Los eventos en Perú en 2023 son consistentes con nuestra expectativa de un período prolongado de incertidumbre política que debilitará las perspectivas de crecimiento y puede poner a prueba la resiliencia fiscal, dijo Fitch Ratings. El punto de partida fiscal de este año es más fuerte de lo que anticipaban, pero la perturbación económica por la parálisis de las políticas y el descontento social se está volviendo más evidente, afirmaron.
Según Fitch Ratings, el que el Congreso no aprobara, a principios de febrero, el proyecto de ley de la presidenta Dina Boluarte para celebrar elecciones este año significa que aún no está claro cómo se resolverá la última crisis política de Perú. Afirmaron que el Congreso aún tiene que ratificar por completo una propuesta para adelantar las elecciones a abril de 2024, y la fecha aún está sujeta a debate político. La celebración de elecciones este año es una demanda clave de los partidarios del antecesor de Boluarte, Pedro Castillo, quien fue destituido de su cargo en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.
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“Los desafíos de gobernabilidad profundamente arraigados y el estancamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo estaban impidiendo las iniciativas políticas antes de la destitución de Castillo. Un deterioro en la estabilidad política y la efectividad del gobierno y los riesgos resultantes para la inversión y el crecimiento fueron factores clave de nuestra revisión de la Perspectiva de la calificación ‘BBB’ de Perú a Negativa desde Estable en octubre de 2022″, anotaron mediante un comunicado.
Agregaron que los recientes eventos son consistentes con su opinión de que este deterioro será difícil de revertir durante el período de pronóstico hasta fines de 2024 y es que, a su entender, la administración de Boluarte enfrenta el mismo desafío que la de Castillo en la conducción de la legislación a través de un Congreso fragmentado. Además, más del 70% de los peruanos quieren que renuncie, según una encuesta reciente. La oficina del fiscal general anunció una investigación sobre el manejo de las protestas que han interrumpido periódicamente la infraestructura de transporte y afectado la actividad económica.
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La deuda pública moderada es una fortaleza de calificación. El déficit fiscal de 2022 se redujo al 1,6 % del PIB, 0,9 pp menos que en 2021, según el Ministerio de Economía, principalmente debido a un aumento del 12,7 % en los ingresos corrientes del gobierno general como resultado del alto crecimiento nominal y los sólidos precios de las materias primas. Se canceló el gasto en salud relacionado con la pandemia, agregaron.
El déficit de 2022 fue inferior a la expectativa inicial del 2 % de Fitch, y es coherente con el hecho de que la deuda pública/PBI se mantuvo muy por debajo de la media de la categoría ‘BBB’ (2022: 55,8 %), aunque sigue siendo más alta que antes de la pandemia.
En opinión de Fitch, el reciente repunte del precio del cobre respaldaría el desempeño fiscal si se mantiene, y el ministro de Economía, Alex Contreras, ha dicho que se respetarán los objetivos fiscales existentes. Sin embargo, la crisis ha aumentado la incertidumbre fiscal. Puede obstaculizar la ejecución de capex, pero podría provocar un cambio hacia un gasto expansivo. Hasta ahora se han aprobado cerca de la mitad de las medidas de reactivación económica por un total de 1,2% del PBI (parte de la respuesta inicial del gobierno a las protestas).
Si el Congreso termina su legislatura sin ninguna reforma, se confirmará que se impone el adelanto
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