Las instituciones son una pieza relevante en el desarrollo y la competitividad de un país. El Perú, sin embargo, estaría atravesando por un proceso de crisis institucional, caracterizado por un bajo nivel de confianza por parte de la población en el sistema político. Este contexto se habría agravado por la crisis económica de la pandemia y los resultados obtenidos durante la primera vuelta electoral serían reflejo de ello.
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Gobernabilidad tras la pandemia
La crisis ocasionada por la pandemia y la confrontación política a lo largo del 2020 ha tenido repercusiones en el terreno institucional. Según data del INEI, por ejemplo, existe evidencia de que la confianza de los peruanos en la democracia se redujo durante el último año. En efecto, en el último trimestre del 2020, el 67% de hogares consideraba que la democracia funcionaba mal o muy mal, cifra cinco puntos porcentuales por encima del resultado obtenido en el mismo trimestre del año previo. Asimismo, durante dicho período, la aprobación de los peruanos con respecto al desempeño de la gestión de sus autoridades en los diferentes niveles de gobierno también se deterioró, especialmente en el caso de los gobiernos regionales y locales.
La menor confianza de la ciudadanía en sus instituciones habría ocurrido en un contexto de gran vulnerabilidad económica para muchos hogares peruanos. En el último trimestre del 2020, producto de la emergencia, el porcentaje de hogares que consideraban que vivían mal o muy mal con sus ingresos se había incrementado de 14% a 36% en comparación con el mismo trimestre del 2019. Asimismo, el porcentaje de hogares afectados por la pérdida de empleo de alguno de sus miembros era de 18% a fines del 2020, cuatro veces por encima del porcentaje alcanzado en el año previo.
En particular, el efecto negativo sobre los ingresos de los hogares durante el último año se dio principalmente en las zonas urbanas. Por ejemplo, el 38% de familias urbanas considera que su nivel de vida empeoró en los últimos 12 meses, en comparación con solo el 26% en el ámbito rural. De igual manera, el porcentaje de hogares que reportaron ingresos muy inestables se incrementó de 19% a 31% en el ámbito urbano entre el último trimestre del 2019 y el mismo trimestre del 2020. En el ámbito rural, en contraste, ese porcentaje se redujo durante el último año.
Las cifras revelan una relación entre la crisis económica y la crisis institucional: los hogares más afectados económicamente por la pandemia fueron los que más confianza perdieron en sus instituciones y el sistema político. Por ejemplo, el porcentaje de hogares que piensa que la democracia no funciona se incrementó en siete puntos porcentuales para aquellos que consideran que viven mal o muy mal, en comparación con solo un aumento de cuatro puntos para el resto de los hogares. Además, en el caso de los hogares afectados por la pérdida de empleo, el incremento en la desconfianza con la democracia fue de ocho puntos porcentuales.
Problema persistente
Si bien la menor confianza de los hogares en las instituciones y el sistema político podría haberse acentuado a raíz de la pandemia, este no sería un fenómeno reciente.
Según el Barómetro de las Américas, la satisfacción de los peruanos con la democracia, luego de haber alcanzado un pico en el 2012, ha ido descendiendo continuamente hasta llegar a mínimos históricos en el año previo a la pandemia. Cabe señalar que entre las 18 economías analizadas al 2019, el Perú era el segundo país en América Latina con menores niveles de satisfacción con el desempeño del régimen democrático.
Para Paola del Carpio Ponce, coordinadora de Investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), la insatisfacción y menor confianza de los peruanos en sus instituciones se habría manifestado en el resultado de la primera vuelta electoral, y respondería a la inadecuada provisión territorial de servicios públicos –especialmente en salud–, cuyo problema ya no estaría relacionado solo con su cobertura, sino también con su calidad.
La economista señaló también que la solución a esta problemática requiere de profundas reformas en el funcionamiento de la descentralización, el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos, y la optimización de los mecanismos de coordinación y comunicación no solo entre entidades públicas, sino también con la ciudadanía.
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