El diario español El Mundo ha desvelado el burofax (fechado en febrero del 2019) que José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Español de Arbitraje (CTA), envió a Josep Maria Bartomeu, entonces presidente del Barcelona.
En el documento, Negreira amenzaba con hacer públicas irregularidades del club, luego de que Barcelona decidiera ya no continuar con los pagos a DASNIL 95 SL, empresa del exárbitro, por “asesoramiento técnico”.
“Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los juzgados, lo que seguro acarreará consecuencias negativas. Hasta ahora no he iniciado esas actuaciones para, justamente, evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento en relación con mi pretensión”, inicia el fax.
Además, Negreira no solo apuntaba a las consecuencias que su palabra podría infringir al club, también mencionó que no creía que “otro escándalo favoreciera al club”. Y hay más, por si no quedaban claras las intenciones del exárbitro, aseguró que podría dar “publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con el club”.
Sin embargo, al finalizar, intentó ser conciliador con Bartomeu y, de esta manera, llegar a un acuerdo tras una reunión confidencial entre ambos.
“No quiero dejar pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo justo para ambas partes (...) Le pido que mantengamos un encuentro privado entre nosotros dos, absolutamente confidencial, para poder resolver este asunto de forma definitiva por y para el bien de todos”, finaliza Negreira.
Caso Negreira
Escándalo en España. La Fiscalía de la Ciudad Condal investiga a una empresa de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desde 1994 hasta 2018, por el pago de 1.392.680,02 millones de euros que recibió por parte del FC Barcelona.
De acuerdo al programa ‘Qué t’hi jugues’ de SER Catalunya, el conjunto azulgrana desembolsó dicha cantidad entre el 2016 y 2018 a DASNIL 95, empresa propiedad del excolegiado. El desglose es el siguiente: 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 en 2017 y 318.200 en 2018.
Dicha investigación se inicia por una inspección fiscal a la citada empresa por la tributación de esos 1.4 millones de euros.
El concepto de dichos pagos era el de “asesoramiento técnico”, puesto que según el informe de la Agencia Tributaria, “el FCB (sic) quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, ‘que todo fuera neutral’”.
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