El pasado 12 de octubre una nueva movilización indígena perturbó las operaciones del Oleoducto Norperuano (ONP), esta vez, en la Estación 1 (San José de Saramuro), punto donde nace dicha obra de infraestructura.
Esta situación no solo ha detenido el bombeo de crudo con destino a Talara, sino también los despachos de Pluspetrol Norte (lote 8) hacia Iquitos, urbe que depende del petróleo para generar electricidad.
►SNMPE: Perú perderá producción de 7 mil barriles de petróleo al día por paralización de Lote 8
►Oleoducto Norperuano: Petro-Perú suspende operaciones en Estación 1 en Saramuro
De acuerdo a la petrolera argentina, se trata del ataque más significativo registrado en el lote, pues vino precedido del incendio del helipuerto de Saramuro y la captura y posterior liberación de 34 operarios.
Ello, cuando Petro-Perú se encuentra negociando la firma de un nuevo contrato social con las empresas petroleras y las comunidades para evitar el cierre del oleoducto, debido a los continuos bloqueos y actos vandálicos.
“Todos tenemos que entender que las cosas cuestan. Petro-Perú no puede seguir subsidiando las operaciones del oleoducto ni tampoco ser la piñata de algunos grupos de interés”, explica Carlos Paredes, presidente de la petrolera estatal, a Día1.
EL COSTO DEL OLEODUCTO
Los números son contundentes: la gestión del oleoducto reporta un promedio de US$20 millones anuales en pérdidas, debido al escaso volumen de crudo que transporta y a los elevados gastos en reparación de roturas (la mayoría por atentados): US$70 millones anuales.
“Al final, el déficit programado asciende a US$105 millones anuales para el quinquenio 2020-2024, siempre y cuando podamos transportar 15.000 barriles diarios de petróleo. Eso no es sostenible”, anota Paredes.
El quid del asunto está bastante claro para el funcionario.
“La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿queremos explotar el petróleo de la selva o no? Si la respuesta es no, entonces debemos cerrar el oleoducto, porque su mantenimiento cuesta muchísimo dinero a los peruanos”, explica.
Para resolver esta interrogante, Paredes propuso realizar –en el Día de la Energía 2019– una consulta popular no vinculante en Loreto, la cual se realizaría en enero del próximo año.
En paralelo, la petrolera estatal ha encargado un estudio a la Universidad del Pacífico que definirá todos los escenarios posibles para el oleoducto, incluyendo su cierre indefinido y las consecuencias socio-económicas de ello.
¿Qué sucedería si esto ocurriese?
PLANES DE CONTINGENCIA
“Algunas (petroleras) podrían sacar su producción por vía terrestre o por barcazas, y otras tendrían que cerrar. Se perderá empleos, regalías y canon, pero los peruanos tenemos que ser conscientes de las alternativas que estamos enfrentando”, comenta Paredes.
Las empresas no están de brazos cruzados. Frontera Energy, por ejemplo, tiene un plan de contingencia para transportar el petróleo del lote 192 por vía fluvial y terrestre hacia Talara, dado el caso que consiga permanecer en este campo petrolero más tiempo.
De Perenco, se sabe que viene haciendo gestiones para transportar la producción del lote 67 a través de Ecuador.
Y Geopark, socio de Petro-Perú en la explotación del lote 64, ha definido ya sus posibles alternativas.
“Nosotros apostamos a que Petro-Perú tendrá el oleoducto en óptimas condiciones cuando comencemos a operar. Pero si nuestros inversionistas piden otras alternativas, podemos ir en barcazas a Iquitos, Manaos (Brasil) o Ecuador”, señaló Bárbara Bruce, country manager de la petrolera en el Perú.
Contenido Sugerido
Contenido GEC