Hay casi 900 denuncias de violencia sexual en colegios sin resolver desde 2016

Según la Resolución Ministerial 274-2020 del Ministerio de Educación (Minedu), que aprueba la actualización del protocolo para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, existen plazos para la atención, derivación, seguimiento y cierre de casos de violencia sexual contra menores en espacios educativos.

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La norma establece que se tienen 75 días como máximo para resolver una denuncia, cuando el supuesto agresor es un alumno y 90 días cuando se trata de algún miembro del personal de la institución educativa.

No obstante, un análisis de ECData a las denuncias realizadas en el portal SíSeve, aplicación del Minedu que permite que cualquier persona pueda registrar un caso de violencia escolar, revela que, a la fecha, hay 877 casos de violencia sexual que aún no se han concluido, pese a que las denuncias se realizaron entre 2016 y 2022. Existen tres casos del 2016 que no se han cerrado. Es decir, llevan siete años sin resolverse.

El 33% de los casos denunciados en el 2022 todavía continúa abierto. De ellos, 55 ni siquiera han sido atendidos. Entre ellos se encuentra la denuncia por tocamientos indebidos de una menor, del nivel inicial, reportado en noviembre del año pasado en la Unidad de Gestión Educativa (Ugel) Huaylas, en Áncash.

Solo en el 2022, se registraron 19 denuncias por tocamientos indebidos a menores que cursaban el nivel inicial: cuna (2) y jardín (17).

En el 45% de los casos, la agresión se dio una vez. En 31% de ellos, ocurrió de dos a tres veces; 6%, de cuatro a cinco veces; y 11%, de 6 veces a más.

Este Diario solicitó explicaciones al respecto al Minedu, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuestas a las consultas enviadas.

El abogado especializado en violencia escolar, Víctor Sousa, de la Alianza de Colectivos por la Equidad en Derechos Humanos (ARIFE), explica que no existe normativa, que valide las demoras o incumplimientos.

Sin embargo, no se han realizado auditorías ni reportes para hacer seguimiento a este problema. Según Sousa, en general, el ministerio no ha llevado a cabo ninguna revisión a los procesos de atención de los casos de violencia en las escuelas.

“En una consulta que hice al Minedu sobre la realización de alguna auditoría a los sustentos que los directores suben sobre las actividades, tareas y cierres de casos, el ministerio respondió que no había realizado ninguna”, sostiene.

Para Sousa, esta falta de atención permite que se incumpla con la normativa. En febrero, SíSeve pasó de clasificar los casos en cuatro estados a hacerlo en solo tres: “pendiente de atención”, “atención en proceso” y “atención finalizada”. Antes de dicha modificación se incluían los estados “caso cerrado por validar” y “caso cerrado finalizado”.

Tras el cambio, se pasó de tener 70% de casos sin resolver a solo 33%. Sin embargo, no es posible saber si el caso cerrado fue validado o aún falta completar ese paso.

“No existe norma legal, ni manual, ni directiva interna del SíSeve que justifique este cambio o modificación de los estados”, afirma Sousa.

El análisis también revela que en el 2022 solo el 8% del personal denunciado por violencia sexual recibió una sanción en última instancia, que implica la suspensión temporal o permanente.

En 8 regiones apenas se llegó al 4% de sanciones. Lambayeque, Pasco y Tumbes no tuvieron ningún denunciado sancionado en dicho año. En Piura, la segunda región con más denuncias después de Lima, apenas sancionó al 1% del personal denunciado.