Otra vez, como sucedió hace cinco años, se declararon desiertos varios de los concursos para ocupar el cargo de presidente de los organismos reguladores (OR). Esta vez en Ositrán (infraestructura de transporte), Osiptel (telecomunicaciones) y Osinergmin (energía, gas e hidrocarburos) no se nombraron presidentes a pesar de haber candidatos que pasaron la valla exigida por las normas. En el concurso público organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), solo se nombró al presidente de Sunass (agua potable y saneamiento). Asimismo, la PCM ha publicado hace pocos días la Resolución Ministerial N° 108-2017-PCM que conforma los nuevos comités de selección para el nuevo concurso, bajo las mismas reglas.Follow@EconomiaECpe
Esto preocupa, pues los OR son fundamentales para la atracción de la inversión privada en infraestructura. La labor del regulador es como la de un árbitro en un partido de fútbol donde juegan las empresas privadas concesionarias y los usuarios. El Estado, a través de los ministerios concedentes del servicio público, cumpliría el papel que hace la Federación de Fútbol; es decir, dicta las reglas a través del contrato de concesión. Por eso, si el árbitro favorece a uno de los equipos, no es un buen árbitro.
Debe ser neutral y cumplir estrictamente las reglas impuestas por el Estado. Debe conocer bien el reglamento. No debe favorecer al usuario, contra lo que muchos podrían pensar, sino asegurarse de que la empresa cumpla con el contrato (que se supone está bien hecho). En otras palabras, si las reglas son claras y los incentivos están correctamente alineados, los dos equipos deben “ganar” el partido. Así se tienen usuarios satisfechos con el servicio y empresas eficientes con utilidades razonables, lo que implica que se maximiza el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, el mencionado “árbitro” tiene que estar bien remunerado para que pueda trabajar sin presiones y dictar fallos justos. De lo contrario, corremos el riesgo de que se presenten al concurso candidatos de bajo perfil y sin el conocimiento requerido para tomar buenas decisiones. ¿Usted cree que alguien con una buena trayectoria profesional esté dispuesto a colaborar con el Estado durante los próximos cinco años (más un año de carencia) con un sueldo no competitivo en relación con sus supervisados? ¿Usted cree que un buen profesional debe estar sujeto al “manoseo” que significa pasar entrevistas y exámenes escritos para luego ser “tachado” por motivos no profesionales?
Debemos pensar en alguna otra forma para atraer buenos profesionales al sector público sin necesidad de exponerlos. Ya otros columnistas han propuesto, como se realiza en Chile, que el Banco Central de Reserva, organismo constitucionalmente autónomo, realice el concurso público y los nombre.
Esperamos que la PCM escoja “árbitros” de primera. Recordemos que las opiniones de los OR son cruciales en la elaboración y en las adendas de los contratos.
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