este proyecto debería de tener un costo que está alrededor de los S/600 mil. Con este monto, lo primero que tiene que pensarse es que debe haber una licitación, pero no se produjo, lo que ha habido son contrataciones que no exceden de 8 UITs”, sostuvo el juez Lama.

—Documentos desaparecidos—
Asimismo, el informe determinó que no existen registros de visitas al despacho de la Presidencia durante la gestión de Walter Ríos, solo se halló un cuaderno sin foliación con anotaciones varias. “No tenemos forma de saber quién lo visitó. Se ha sacado fotocopia de este cuaderno y hay números telefónicos, nombres anotados de manera inconexa que ya deberían ser objeto de investigación por la OCMA”, señaló Lama.

Otro de los hallazgos se refiere al del uso de la caja chica de la Presidencia del Poder Judicial del Callao. La comisión de evaluación tomó una muestra de 35 recibos por movilidad local y encontró que no contienen detalle de los destinos ni los motivos de traslado. Los montos, que alcanzarían hasta los S/150 por día, “no se ajustan al tarifario, lo cual contraviene lo dispuesto en la directiva de caja chica”, señala el informe de la comisión de evaluación.

En los archivos del Poder Judicial del Callao tampoco se encontró el convenio que firmó esa judicatura con Telesup, la universidad de José Luna Gálvez. Como se recuerda, el 5 de febrero pasado, el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, pidió a Walter Ríos, la firma de un convenio con Telesup, institución educativa donde su esposa es decana de la facultad de derecho.

“Según se nos ha informado, ese convenio versaba sobre prácticas pre profesionales, esa es una irregularidad porque esas prácticas pre profesionales no están permitidas en el Poder Judicial. Si se ha firmado un convenio bajo este concepto, entonces es un convenio sin un objetivo práctico”, afirmó el Presidente de la comisión de la gestión administrativa de la Corte Superior del Callao.

Entretanto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial acordó requerir a la Sala Plena de la Corte Superior del Callao que evalúe la gestión del Órgano de Control del Callao.