La Comisión Antiviolencia decidió este miércoles declarar de alto riesgo el clásico que protagonizarán Barcelona y Real Madrid, programado en un inicio para el 26 de octubre. Ante esto, LaLiga ha pedido a la Federación Española de Fútbol (RFEF) que se juegue en el Santiago Bernabéu en lugar de en el Camp Nou.
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El ministerio del Interior anunció la declaración de alto riesgo del choque y LaLiga confirmó a EFE que hoy ha cursado al Comité de Competición de la RFEF el cambio de escenario del encuentro, por “caso de fuerza mayor”, en base al Reglamento General de este organismo.
El artículo 188 de esta normativa sobre “Alteración de las competiciones y de los periodos de inscripción” indica que “en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, la RFEF podrá suspender total o parcialmente las competiciones, así como prorrogar o reducir los períodos de inscripciones, en coordinación, en su caso, con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, cuando así resulte legalmente oportuno.
También el artículo 240 establece que la RFEF “tiene la facultad de suspender cualquier encuentro cuando prevea la imposibilidad de celebrarlo por causas excepcionales”.
LaLiga, que fijó el pasado 25 de septiembre el horario de las 13.00 para el encuentro, remitió este miércoles su petición al Comité de Competición, que puede estudiarla hoy mismo ante los actos de protesta que se suceden desde hace tres días en las calles de varias ciudades de Cataluña después de conocerse la sentencia del “procés”.
Anoche el Gobierno en funciones se comprometió en un comunicado garantizar la seguridad en Cataluña ante un movimiento “coordinado por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña”.
¿Por qué las protestas en Barcelona? En un fallo histórico el lunes, el Tribunal Supremo absolvió a los políticos y activistas catalanes del crimen de rebelión por impulsar un referendo vedado el 1 de octubre de 2017 y declarar la independencia sobre la base de sus resultados. Pero los halló culpables de sedición y los condenó a penas de entre nueve y trece años de cárcel. Además, condenó a cuatro de ellos por malversación de fondos públicos y multó a tres por desacato.
El tribunal también los inhabilitó para la función pública, lo que afecta en forma directa las elecciones del 10 de noviembre próximo en las que seis de ellos se presentaban como candidatos al Congreso federal.
El veredicto probablemente será un tema central en la campaña y en los próximos años, ya que dio lugar a opiniones muy divergentes en Madrid y Cataluña horas después de emitido.
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Fuente: EFE
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