Castilla: “El Ejecutivo y el Congreso no se dan cuenta de lo que está en juego, piensan que seguiremos con una economía resiliente”

Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, señaló desde CADE Ejecutivos 2022 que la situación de ingobernabilidad que afronta el país viene afectando al Perú en los diversos índices, por lo que ha venido cayendo de posiciones.

CADE hace un llamado a la acción ante la actual crisis. También tenemos indicadores como pobreza e informalidad altos. ¿Cuál es el índice más crítico y el que deberíamos atender a la brevedad?

Lo más crítico es que el Estado está implosionando, la administración pública está en parálisis, ha habido un retroceso muy grande en tan solo pocos meses de gobierno y esto está pasando una gran factura en las decisiones de los consumidores de gastar, en los inversionistas de invertir, de las empresas, y esto ha provocado que el Gobierno comience a sincerar sus cifras de un menor crecimiento económico. De hecho, hace poco más de dos meses el Gobierno lanzó un plan de impulso económico al cual ha tenido que adicionarle nuevas medidas y echándole la culpa al Congreso, diciendo que no ha logrado efectividad, porque el Congreso no las aprueba, y pone más normas.

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El tema de un Estado que no está funcionando -que es uno de los pilares de este CADE- y el hecho de tener una situación muy compleja de falta de acuerdos mínimos entre los poderes del Estado, están deteriorando toda la institucionalidad y el ambiente de negocios para que el país pueda crecer y generar empleo. Esto se ve reflejado en las cifras de menor crecimiento, de estancamiento económico y de incremento en la pobreza probablemente a partir del año entrante.

Usted participará en un panel que aborda esos temas y además sobre cómo lograr un estado de bienestar en un Estado que está en peores situaciones. ¿Cuál es la receta para poder enfrentar este tema?

Creo que hay varios temas ahí, pero quizás lo más importante, cuando uno habla del Estado, es que el Estado son personas, servidores públicos que deben de cumplir un rol importante. El artículo 58 de la Constitución habla que el Estado es responsable de proveer servicios de educación, salud, seguridad, y ante la ineficacia de desempeñar este rol y la falta de transparencia es que vemos que los ciudadanos buscan alternativas que pueden ser más estatismo -una paradoja- y esto es porque no hemos tenido funcionarios que han estado a la altura de las exigencias. Han habido intentos de reforma en el pasado, la ley Servir se aprobó en el 2013, [pero] no se ha implementado hasta la fecha, y lo importante es recuperar por lo menos esa capacidad de un Estado que funcione de mínimos.

Eso se ha perdido en el país y yo creo que eso pasa por reinstalar la meritocracia, reclutar a la gente que se ha ido, volverla a traer al Estado, y crear los incentivos para toma de decisiones. Hoy día la mejor decisión es la no decisión. Hay muchos desincentivos para tomar decisiones. Esto responde a este copamiento político y al rol de los controles internos. Hay un control interno que a veces es muy necesario, pero que a veces tiende a penalizar la toma de decisiones. La discrecionalidad se castiga en este país y por ende la mejor acción es la inacción.

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Entonces, son ese tipo de temas que tienen que abordarse para tener un Estado que funcione y que cree las condiciones para que el sector privado pueda hacer lo suyo y los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad y en un país en paz.

Ha mencionado el plan Impulso Perú, que se han agregado nuevas medidas y el impacto no es el esperado. Desde su experiencia como ministro de Economía, ¿cuánto de espacio todavía hay para generar un impulso fiscal que genere crecimiento? ¿Hasta cuánto da este impulso y es efectivo?

El déficit fiscal en el país se ha reducido básicamente en los últimos dos años por dos motivos. Uno han sido precios muy altos del cobre, que ha abonado a tener ingresos extraordinariamente altos, y una baja ejecución de la inversión pública. Acá el peligro es que se torne por una solución facilista que es aumentar el gasto corriente a través de subsidios, de hecho, lo que todavía está pendiente es aprobación de subsidios al transporte público, a la electricidad.

Hay un poco de margen para gastar un poco más, pero eso no va a redundar en un crecimiento de la inversión privada que hoy día está parada ante el problema de la inacción estatal y ante medidas que son muy malas, medidas en lo laboral y de falta de consistencia dentro del gobierno. Acordémonos también que mucho del gasto fiscal lo realizan los gobiernos regionales y locales, y estamos a vísperas de que ingresen nuevas autoridades. Usualmente cada cuatro años tienen que enfrentar un desplome en el gasto público, porque no tienen la capacidad, hay altísima rotación de autoridades y porque usualmente tienden a fiscalizar lo que hizo la gestión anterior.

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No es la panacea inyectarle más recursos, eso puede que aumente temporalmente la actividad económica, pero no asegura que vuelvan a reavivarse los espíritus animales privados que están esperando una situación de mucha mayor tranquilidad y predictibilidad para poder operar. La potencialidad está ahí dada y depende del Estado crear las condiciones.

El Gobierno planteará una cuestión de confianza y el escenario que describe no parece ser el mejor o el más indicado. ¿Qué efectos adversos tendría sobre el escenario político de conflictividad y también sobre la actividad económica?

Estamos entrando en terrenos incluso más complicados. Pareciera que el Ejecutivo quiere quemar una de las balas que tiene, buscando una mayor confrontación entre poderes del Estado. Es preocupante también que el populismo parlamentario ahora reciba una luz verde, que el propio Tribunal Constitucional ahora ha abierto la compuerta de iniciativas de gasto parlamentario. Eso sería muy pernicioso para la estabilidad macroeconómica del país. Creo que tanto nuestros líderes en el Ejecutivo como en el Congreso no se dan cuenta de lo que está en juego, piensan que vamos a seguir con una economía resiliente, pero esto está resintiendo la estructura de las decisiones de las personas, de las familias que enfrentan inflación, que enfrentan altos niveles de endeudamiento, y las empresas, que básicamente están viendo cómo optimizan o cómo se van a otros lados donde hay mayor estabilidad.

Esta situación de ingobernabilidad crónica, que el Perú está creando hace varios años y se ha agudizado en los últimos tiempos, le está pasando una factura muy alta. Estamos cayendo en todos los índices de competitividad, en los índices de ser un país que ya no es el que crece más en la región y que cae en la medianía y que está retrocediendo, y los actores políticos no se dan cuenta lo que está en juego. Estamos poniendo tres décadas de prosperidad y de avance. Se están poniendo ahora en tela de juicio y podemos entrar francamente en proceso de retroceso si no internalizamos la urgencia, que efectivamente esta sesión del CADE Ejecutivos llama a la acción, una acción para tener un país en emergencia y creo que se está dando la situación de no internalizar todo lo que está en juego.

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El MEF acaba de actualizar su proyección, de 3,3% lo acercó más a 2,7%. ¿Cuánto perdemos en el retroceso de pobreza o en informalidad con un crecimiento que está entre el 2,7% y el 3%? ¿Qué tanto afecta al país?

Una cifra muy disiente es que cuando crecíamos a tasas en torno al 6% en promedio, éramos capaces de sacar a un millón de peruanos de la pobreza cada año, y ahora se ha detenido la reducción de la pobreza. Lo más triste de esta situación es que por cada punto de menor crecimiento económico estamos dejando a muchos peruanos condenados no solamente en la pobreza, sino en situación de vulnerabilidad muy grande.

Los hogares peruanos no tienen la capacidad adquisitiva para suplir la canasta básica de consumo y esto se está haciendo un fenómeno mucho más agudo en las zonas urbana del país. Lo que vamos a tener es que el Perú en lugar de seguir cerrando la brecha, vamos a comenzar a aumentarla con respecto a nuestros vecinos y la pobreza va a ir incrementándose.

Ese fenómeno de tener tantos años de reducción ininterrumpida de la pobreza podría ser una cosa del pasado y vamos a estancarnos a niveles de 25% y de vuelta llegar a 30% adicional y sin pandemia. Esto se atribuye principalmente a un mundo más desafiante y, a la poca actitud y desprendimiento de los políticos respecto de su rol en el manejo de la economía y de darle estabilidad al país.