Denuncias con registro pendiente: más de 400 docentes sancionados por abuso no fueron destituidos | INFORME

En el 2018, se denunció en el portal SíSeve -la aplicación del Ministerio de Educación en la que cualquier persona puede registrar un caso de violencia escolar- la violación sexual de una menor por parte de su profesor, en una institución educativa de la provincia de Huánuco.

LEE TAMBIÉN: Un promedio preocupante: cada año 1.100 menores de 15 años se convierten en madres en el Perú

La Unidad de Gestión Escolar (UGEL) de la provincia subió el expediente del caso a SIMEX, el sistema de monitoreo de expedientes, que permite ver los casos ingresados a Comisiones de Procesos Administrativos del Minedu. Aquel año, esta oficina subió cuatro expedientes relacionados con violencia sexual de alumnos. En tres de ellos se encontró culpable al agresor y se le sancionó. Sin embargo, solo en un caso este castigo implicó la destitución del docente acusado.

Este no es el único caso en el que un profesor hallado culpable por violencia sexual no fue sacado del aula.Un análisis realizado por ECData a las denuncias, sanciones y destituciones de los casos subidos a SIMEX muestra que 466 docentes que fueron sancionados por violencia sexual no fueron destituidos.

“En estas situaciones, lo apropiado es la destitución, tal como lo establece el artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial. Por tanto, estas estadísticas nos indican que la ley no está siendo aplicada”, sostiene Brenda Álvarez, abogada de Proyecta Igualdad.

Al respecto, el Minedu sostuvo que “las Comisiones de Procedimiento Administrativo Docente (PAD) son autónomas en el ejercicio de sus funciones (...)”. Asimismo, señaló que “luego de realizar una investigación e implementar un PAD se le recomienda la destitución, pero es el director de la Dirección Regional (DRE) o de la UGEL quién determina (el retiro del docente)”.

Además, 154 profesores que sí fueron destituidos ya no tienen la sanción activa, de modo que pueden seguir enseñando. Al respecto, el Minedu mencionó que “se han registrado casos en que el docente destituido ha impugnado su sanción ante el Tribunal de Servir, que declaró fundada su apelación o nula su sanción”. Asimismo, hay casos de docentes destituidos, que son reincorporados por un mandato judicial.

En septiembre del 2017, un profesor abusó de su alumna en el distrito de Rupa Rupa (Huánuco). La UGEL Leoncio Prado debió haber subido el expediente a SIMEX, pero no lo hizo. Según información a la que accedió ECData, aquel año ningún expediente de aquella UGEL fue elevado a la plataforma de monitoreo.

ECData también revisó las denuncias de SíSeve y los casos reportados en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) de Servir. El análisis muestra que desde el 2013 se han denunciado a 6.870 profesores por violencia sexual, pero el 46% no fue registrado en SIMEX, a pesar de que, según la norma Resolución Ministerial 308-2014 del Minedu, se deben subir las denuncias contra personal educativo, así como sus procedimientos administrativos disciplinarios.

En lo que va del 2023, se han denunciado a 720 profesores en SíSeve. La DRE y la UGEL solo subieron 224 expedientes en SIMEX.

“Esta situación es gravísima. Si un docente que es denunciado en SíSeve no tiene un expediente en SIMEX, no puede ser suspendido. Si es enviado a trabajar en otra escuela, en una UGEL o en una DRE es porque no se le ingresó al SIMEX. Si se omite su ingreso y pasan dos años, caducará el caso y esta es la forma más efectiva de encubrimiento y de evitar que se cumplan las sanciones”, advierte el abogado de ARIFE Víctor Sausa, especializado en temas de violencia escolar.

Sausa sostiene que “la separación de un agresor sexual es un derecho de la víctima. El Estado debe asegurar la no revictimización y corresponde al Minedu informar al Ministerio Público para que este actúe en consecuencia. Actualmente el SíSeve solo envía correos o mensajes al director del centro educativo y al especialista de la UGEL. Nadie más se entera del caso, ni los representantes de Padres de Familia, ni la DEMUNA, ni otros”, explica el abogado.

“La responsabilidad de la prescripción recae por completo en el Ministerio de Educación y SERVIR, instancias encargadas de investigar los casos, y es crucial identificar a los individuos responsables. Lo que estamos advirtiendo es un círculo vicioso de impunidad en el que cada eslabón que hace parte de la ruta de atención, investigación y sanción de los casos coadyuva para que las escuelas sigan siendo espacios inseguros para las niñas, niños y adolescentes. El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de asegurar que las instituciones educativas registren los casos de violencia sexual en el SIMEX”, señala Álvarez.

La experta asegura que “así como en el ámbito penal, los actos de violencia sexual atribuidos a un docente contra niñas,niños y adolescentes no deberían estar sujetos a plazos prenoscriptorios en lo administrativo por lo que corresponde la modificación de la Ley de Procedimientos Administrativos, Ley Nº 27444″.

Sobre estos casos, el Minedu señaló a este Diario que “viene realizando coordinaciones con cada región para sincerar la data y registrar los casos. Se han suscrito compromisos para lograr dicho objetivo (...). A la fecha, 6 regiones han firmado el acta de compromisos de actualizar la información hasta septiembre”, señalaron.

Asimismo, indicaron que “la ministra de Educación ha presentado proyectos normativos a fin de incorporar en la Ley de Reforma Magisterial la figura de la imprenoscriptibilidad de la acción disciplinaria para los casos de hostigamiento o violación sexual y un Anteproyecto para publicar la lista del personal educativo con condena firme”.