Vacíos regulatorios han convertido al sistema de cooperativas de ahorro y crédito (CAC) –no autorizadas a operar con recursos del público– en “tierra de nadie”.Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
No se sabe cuántas de ellas hay, pues para abrir una no se requiere de la autorización previa de ninguna autoridad administrativa. Al menos dos cooperativas fueron denunciadas por usar modelos piramidales para estafar a sus socios; 9 emitieron cartas fianzas en obras públicas por S/398 millones, sin estar autorizadas y, por su modo de operar, el Congreso presume que algunas de ellas podrían formar parte de una red criminal que busca estafar al Estado.
Además, con la ayuda de argucias legales, algunas CAC han pasado por alto tanto la supervisión de la Federación Nacional de Cooperativas (Fenacrep), a la que están sujetas, como la regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la autoridad máxima del sistema financiero.
Hoy, el gerente general de la Fenacrep, Manuel Rabines, y 7 de sus directivos han sido demandados por la CAC Fianzas y Garantías por haber solicitado a la SBS la disolución y liquidación de esta.
Dicha cooperativa es la que más cartas fianzas ha emitido para respaldar obras con el Estado sin la autorización de la SBS, al totalizar S/160,6 millones, entre el 2007 y el 2014. Lo más grave es que el valor de sus garantías asumidas, al año, eran equivalentes a 166 veces su capital social de S/120 mil, según la Sunarp y la Contraloría General de la República.
Fianzas y Garantías se valió de acciones de amparo y medidas cautelares para hacer que, algunas entidades del Estado, acepten sus garantías y para evitar ejecutarlas, el mismo modus operandi de la red del preso Rodolfo Orellana.
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¿JUSTICIA CIEGA?Según la Sunarp, la referida cooperativa ganó en el 2013 la demanda que interpuso contra el Gobierno Regional de Maynas ante el Juzgado Especializado en lo Civil de dicha jurisdicción para que aceptara sus cartas fianzas, pese a que la Ley 1017 de Contrataciones del Estado de ese entonces y la SBS lo prohibían.
Según el artículo 39 de dicha ley, las garantías aceptadas por las entidades públicas deben ser de empresas supervisadas por la SBS. Y si bien Fianzas y Garantías opera bajo normas dictadas por la SBS, no es supervisada por esta sino por la Fenacrep, dice Sergio Barboza, socio del estudio Pizarro, Botto & Escobar Abogados.
Día1 solicitó una entrevista con el gerente general de Fianzas y Garantías para obtener sus descargos y no obtuvimos respuesta.
Pero esta no es la única práctica de las CAC. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de Mercados de Ayacucho, con sede en dicha ciudad, también fue denunciada por la Fenacrep ante la SBS con el objeto de lograr su liquidación, por estafar a sus socios con prácticas piramidales. Además, hay denuncias a más CAC que operarían con estos mecanismos de estafa en Ayacucho, Abancay y el Cusco.
Incluso, en Quillabamba, Cusco, la nueva administración de la CAC Quillacoop, que asumió el año pasado, halló que en la administración anterior se había otorgado préstamos para capital de trabajo a sus socios a un plazo de 10 años (cuando lo usual es de hasta un año), además de otras irregularidades.
Para el experto en temas financieros, Rolando Castellares, estas malas prácticas se deben a vacíos legales en la regulación de las CAC, como el hecho de que la supervisión de estas sea indirecta por parte de la SBS y a través de la Fenacrep.
Pues, en la medida en que esta institución no es una autoridad estatal, no posee potestad sancionadora frente a ellas, y a su vez la SBS tampoco tiene facultades de supervisión, ni sanción directa sobre las CAC.
Según la Fenacrep, hace 13 años tiene un proyecto para resolver el problema de las cooperativas de ahorro y crédito y algo similar sucede con la SBS. Lo preocupante es que hasta el momento, ni estas entidades ni el Congreso han llegado a un consenso para resolver el problema considerando que están en juego más de S/7.000 millones de personas y empresas.
DATOS
► Unos 1.136 registros de cooperativas de ahorro hay en la Sunarp.