La semana pasada el Ministerio de Salud (Minsa) anunció la posibilidad de implementar topes a los precios de los medicamentos y pruebas de descarte relacionadas al COVID-19. Al margen de la viabilidad técnica de imponer precios máximos, esta propuesta desvía la atención del verdadero problema: la insuficiente capacidad del sistema de salud público para ofrecer efectiva y oportunamente las medicinas que sus afiliados necesitan.
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Cuestión de precios
El reciente repunte de contagios de COVID-19 ha elevado también la demanda de medicamentos para el tratamiento y alivio de los síntomas provocados por esta enfermedad. Según información de Google Trends, la búsqueda por Internet de productos farmacéuticos como el paracetamol y la azitromicina ha registrado un significativo incremento en las últimas semanas. En este contexto, los canales de distribución –boticas y farmacias– han experimentado demoras para reponer el stock de estos productos, lo cual habría generado especulaciones en torno a una supuesta escasez y un aumento de los precios.
La información del Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos de la Dirección General de Medicamentos (Digemid) del Minsa muestra evidencia que resolvería dichas especulaciones. Al evaluar una canasta representativa de 22 medicamentos, el Instituto Peruano de Economía (IPE) identificó que los precios de estos productos a enero de 2022 se encuentran en niveles similares a los registrados en marzo de 2019, sin la necesidad de controles o topes como los que se han propuesto recientemente.
Esta figura se replica para casi todos los puntos de venta, con excepción de las clínicas. Por otro lado, en el caso específico del paracetamol, los resultados muestran que el precio medio de su versión de marca se redujo en 36% respecto al 2019, mientras que en su modalidad genérica mantuvo el mismo precio de hace 3 años.
Desabastecimiento público
Con el 56% de la población afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 33% al Seguro Social de Salud (EsSalud), el acceso a los medicamentos debería ser cubierto por el sistema de salud pública. Sin embargo, ante su deficiente gestión, las familias se ven regularmente en la necesidad de acudir a boticas, farmacias o clínicas para comprar los medicamentos que necesitan y el sector público no ofrece.
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De acuerdo con cifras de Digemid, uno de cada cinco establecimientos de salud administrados por el sector público registraba a diciembre de 2021 un desabastecimiento o substock de la canasta representativa de medicamentos construida por el IPE.
Sin embargo, este resultado oculta importantes diferencias tanto a nivel regional y según medicamento. Por ejemplo, a pesar de las recurrentes advertencias ante una potencial tercera ola de contagios de Covid-19, en regiones como Arequipa y Áncash cerca del 40% de establecimientos públicos – en promedio – exhibían una limitada disponibilidad de paracetamol.
La incapacidad del sector público para brindar los servicios de salud de manera efectiva y oportuna obliga a sus asegurados a adquirir medicamentos en el sector privado, enfrentándose a un rango de precios muy amplio. Esto impacta significativamente en el bolsillo de las personas, en especial de aquellos con menores ingresos. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el gasto en medicinas como porcentaje del salario del quintil más pobre de la población se incrementó de 14% en 2019 a 20% en 2020 debido a la emergencia sanitaria.
Alternativas
Para Flor de María Philipps, ex superintendenta de la Superintendencia Nacional de Salud, disponer el tope a los precios de los medicamentos desvía la atención del tema de fondo que es la inadecuada prestación y protección financiera de los asegurados, dejando en evidencia una cobertura del aseguramiento en salud de “papel”. Philipps propone recoger, potenciar y escalar la experiencia positiva de la alianza público-privado de Farmacia Vecina que permite a los asegurados de EsSalud de Lima Metropolitana y el Callao recoger sus medicinas en la botica o farmacia más cercana.
Asimismo, Midori De Habich, exministra de Salud, indica que urge fortalecer la compra corporativa de medicamentos en el sector público, modernizando los mecanismos de contratación. La exministra recomienda extender los modelos de contratación de largo plazo con operadores logísticos especializados, mediante Asociaciones Público-Privadas (APP). Ello permitiría una adecuada planificación, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos.
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